Sala de Prensa

02/02/2011

Dos profesores inocentes

La siguiente columna de opinión, escrita por el abogado César Zamorano Quitral, defensor licitado de Rancagua, fue publicada la semana pasada por un medio local de esa zona.

Con fecha 15 de septiembre de 2009 y después de más de un año de investigación no judicializada, los profesores de Educación Física Nelson Francisco Peñailillo Arévalo y Víctor Fernando Cabrera Esparza fueron formalizados por 11 hechos constitutivos de fraude al Fisco.

Se les imputó que se adjudicaron proyectos y fondos de fomento del deporte que nunca se habrían ejecutado o que se habrían realizado de manera fraudulenta para apropiarse de dineros estatales.

A dicha audiencia concurrieron numerosos medios de comunicación, los cuales -no obstante la limitación impuesta por el juez de garantía- procedieron a comunicar la noticia, exhibiendo los rostros y datos de los imputados.

Este hecho trajo como consecuencia que los profesores fueran juzgados por la opinión pública que, como suele suceder, les condenó anticipadamente. Uno de ellos perdió su trabajo y se mantuvo desempleado mientras duró la investigación, a pesar de ser un profesional universitario bien calificado técnicamente.

Las razones nunca fueron dadas. Simplemente, sus rostros y nombres eran los de delincuentes.

Un año más tarde, el 22 de septiembre de 2010, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en la investigación en su contra, la que se encontraba concluida y cerrada después de haberse desarrollado múltiples diligencias  y pericias administrativas, contables y sociales en las que  se incorporaron múltiples documentos, notas de prensa, declaraciones, etc. Todas solicitadas por las tres partes: el Ministerio Público, la parte querellante y la defensa

Tal decisión, que implicaba el término de la causa, fue motivada en que habiéndose indagado los hechos acuciosamente y de manera objetiva y profesional por el fiscal de la causa y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, pudo concluirse que no era posible configurar la existencia de los delitos que se imputaron a estos profesores.

El Estado recurrió de la decisión, pero después de escuchar los alegatos de todos los abogados la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la resolución del juzgado de garantía. No había delitos.

La historia terminó bien, las instituciones funcionaron: la policía, la Fiscalía, la defensa penal pública ejecutaron de buena manera el deber que sus respectivas leyes les imponen. Los tribunales juzgaron conforme al mérito de la investigación. Los imputados quedaron libres de cargos y de medidas cautelares.

Pero, ¿quién le devuelve a esos profesionales el honor? ¿Quién compensará el año que una familia quedó sin el sueldo del dueño de casa simplemente porque operó la condena social?

Al final se hizo justicia con la causa, con los hechos, pero lamentablemente el dolor sufrido por esos profesores no ha sido reparado. Hasta hoy, transcurridos casi cuatro meses, no ha existido ninguna nota de prensa exhibiendo sus rostros y datos... La opinión pública aún los recuerda como delincuentes... y son inocentes.

Por César Zamorano Quitral, defensor público licitado Región de O’Higgins.

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