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29/06/2011

Defensor Regional de Valparaíso: "Casi la mitad de las causas penales se desarrollaron y terminaron en una audiencia"

En su cuenta pública 2011, Eduardo Morales sostuvo que las causas finalizadas en una sola audiencia han seguido aumentado desde la introducción de los requerimientos y acusaciones verbales.

Un completo balance de las gestiones y actividades desarrolladas por la DPP en la zona durante 2010 hizo el Defensor Regional de Valparaíso, Eduardo Morales, en su cuenta pública anual, ofrecida el 21 del presente, en la que entregó las estadísticas más relevantes del sistema de justicia en la Quinta Región.  

A la actividad asistieron la contralora regional, Alexandra Guaita; el fiscal regional, Pablo Gómez, y la Seremi de Justicia, María Isabel Ancarola Mery, entre otras autoridades, invitados y funcionarios.

ESTADÍSTICAS Morales explicó que desde el inicio de la reforma procesal penal y hasta el 30 de abril pasado, la Defensoría ha prestado servicios a 180 mil 49 personas en la Región de Valparaíso.   “En 2010 atendimos a 31 mil 824 personas y en el primer cuatrimestre de 2011 hemos otorgado prestaciones de defensa a 13 mil 690. El año pasado cada defensor, en promedio, tramitó 530 defensas y en los primeros cuatro meses del año en curso este promedio es de 229 causas”, agregó.

Además, un  90,7 por ciento de los usuarios de 2010 eran mayores de 18 años y 9,3 por ciento jóvenes.  De los adultos, el 16,2 por ciento eran mujeres, mientras que de los jóvenes imputados un 14,9 por ciento pertenecía al género femenino.

Según el Defensor Regional, las zonas de Viña del Mar y Valparaíso concentraron el 43 por ciento de los representados en la Quinta Región. La atención brindada significó la realización de 216 mil 675 gestiones de defensa, de modo que cada abogado ejecutó -en promedio- 6,8 gestiones por imputado, incluyendo audiencias, diligencias, solicitudes de peritajes, visitas a personas privadas de libertad y presentación de recursos.    Morales explicó que los delitos más frecuentes fueron las lesiones (19,2 por ciento), aquellos contra la libertad e intimidad de las personas (14,6 por ciento), los hurtos (11,1 por ciento), los de la Ley de Tránsito (9,6 por ciento) y los de la Ley de Drogas (5,7 por ciento). 

“La preeminencia de los delitos de lesiones y los que afectan la libertad e intimidad de las personas -principalmente el delito de amenazas- se mantiene desde la promulgación de la ley que castiga la violencia intrafamiliar y pone de manifiesto la enorme presencia de este problema  en nuestra sociedad”, dijo Eduardo Morales.   En cuanto a la tramitación de causas, para el Defensor Regional de Valparaíso “llama la atención que de las 31 mil 824 personas atendidas en 2010, el 77,6 por ciento terminó su procedimiento dentro del mismo año y que las causas finalizadas en una sola audiencia han continuado aumentando desde la introducción de los requerimientos y acusaciones verbales, hasta alcanzar, el año pasado, el 48 por ciento del total. Casi la mitad de los procesos penales se desarrollaron y terminaron en única audiencia”.

DEFENSA JUVENIL ESPECIALIZADA En cuanto a defensa penal juvenil, la Defensoría Regional de Valparaíso atendió en 2010 a 2 mil 942 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. Viña del Mar y Valparaíso concentraron casi la mitad de esos ingresos. 

Según Eduardo Morales, el sistema de justicia juvenil “mantiene una deuda” desde su origen, pues fue puesto en marcha sin los recursos necesarios para su adecuado y completo funcionamiento. Por ello, dijo, “persisten los problemas de infraestructura, de falta de especialización de los intervinientes, de hacinamiento en los centros de privación de libertad, de pobreza en las instituciones que colaboran con el Servicio Nacional de Menores para la aplicación de sanciones y medidas cautelares”. 

Agregó que estos problemas se han agravado por el transcurso del tiempo y por la prolongación de las penas. “Tanto los centros de privación de libertad para adolescentes como las instituciones que tienen a su cargo la ejecución de sanciones en el medio libre,  se pueblan progresivamente de jóvenes que ya han cumplido los 18 años edad, circunstancia que dificulta la imprescindible segregación de los menores y pone en cuestión la pertinencia de las medidas sancionatorias impuestas. La ausencia de un sistema de unificación de penas, adecuado al régimen de responsabilidad penal de los adolescentes, es una de las carencias visibles”.    “No puedo dejar de mencionar que en 2010 el 62 por ciento de los menores que estuvieron en internación provisoria no fueron condenados, finalmente, a sufrir penas privativas de libertad. Es decir, estuvieron presos durante el procedimiento, cumpliendo una suerte de pena anticipada que no les correspondía. En cada caso solicitamos, y lo hicimos más de una vez, la revisión de esa medida cautelar”.

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