Sala de Prensa

14/03/2011

Crisis penitenciaria y reformas propuestas

Columna de opinión del defensor local jefe de Melipilla Eduardo Libretti, publicada en el Diario El Labrador de Melipilla, el pasado 13 de marzo de 2011.

Durante estos últimos días, hemos sido testigos del debate existente en la agenda pública y ciudadana respecto de la crisis penitencia en nuestro país, debido al lamentable fallecimiento de 81 internos en la cárcel de San Miguel. Junto con aquello, se ha informado a través de los medios de prensa, acerca de la futura formalización de funcionarios de Gendarmería, por su eventual responsabilidad en estos hechos y además, hemos tomado conocimiento de las palabras emitidas por el Poder Ejecutivo, en orden a promulgar a la brevedad, una serie de normas tendientes a descongestionar el colapsado régimen carcelario Chileno, en especial, con la creación de indultos y otras formas alternativas al cumplimiento de sanciones menores. En lo personal, me gustaría brevemente dar a conocer algunas impresiones que inviten a reflexionar sobre este último punto de la polémica instaurada en la actualidad.Si bien es cierto, que el proyecto dado a conocer recientemente me parece una importante iniciativa legislativa, la cual podría en buena parte mitigar la situación existente, considero para que sea efectiva y sostenidamente en el tiempo y cumpla con los fines propuestos - descongestione el alto número de internos en pro de una verdadera reinserción social- necesariamente debe estar acompañada de una profunda reforma al Código Penal y otras leyes especiales, tendientes principalmente a eliminar las penas privativas de libertad respecto de delitos de bagatela, es decir, aquellos de menor relevancia para nuestra sociedad, como los hurtos al interior de los supermercados o las infracciones a la ley de propiedad intelectual. Son estas infracciones las que concentran una importante cantidad de recursos del Estado, a través de las Policías, Gendarmería, Ministerio Publico, Tribunales de Justicia y Defensoría Penal Publica, en la persecución, investigación y eventual sanción o defensa, de hechos que no ponen de manera alguna, en peligro la seguridad de la sociedad. Esta situación ha terminado saturando el sistema penal, encareciendo valiosos recursos que podrían ser destinados al mejoramiento de los centros de reclusión, lugar final donde deberían estar privados de libertad, sólo aquellas personas condenadas por hechos considerados como de mayor connotación social. Igualmente considero que respecto de los demás delitos, necesariamente se deben derogar las penas accesorias de multas a las penas de prisión contempladas en una buena parte de aquellos, los cuales, ni siquiera están contemplados en beneficio de la persona de la victima del daño sufrido, sino que muy por el contrario, a favor del Fisco, que ni siquiera es victima de aquello.Otro tema relevante se relaciona la aplicación de medidas alternativas, como por ejemplo, la imposición de trabajos en beneficio de la comunidad. Desde un punto de vista formal, parece ser una solución bastante interesante, pero desde un punto de vista material, si no se crea una oferta técnica capaz de absorber la gran demanda que se produciría con su implementación, se terminaría trasformando en una sanción imposible de cumplir por parte de los condenados, y en definitiva, la ejecución de la sentencia sería una cuestión meramente ilusoria.Creo que es rol de todo Estado democrático velar por el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos de nuestro país, incluso por los de aquellos privados de libertad. Vemos que en Chile esto no se cumple, principalmente por las permanentes modificaciones legislativas tendientes a elevar las penas, y que redundan en condiciones carcelarias infrahumanas. Es hora de generar un debate de manera transversal, reconocer que tenemos una deuda como sociedad y buscar los mecanismos para erradicar la triste realidad carcelaria de nuestro país.
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