Sala de Prensa

21/04/2011

Defensoría Regional de Aysén pedirá libertad de pescadores artesanales imputados por robo a salmonera

Luis Soto Pozo, el defensor penal público que los representa, explicó que el objetivo es sustituir esta medida cautelar por otra que les permita trabajar para sostener a sus familias.

Considerando la grave situación familiar que afecta a siete pescadores artesanales que fueron imputados por el delito de robo con violencia, en los próximos días su defensa solicitará a la Corte de Apelaciones de Coyhaique la revisión de la prisión preventiva decretada en su contra, con el objetivo de sustituirla por otras medidas cautelares que les permitan estar en libertad, trabajar para mantener a sus familias y, al mismo tiempo,  estar disponibles para la investigación que se sigue en su contra.   

Así lo informó el abogado Luis Soto Pozo, defensor penal público que representa a los siete imputados en esta causa, quienes permanecen en prisión preventiva en el penal de Puerto Aysén desde el 24 de enero de 2011.

El defensor explicó que los pescadores imputados residen en Quellón (Región de Los Lagos) y habitualmente salen a faenas de pesca y captura de pelillo. El grupo fue imputado por el delito de robo con violencia, a propósito de hechos que habrían ocurrido el 23 de enero pasado en uno de los centros de una conocida empresa salmonera de la Región de Aysén.

“De acuerdo cpn lo que mis representados señalan, durante el mes de enero de 2011 navegaron en la lancha “Estrella Polar” por varios días capeando el mal tiempo. Se quedaron sin víveres y decidieron  pasar a un centro salmonero a pedir salmón (…) En la madrugada de ese 23 de enero llegaron al Centro Pangal Uno, en Isla Magdalena y sacaron algunas cajas de salmón, sin autorización”, explicó el defensor público.

PERSECUSIÓN Soto agregó que mientras extraían el salmón, sus representados vieron bengalas a una distancia de media milla, se asustaron y se retiraron del lugar en la misma lancha en la que navegaban,  cuya velocidad no supera los siete nudos, sin percatarse que eran seguidos por empleados de la empresa. Así, durante la tarde del 24 de enero fueron  interceptados por una lancha de la Armada y detenidos por los marinos.

“A mis representados se les imputa el delito de robo con violencia –por lo que arriesgan una pena de 10 años de cárcel-, a partir de declaraciones de dos de los perseguidores de la empresa, quienes afirman que durante la tarde del domingo 23 de enero una de las personas de la lancha “Estrella Polar” les habría efectuado tres disparos con escopeta”, dijo.

El abogado explicó su preocupación por la grave situación familiar y social que enfrentan estas personas, quienes por no ser de la Región de Aysén “no cuentan con apoyo familiar y se les ha negado la sustitución de la prisión preventiva, a pesar de sus arraigos acreditados en Quellón y que existen diligencias decretadas hace más de dos meses que la Policía de Investigaciones (PDI) aún no evacúa”.

 Luis Soto comentó que, por otra parte, la Fiscalía recurre al argumento de que no existen nuevos antecedentes que justifiquen cambiar la medida cautelar que los afecta, lo que no variará hasta que la PDI  realice las diligencias que se le han solicitado.

DELITOS DISTINTOS El abogado cree que “ha existido demasiada demora  en presentar un track de navegación y señalamiento de las horas en que ocurrieron los hitos más importantes de los hechos, es decir la llegada al centro de cultivo, las rutas seguidas, los tiempos de persecución por las lanchas de la empresa y el lugar y tiempo en que habrían ocurrido los disparos”.

Según él, lo anterior serviría para acreditar que una cosa es el robo en el centro -catalogado como robo en bienes nacionales de uso público- y otra muy distinta la ocurrencia de los presuntos disparos, que generarían -sólo respecto de quien los habría efectuado- el  delito de porte y/o tenencia de arma de fuego, “lo que no involucra a los otras seis personas”, precisó.

El defensor público comentó que espera que en breve plazo se sustituya la prisión preventiva que afecta a sus defendidos por otras menos gravosas, ya que en todo momento han colaborado con la investigación, cuentan con domicilio conocido en Quellón y arraigo familiar en esa zona, de modo que no existe riesgo de fuga. “Son pescadores artesanales que cometieron un error y lo reconocen, pero mantenerlos en prisión preventiva es una medida demasiado grave, existiendo otras a las que pueden recurrirse”, aseguró.

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