Sala de Prensa

27/01/2011

Consejo de Licitaciones aprobó iniciar programas de defensa penitenciaria en Coquimbo y Biobío

La decisión de esta instancia permitirá iniciar los procesos administrativos para empezar a ofrecer este servicio, tras el exitoso proyecto piloto desarrollado por la DPP durante 2010 en la Cuarta Región.

Durante una nueva sesión ordinaria, efectuada el pasado viernes en el Salón de Consejo de la Defensoría Penal Pública, los miembros del Consejo de Licitaciones determinaron iniciar prontamente los primeros programas de defensa penal pública penitenciaria en las Regiones de Coquimbo y Biobío, respectivamente.

Lo anterior constituye el primer paso oficial para dar existencia permanente al exitoso proyecto piloto de defensa penitenciaria que el Departamento de Estudios de la DPP desarrolló el año pasado en la Cuarta Región, con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).

Al encuentro del consejo asistieron Paulina González, subsecretaria (S) de Justicia y presidenta de la instancia; la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal; Orlando Poblete, representante del Colegio de Abogados: Vivian Bullemore, representante del Consejo de Rectores; Luis Venegas, jefe de la Unidad de Gestión de Defensa Penal (UGDP); Claudia Castelletti, jefa (S) del Departamento de Estudios y Cristian Letelier, profesional de la UGDP.

PLAZOS Y CARACTERÍSTICAS Consultado sobre la importancia de este anuncio, Venegas explicó que tras esta decisión podrán ahora iniciarse los procesos administrativos que conducirán a la prestación de estos servicios de defensa penitenciaria en las regiones mencionadas, y que como siempre en estos casos se desarrollarán a través de la página oficial mercadopúblico.cl.

“Los nuevos defensores penitenciarios estarán asociados a diversos recintos penales, tanto de la Cuarta como de la Octava Regiones, asumiendo las tareas de defensa tanto en materias judiciales como administrativas, respecto de garantías y derechos que los condenados del nuevo sistema procesal penal tienen en el ordenamiento legal vigente”, señaló.

Claudia Castelletti explicó, además, que de acuerdo a los requisitos técnicos previstos por Estudios, para el caso de Coquimbo se contratarán dos abogados, dos asistentes sociales y un asistente administrativo para la prestación de estos servicios, mientras que para la provincia de Concepción el proyecto incorpora tres abogados, dos asistentes sociales y otro asistente administrativo.

“La Región Metropolitana también será parte de la ampliación del proyecto piloto, aunque los detalles de cobertura todavía están pendientes, a la espera del término del proceso de traslado de condenados tras el incendio de la Cárcel de San Miguel”, señaló.

Aparte del tema anterior, los integrantes del consejo revisaron también algunos recursos de apelación relacionados con los procesos de licitación de defensa penal que la DPP lleva a cabo en todo el país.

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