Sala de Prensa

03/02/2011

Absuelven a ocho huilliches acusados de usurpar un fundo en San Juan de la Costa

Tribunal de Garantía de Osorno libró de cargos a integrantes de la comunidad indígena Los Canelos de Rucapihuel.

Ocho miembros de la comunidad indígena Los Canelos de Rucapihuel  fueron absueltos  del  delito de usurpación violenta del fundo Lompué, ubicado en San Juan de la Costa, luego de que los magistrados del Tribunal de Garantía de Osorno (foto principal) acogieran los descargos de los abogados Cristian Rozas y Germán Echeverría (foto interior) –ambos de la Defensoría Regional de Los Lagos-, quienes los representaron. Los profesionales  argumentaron durante el juicio que en situaciones análogas el Estado de Chile ha reconocido como territorio indígena la zona habitada por los comuneros huilliches, quienes demandan a través de la Conadi la reivindicación de las tierras que -según alegan- les pertenecen.   La audiencia de lectura de sentencia, en la que se dieron a conocer los argumentos que echaron por tierra la acusación del fiscal, Francisco Soto, y del abogado Fernando Palma, querellante en representación de los hermanos Marianne, Karin y Ernesto Zarges Kirch, se realizó a las 11.30 horas de esta mañana en el Tribunal de Garantía de Osorno.  En ella se dieron a conocer los motivos por los que se rechazó condenar a Rubén Placencia, Viviana Rantul, Jorge Rantul, José Luis Vidal, Eliana Sánchez, Daniela Vidal, José Humberto Vidal y Leonel Espina, en un hecho que según la Fiscalía se habría gestado en noviembre de 2009.

TÍTULOS ‘DE COMISARIO’ En su acusación, el órgano persecutor había imputado a los imputados el haber tomado violentamente parte del Fundo Lompué, supuestamente amenazando a uno de sus dueños, hecho que no fue acreditado.

El  Ministerio Público argumentó que los imputados construyeron casas y llevaron a cabo labores indígenas en un terreno inscrito a nombre de la familia Zarges pero, en su defensa, los imputados invocaron un mejor título -llamado ‘de Comisario’- sobre el referido predio, que como reconoce la Ley Indígena los habilita para demandar del Estado de Chile su reivindicación, incluso en contra de particulares que los hayan inscrito a su nombre en el respectivo registro conservatorio de bienes raíces.

A pesar de que este conflicto con la familia Zarges carece de relevancia criminal, uno de los miembros de esta familia denunció los hechos a la justicia penal y el fiscal jefe de Osorno, abogado Francisco Soto,  impulsó la persecución por usurpación de los miembros de esta comunidad indígena que ha sido reconocida por la Conadi.

FISCALÍA PIDIÓ MULTAS Una vez conocida la denuncia, la Fiscalía propuso resolver la causa a través de un juicio simplificado en el que solicitó se condene a los imputados a pagar una multa de 20 UTM por cada imputado, es decir cerca de 6 millones de pesos en total. 

Durante el proceso, que duró cuatro días y finalizó el pasado sábado 29 de enero, los abogados de la Defensoría Regional de Los Lagos argumentaron básicamente que no había existido violencia y que tampoco había usurpación del predio, ya que los imputados poseían un título de dominio anterior y habían iniciado el procedimiento de reivindicación de tierras ante la Conadi.

Consultado sobre el resultado del proceso, Germán Echeverría dijo que “si bien la causa no ha concluido y puede ser recurrida, confío en que al término del caso se reconocerá la inocencia de los miembros de esta comunidad y su derecho a seguir poseyendo estas tierras reconocidamente indígenas”.

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