Sala de Prensa

20/04/2011

Defensora Nacional exigió reformar el sistema de penas en Chile

Durante una visita a la Región de Los Lagos, ofreció una conferencia en la Universidad San Sebastián y visitó a las internas de la cárcel de Puerto Montt, entre otras actividades.

La Defensora Nacional, Paula Vial, exigió una urgente reforma al sistema de ejecución de penas vigente en Chile y  para ello propuso como puntos fundamentales asegurar el derecho a defensa de los condenados y dictar una ley especial que contemple la designación de jueces de ejecución de penas.   Vial realizó una visita de dos días a la Región de Los Lagos y durante una conferencia ofrecida en el Aula Magna de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, consideró “indudable que nuestro sistema de ejecución de penas requiere de varias reformas urgentes”, que no se limitan a las deplorables condiciones de hacinamiento y privación de libertad, que por cierto atentan contra la dignidad humana y que incluso podrían calificarse como un trato cruel, inhumano y degradante”.

“Es apremiante revisar nuestra normativa de ejecución de penas y visualizar los puntos críticos, para modificar aquellos aspectos que a la luz de un sistema democrático y un proceso penal moderno no se sustentan”, agregó.   REGULACIÓN LEGAL La Defensora Nacional explicó que lo primero que el país debe hacer para mejorar las condiciones del sistema penitenciario es regularlo a través de una ley y no de un reglamento, como ocurre en la actualidad. Según ella, este cuerpo legal debe asegurar que no se vulneren las garantías constitucionales de los condenados, como ocurre hoy cuando se les abre y lee la correspondencia o cuando se les priva de su libertad de desplazamiento enviándolos a celdas solitarias de castigo, prácticas que el reglamento penitenciario permite en razón de la seguridad.         “En nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otros, la ejecución de las penas privativas de libertad ha estado siempre regulada sólo en un reglamento y no en una ley. Existe, entonces, una abierta infracción al principio de legalidad, que implica la vulneración de una serie de garantías constitucionales”, añadió.

Vial argumentó que el derecho a la libertad personal y a la garantía de que ésta no puede ser privada ni restringida también se ve afectado en las cárceles cuando se sanciona a algún interno que ha cometido una falta grave con aislamiento en celda solitaria.

JUECES DE EJECUCIÓN Como segundo punto, Paula Vial mencionó la necesidad de crear jueces de ejecución de penas, especializados en dedicarse fundamentalmente a resolver materias sobre beneficios y condiciones en que los internos cumplen sus penas. Esto, debido a que los jueces de garantía -responsables de velar por el correcto cumplimiento de las penas de los condenados- no ejecutan actualmente tal labor por estar dedicados a resolver materias penales.

La Defensora Nacional señaló que si ejecuta esta reforma, los jueces de ejecución de penas liberarían a los seremis de Justicia de su facultad actual de decidir sobre la libertad condicional de los internos, una labor cuestionada dada la naturaleza política de sus cargos.   “Existen varias materias en el ámbito penitenciario que podrían ser resueltas por el juez de ejecución y que hoy son resueltas por comisiones especiales y otras autoridades que cuestionan la imparcialidad de la decisión tomada. Me refiero a los procesos de otorgamiento de libertad condicional y rebaja de condena por comportamiento sobresaliente. En ambos casos son las secretarías regionales ministeriales de Justicia las que otorgan estos beneficios, aunque carecen de la autonomía que caracteriza la figura del juez y que garantiza un accionar no coyuntural y menos ideológico, basado en ciertos elementos reflexivos y de argumentación técnica, imprescindible en un Estado democrático de derecho, cuando del resguardo de los derechos fundamentales se trata”, agregó la abogada.   ACCESO A DEFENSA El tercer punto destacado por la Defensora Nacional fue mejorar el acceso a la defensa penal que tienen en la actualidad los internos. “Un desafío urgente es mejorar el acceso a la justicia de las personas condenadas privadas de libertad. y ello pasa, necesariamente, por la posibilidad cierta de contar con un abogado defensor”, dijo.

Según Paula Vial, si bien el Código Procesal Penal contempla hoy la asesoría letrada del imputado hasta la completa ejecución del fallo, en la práctica, durante la ejecución de sus condenas los penados carecen de un abogado defensor.

“Conscientes de ello, en la Defensoría Penal Pública se implementó en 2009 un proyecto piloto de defensa penitenciaria, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Se contrataron abogados y asistentes sociales exclusivamente para asistir las peticiones de los condenados a penas efectivas. El éxito de dicho proyecto y el convencimiento de que esta defensa forma parte de la misión institucional de la Defensoría llevaron a ampliarlo a la Región del Biobío y a la Región Metropolitana, dentro de un plan de implementación gradual que persigue en 4 años alcanzar una cobertura nacional”, finalizó.   VISITA Y SEMINARIO Durante su visita a Los Lagos, la Defensora Nacional visitó también a un grupo de 36 internas de la sección femenina de la Cárcel de Alto Bonito, en Puerto Montt. Junto a tres abogados de la Defensoría Regional, Paula Vial atendió y resolvió las inquietudes de este grupo de mujeres, de las cuales 33 cumplen condena y tres son imputadas.

Al día siguiente, Vial completó su agenda oficial en la Décima Región participando en el seminario “Evaluación y Perspectivas de la Política Indigenista en Chile”, realizado en el Aula Magna de la Universidad de Los Lagos (ULA) y organizado por el Centro de Estudios Regionales de esa misma casa de estudios, la Fundación para el Debido Proceso Legal de Estados Unidos y el Instituto de Cultura, Ciencia y Tecnología Mapuche Wuilliche.

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