Sala de Prensa

28/01/2011

Recuperar nuestras calles

La siguiente columna de opinión, escrita por la Defensora Nacional, fue publicada ayer por el semanario The Clinic.

Parece un contrasentido que la dicotomía entre seguridad pública y ejercicio pleno de derechos se resuelva por la vía de establecer medidas que los limiten, como el derecho a la libre circulación.

El Tribunal Constitucional, en ejercicio del control preventivo de constitucionalidad que le corresponde, analizó el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana y resolvió declarar la inconstitucionalidad de las expresiones “y vías locales” contenidas en el mismo, así como lo que corresponde a las calles, salvo las que tengan una única vía de acceso y salida, estableciendo que deben ser en consecuencia eliminadas del texto de la ley.

Así, se señala en definitiva que no resulta constitucional entregar una atribución a los municipios que permita el cierre de calles por motivos de seguridad de los vecinos, salvo en calles sin salida.

Los ciudadanos tenemos derecho a exigir nuestra seguridad, pero tenemos también el deber de contribuir a ella y a su extensión y profundización. Entender la seguridad pública como el logro del cierre de espacios reservados, alejándonos del resto de la comunidad, aislándonos en guetos que nos den la sensación egoísta de tranquilidad, sin pensar en la comunidad que requiere del intercambio y el cuidado mutuo en el buen uso de los espacios públicos, sin limitar accesos, goce ni paso, es contrario a una concepción colectiva en la que todos contribuimos a la paz social. También lo hacemos desde la protección del disfrute común de los bienes que son justamente de uso público, como nuestras calles.

Cada verano asistimos a la polémica que se genera por el acceso y uso de las playas, porque tratándose de un bien nacional de uso público, nos corresponde a todos este derecho, el que no puede ser entrabado o conculcado por algunos para su disfrute particular. Ni una persona ni un complejo vacacional, por ejemplo, pueden impedirnos el acceso a nuestras playas. Y todos tenemos el derecho de exigir el acceso a ellas. Si esta lógica prima sin oposición ciudadana, más que de quienes usufructúan inadecuadamente de un goce particular del bien público, me pregunto por qué en algo mucho más obvio como el derecho a circular por nuestras calles puede plantearse una atribución municipal para limitarlo. La libertad debe primar por sobre la seguridad, sin arriesgarla, y para ello debe exigírsele a la autoridad encargada de aquella que nos dé resguardos que no nos obliguen a limitar nuestros derechos para su obtención.

No corresponde entregar nuestras calles, de todos y no sólo de los vecinos de un sector determinado, a pretexto de la seguridad ciudadana. Circular libremente por el país que nos alberga es un derecho de todos. Limitar aquello es un castigo universal a los ciudadanos por la eventual impericia de quienes deben entregarnos seguridad en nuestra convivencia y frente a la delincuencia. Incluso para los vecinos que sienten temor sin estos cierres inconstitucionales.

Recuperar los espacios públicos, reducir la sensación de inseguridad, desarrollando el uso de nuestra libertad, debe ser un empeño de toda la comunidad.

La seguridad debe construirse desde distintos ámbitos. Desde los municipios, que permitan la existencia de espacios públicos en los que convivir en paz. Desde la comunidad, aprovechando la convivencia sana y haciéndose dueño común de estos espacios. Desde las autoridades, alentando el ejercicio pleno de nuestros derechos sin permitir limitaciones que los estrechan.

Como tarea común, debemos recuperar nuestras calles sin permitir muros que nos dividan.

Por Paula Vial Reynal, Defensora Nacional.

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