Sala de Prensa

07/04/2011

Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó absolución de huilliches acusados de usurpar fundo

El Tribunal de Alzada de Valdivia rechazó recursos interpuestos por la Fiscalía y la parte querellante contra miembros de la comunidad Los Canelos de Rucapihuel.

Absueltos definitivamente de los cargos de usurpación violenta de tierras resultaron los ocho miembros de la comunidad indígena Los Canelos de Rucapihuel, luego de que por votación de mayoría, la Corte de Apelaciones de Valdivia (foto principal) rechazara los respectivos recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y por el abogado querellante de la familia latifundista Zarges Kirch.

El abogado Germán Echeverría (foto interior), de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos, explicó que la Fiscalía y la parte querellante “buscaban invalidar el juicio y la sentencia absolutoria del pasado 3 de febrero, la cual reconoció que el Estado de Chile, a través de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, ha reconocido los derechos ancestrales de los pueblos originarios sobre sus tierras, lo que explica que en este caso los imputados no hayan cometido el delito de usurpación violenta que se les imputaba”.

DERECHOS ANTERIORES Echeverría -quien representó a los comuneros junto al defensor penal público Cristian Rozas- agregó que el fiscal Francisco Soto no pudo probar que  los imputados hayan ejercicio violencia al ocupar los terrenos. Por el contrario, durante el juicio la defensa comprobó que ellos habían iniciado la reivindicación de sus derechos a través de los procedimientos legales.

El órgano persecutor había acusado a los imputados  Rubén Placencia, Viviana Rantul, Jorge Rantul, José Luis Vidal, Eliana Sánchez, Daniela Vidal, José Humberto Vidal y Leonel Espina (todos de la comunidad indígena Los Canelos de Rucapihuel) de tomarse violentamente parte del Fundo Lompué, supuestamente amenazando a uno de sus dueños. El hecho, sin embargo, no fue acreditado.

El  Ministerio Público argumentó que los imputados construyeron casas y llevaron a cabo labores indígenas en un terreno inscrito a nombre de la familia Zarges, pero en su defensa los imputados invocaron un “Título de Comisario” sobre el predio, el cual -según reconoce la ley indígena- los habilita para demandar del Estado de Chile su reivindicación, incluso en contra de particulares que los hayan inscrito a su nombre en el respectivo Conservador de Bienes Raíces.

¿CONFLICTO CRIMINAL? A pesar de que este conflicto con la familia Zarges –según la defensa- carece de relevancia criminal, uno de los miembros de esta familia denunció los hechos a la justicia penal y el fiscal jefe de Osorno, abogado Francisco Soto,  impulsó la persecución por usurpación de los miembros de esta comunidad indígena que ha sido reconocida por la Conadi.

Una vez conocida la denuncia, la Fiscalía propuso resolver la causa a través de un juicio simplificado en el que solicitó se condene a los imputados a pagar una multa de 20 UTM por cada imputado o sea cerca de 6 millones de pesos en total. 

Durante el proceso, que duró cuatro días y finalizó a fines del mes pasado, los abogados de la Defensoría Penal Pública argumentaron básicamente que no había existido violencia y que tampoco había usurpación del predio, ya que los imputados poseían un título de dominio anterior y habían iniciado el procedimiento correcto de reivindicación de tierras ante la Conadi.

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