Sala de Prensa

26/04/2011

Nuevo sistema de aranceles

La siguiente columna de opinión, escrita por el Director Administrativo Regional Roberto Insunza, fue publicada recientemente en el diario El Labrador de Melipilla.

El actual sistema de justicia penal exige que cualquier persona imputada de un delito sea representada y asesorada por un abogado defensor al momento de verse enfrentada a un tribunal de garantía. Esa defensa podrá ser ejercida por un profesional de su confianza, pero en caso de no tener uno, el Estado deberá proporcionárselo.

Esta labor recae en los abogados de la Defensoría Penal Pública, que en el caso de las provincias de Melipilla y Talagante cuenta con un equipo de abogados defensores preparados para atender a las personas acusadas de un delito.

Si bien la prestación profesional de defensa brindada por la Defensoría Penal Pública es en muchos casos gratuita, existen ocasiones en que dicha asesoría debe ser pagada por el usuario. Esto se produce cuando el usuario tiene ingresos suficientes para poder hacerlo. Para determinar el monto que corresponde pagar por el servicio de defensa se han fijado aranceles, de manera que dicho monto sea similar al que pudiera cobrar un abogado privado de su confianza.

A partir de este mes comenzó a aplicarse un convenio que se celebró entre la Defensoría Penal Pública y el Ministerio de Planificación (Mideplan), que consiste en acceder a la información de la Ficha de Protección Social (FPS) elaborada por ese ministerio. Esto permitirá facilitar la recopilación de información de las personas que la administración pública ya tiene, para cumplir dos objetivos: asegurar una mayor equidad en la determinación del cobro del servicio de defensa mediante un mejor análisis de cada caso, siendo estratificado de acuerdo con un índice de vulnerabilidad y no directamente con los ingresos económicos de cada grupo familiar.

Por otra parte, dedicar los escasos minutos de la entrevista entre abogado e imputado para tratar los temas propios de la defensa penal y no a aspectos de orden socio-económico, que hasta ahora los defensores debían preguntar y anotar en una ficha.

La decisión de cobrar por el servicio de defensa dependerá de los mismos parámetros que se determinan para considerar a una persona vulnerable social y económicamente en el sistema de la Ficha de Protección Social. Asimismo, el nuevo sistema de cobro de aranceles exige al abogado defensor informar al imputado o imputada de la necesidad de que cuente con la FPS.

Todos aquellos imputados afectos a cobro y que justificadamente no puedan pagar podrán hacer una reclamación de arancel al Defensor Regional, exponiendo la situación personal que pudiera no haber sido recogida por la información que proporciona la Ficha de Protección Social.

Las excepciones para el cobro de este arancel están dadas por casos en los que los usuarios beneficiarios sean menores de 18 años, estudiantes en cualquier nivel de educación, cesantes o aquellos que sean privados de libertad en el marco de la investigación llevada por el órgano persecutor.

En las últimas semanas nuestros profesionales han capacitado a los funcionarios de la Región Metropolitana para que puedan entregar las orientaciones a los usuarios que -en lo breves minutos que dura la entrevista con el abogado defensor- puedan haber quedado con dudas.

El nuevo sistema y su aplicación permite a los defensores penales públicos aprovechar al máximo el poco tiempo disponible en la primera entrevista con sus representados, dejando de lado preguntas sobre antecedentes socio económicos y que muchas veces consumían parte importante del tiempo de esta primera entrevista entre cliente y profesional. La razón y motivo de esta entrevista volverán a ser los antecedentes de la detención, la versión del cliente sobre los hechos que se le imputan, así como verificar el respeto de los derechos y garantías que le asisten a cualquier persona imputada de un delito.

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