Sala de Prensa

10/03/2011

Defensora Nacional: "La autonomía de la Defensoría no es una obsesión, sino una necesidad urgente"

Mediante un seminario que convocó a juristas expertos, ex autoridades de Justicia, junto a directivos y funcionarios institucionales, la Defensoría Penal Pública celebró diez años de existencia.

“La autonomía de la Defensoría no es una obsesión, sino una necesidad urgente, una deuda con el país y con la sociedad, que nos permitiría estar en el pie de igualdad que requerimos para ser actores equivalentes al Ministerio Público o al Poder Judicial”.

Con estas palabras, la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, resumió esta mañana la gran conclusión del seminario “Rol y Desafíos de la Defensoría Penal Pública a 10 años de su creación”, actividad con que la institución celebró su décimo aniversario como integrante esencial del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal vigente en Chile desde el inicio de la reforma procesal penal.

La convocatoria -que fue replicada en las distintas Defensorías Regionales con actividades similares- congregó a todos los Defensores Regionales y a gran parte de los directivos y funcionarios de la Defensoría Nacional en el auditorio del Centro de Justicia de Santiago.

En un primer bloque, el académico José Luis Guzmán Dálbora, el ex ministro de Justicia Luis Bates y el ex Defensor Nacional Rodrigo Quintana expusieron evaluación sobre el rol ejercido por la Defensoría en estos diez años, y más tarde, tanto la Defensora Nacional como el abogado penalista Gonzalo Medina Schulz revisaron los desafíos que enfrenta hoy la institución para proyectar su accionar en el futuro.

TEMA PERMANENTE Incluso sin mencionar materialmente el concepto, todos los participantes del foro reafirmaron la necesidad de sancionar formalmente la autonomía institucional. Guzmán Dálbora, por ejemplo, fundamentó la importancia que debe cumplir la DPP en la generación y debate público de la política criminal vigente en el país. “La Defensoría es y debe ser una de las fuentes información que orienten esa política, de modo que tiene y debe tener un rol central en su estructuración (…) La falta de autonomía funcional es una limitación real a su rol. Mientras esto no se encare, van a persistir tensiones, aunque creo que existen las bases normativas como para que la DPP pise fuerte”, aseguró.

Quintana, en tanto, profundizó en tres aspectos: la necesidad de reflexionar sobre la relevancia y utilidad de los sistemas internos de gestión de la DPP, la “confusión” actual que percibe en el debate actual sobre política criminal en Chile y los desafíos que tiene hoy el sistema penal vigente.

“Si alguien tiene que impedir la ocurrencia de errores o fallas del sistema, esa es la Defensoría. Ella debe tensionar permanentemente al sistema respecto de la calidad de la administración de justicia”, señaló.

En su ponencia, el ex ministro Bates mencionó dos desafíos vinculados a la DPP. Uno, aportar a una “reforma cultural pendiente” –que permita acercar a la mayor parte de los ciudadanos al sentido de fondo que tiene el “mundo de la cultura jurídica”. Y dos, conseguir su autonomía institucional: “Lo refrendo. Es un tema político en el que vale la pena trabajar, por el principio de igualdad de armas. La dependencia política puede llevar a conflictos en casos de connotación pública o política”, afirmó.

“MITOS FUNDACIONALES” En su presentación, Gonzalo Medina consideró que la existencia en Chile de un sistema “garantista” es “uno de los mitos fundacionales del sistema procesal, porque inmediatamente tras la instalación de la reforma como un mecanismo que aseguraba estándares mínimos de respeto a las garantías de las personas, comenzó el desmantelamiento de ese sistema y de algunas de sus garantías”.

Por lo mismo, consideró que la DPP debe reorientar su discurso público hacia enfatizar en el sistema el respeto a los derechos de las personas: “Todos estamos de acuerdo en que la Defensoría funciona bajo el pleno respeto del Ejecutivo, pero si no hay intervenciones es porque no se la percibe como una amenaza, como un contrapeso real en el sistema”, aseguró.

Al cerrar el seminario, Paula Vial profundizó en todos estos conceptos y los aplicó a hechos tan reales y concretos como la reciente catástrofe de la cárcel de San Miguel: “Tenemos que estar en un pie en que con o sin llamadas, con o sin presiones, podamos decir que no tenemos limitaciones para ejercer nuestro rol. Cuando aparece el problema de las cárceles o cuando ocurre el incendio  de San Miguel, nuestro rol es señalar que esto no puede ocurrir. Defendemos personas en situación de indignidad y tenemos que velar por el respeto a sus derechos. Y la única forma de lograrlo es visibilizando esas complejidades de nuestra realidad”, dijo.

Agregó que el mismo deber institucional existe para el debate de proyectos legislativos en el ámbito criminal, para el seguimiento de causas en diversos organismos internacionales o cuando los defendidos por la DPP son víctimas de abusos del sistema. “¿Cómo es posible que se establezcan o propongan medidas relativas a la situación de los condenados y que la Defensoría no tenga nada que decir? Eso no es razonable, porque nuestro rol es enfrentar y ser contradictores del Ministerio Público, así que es imprescindible que la Defensoría pueda tener independencia para entregar cifras, argumentos, opiniones, y que eso no sea algo a debatir o que esté en cuestión”, finalizó.

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