Sala de Prensa

03/05/2011

Interceptaciones telefónicas

La siguiente carta al director, enviada por la Defensora Nacional, fue publicada hoy por el diario El Mercurio.

Señor director:

La obstinación de algunos fiscales del Ministerio Público por evitar la letra y el espíritu de la ley es notable y persistente.

Nuevamente pretenden obtener información restringida, que afecta a los derechos personalísimos resguardados particularmente en consecuencia, y que requieren de autorización judicial para ser afectados, sin seguir el camino exigido por la Constitución y la ley.

¿Cuál es la razón para evitar este trámite imprescindible? Arguyen la autorización del subsecretario de Vivienda para acceder al tráfico de llamadas desde y hacia los teléfonos de funcionarios del ministerio.

Afortunadamente vivimos en un país libre, sin esclavitud, y los derechos siguen siendo de cada persona no obstante su lugar de trabajo, que nos los transforma en objeto de dominio de la jefatura, como seguramente tampoco es la pretensión de esta autoridad.

El dominio del aparato telefónico no puede extenderse a la información que se genera con él. Sería igual que pretender que algunas empresas de telecomunicaciones son dueñas de esa información porque nos entregan los teléfonos en comodato.

Para acceder a la información sobre el tráfico de llamadas de una persona se requiere en todos los casos de autorización judicial fundada, siempre excepcional, y ningún artificio del persecutor que se resiste a aceptarlo y busca resquicios puede evitarlo.

Bien por la empresa de telecomunicaciones, que así lo ha entendido y lo ha evitado.

Paula Vial Reynal, Defensora Nacional.

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