Sala de Prensa

29/12/2010

Todos necesitamos un abogado defensor

Columna de Alejandro Viada O., Jefe de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, publicada en el Diario El Labrador de Melipilla.

 “Tiene derecho a guardar silencio y contar con un abogado, si no cuenta con uno, el Estado se lo proporcionará…” Esta frase es bastante conocida y la hemos escuchado en las películas policiales, aunque por lo general no le prestamos mucha atención, menos si se trata del momento más importante de la película en que el policía por fin ha atrapado al malo y se apresta a dejarlo tras las rejas por un largo período.

Pero para quienes estamos vinculados al proceso penal, esa frase tiene una importancia tremenda, porque es nada menos, que la materialización de una garantía que todo individuo tiene de contar con la asistencia de un abogado desde el primer momento en que se le imputa la comisión de un delito.

Su importancia no radica solamente en demostrar que somos un Estado moderno y que contamos con los recursos económicos necesarios para implementar toda esa infraestructura, sino que es la demostración que formamos parte de un Estado de Derecho, el que reconoce que los individuos –todos, sin excepción- en cualquier momento podemos vernos enfrentados a un proceso penal, en el que debemos esperar mínimamente, que si se nos va a imponer una pena por haber cometido un delito, sea en virtud de un proceso racional y legalmente tramitado, en el que se exija que la prueba sea los suficientemente contundente como para condenar.

Esa es la labor de la Defensoría Penal Pública, cuya misión es prestar defensa a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado.

Lo importante es tener claro que la defensa penal pública es para todos, independientemente del rol que jueguen en nuestra sociedad la persona a quien se le defiende. Así, ha habido casos en que hemos defendido a alcaldes, diputados, integrantes de la farándula, destacados deportistas, miembros del clero, empresarios, incluso fiscales y jueces acusados de cometer algún delito.

Así también hemos asumido la defensa de funcionarios Gendarmería de Chile, por situaciones en que los propios denunciantes han sido nuestros representados en juicio, los propios imputados, quienes han dado cuenta a la justicia de eventuales abusos o agresiones sufridos de manos de los primeros. Y en esos casos, asumiendo la función que la propia ley y la constitución ha entregado a la Defensoría, hemos procurado los medios para garantizar una defensa óptima, de calidad, y en el marco de una relación de confianza que debe existir entre el cliente y su defensor, garantizando que el abogado representará los intereses del acusado y no se dejará influenciar por otras circunstancias que pudiesen afectar la calidad de la defensa.

La señal debe ser clara: toda persona que sea imputada o acusada de cometer un delito contará con una defensa de calidad. El derecho a defensa es una garantía para toda persona, incluso para quienes, en su labor diaria, se encargan de la custodia y vigilancia de nuestros propios representados cuando se les priva de la libertad. Es lo que corresponde en un Estado de Derecho como el nuestro, y el pilar fundamental para lograr esto es que los defensores gocen de la debida independencia para llevar adelante sus casos, siempre en el marco de los estándares de defensa que nos hemos impuesto como institución.

  • subir
  • imprimir
  • volver