Sala de Prensa

02/02/2011

Corte de Apelaciones de Temuco revocó prisión preventiva a procesado por justicia militar

La Defensoría Penal Pública asumió la representación de varios casos traspasados desde la justicia militar a la civil.

En un fallo dividido, dos de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Temuco votaron por revocar la prisión preventiva que afectaba al imputado Rodrigo Tapia Hidalgo, sometido a esta medida cautelar por el delito de maltrato de obra a carabineros en ejercicio de sus funciones, un delito establecido en el artículo 416 bis n°2 del Código de Justicia Militar.

Ello, luego de que junto con otras causas, este caso fuera traspasado desde la justicia militar a la civil, tras modificaciones realizadas en la ley 20.447, lo que permitió el traspaso en aquellos casos en que intervengan civiles o adolescentes, de modo que sean los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal y las cortes de apelaciones las instancias que se encarguen de llevar adelante estos procesos judiciales.

Por lo mismo y desde principios de enero de este año, la Defensoría debió asumir la representación de varios imputados en estas causas, como ocurre en este caso originado en Temuco.

LA DEFENSA La solicitud de revocar la medida cautelar que afectaba a Tapia Hidalgo fue interpuesta por Rigoberto Ortiz, defensor local de Temuco, y alegada en la Corte por el defensor público Patricio Salinas (foto). En sus respectivos alegatos, ambos manifestaron la necesidad de revisar la medida de prisión preventiva, ya que pese a que el hecho que dio origen a la causa ocurrió en 2008, recién el 3 de diciembre pasado el imputado quedó privado de libertad.

Rodrigo Tapia Hidalgo fue detenido el 17 de agosto de 2008 en la comuna de Padre de Las Casas en Temuco, cuando se vio involucrado en una riña y fue detenido por carabineros, momento en el cual uno de los uniformados sufrió la fractura de uno de sus dedos.

Una vez revocada la prisión preventiva, la Corte sustituyó la medida cautelar impuesta al imputado, fijando firma mensual en la Fiscalía y arraigo regional y nacional en su contra. El  plazo judicial de investigación se fijó en cinco meses para que el Ministerio Público lleve a cabo la respectiva investigación de este caso.

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