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23/06/2011

Defensor Regional Juan Vivar, en Cuenta Pública:"La Agenda Corta Antidelincuencia ha significado una involución del sistema procesal penal"

Resaltando, que "cautelar los derechos de los conciudadanos sometidos a la persecución penal estatal, es una de las mejores labores que un ser humano, en favor del prójimo, pueda realizar", el defensor regional Juan Vivar rindió este miércoles cuenta pública de la gestión de su institución durante el año 2010 en Magallanes.

El evento, que se realizó la tarde del 22 de junio en el salón Auditorio de la Caja de Compensación La Araucana, contó la presencia del Intendente regional Arturo Storaker, Defensora Nacional Paula Vial Reynal, Fiscal Regional Agustín Meléndez, Contralora Regional Verónica Orrego, además de representantes de organismos vinculados a la reforma procesal penal en la región.

En su alocución, el defensor, dijo que “se han atendido a más de 20 mil personas en Magallanes sin distinción ni discriminación, procurando ser el reflejo de un servicio público ágil y moderno”. Destacó, el trabajo de los defensores y demás funcionarios de la institución señalando que “la democracia se fortalece cuando existe una Defensoría Penal Pública ágil, moderna con altos niveles de calidad técnica, profesional”

Vivar, aseguró que el nuevo sistema, ha sido sin duda alguna un gran avance en la  administración de justicia penal sin embargo hay errores que corregir, entre los cuales mencionó “las populistas legislaciones de emergencia que han introducido ripios a las garantías y derechos de las personas perseguidas; o porque en ocasiones se suele considerar que no es exigencia de transparencia y validez la presencia del abogado defensor en todas las diligencias que se realicen (confesiones policiales del imputado, por ejemplo); o por el excesivo ritualismo formalista en estrados que atenta contra la dinámica y agilidad de las audiencias del juicio mismo”.

Hitos

Entre los principales hitos de su institución, el defensor resaltó que los abogados de la Defensoría asistieron a cursos en la Academia de Defensores de la Defensoría Nacional para  perfeccionar, profundizar y actualizar sus conocimientos en derecho penal, procesal penal e incorporar a su desempeño destrezas y técnicas de litigación con el fin de prestar la mejor de las defensas posibles  a las personas imputadas.

De igual modo, se refirió a que el año se licitaron 4 jornadas proceso en el que participaron tres oferentes y que la Empresa Servicios Jurídicos Australes, se adjudicó la licitación.

Otros lo constituyeron la inauguración del Edificio Defensoría Regional y local de Punta Arenas y el hecho que la Defensoría Regional junto al Tribunal Oral de Punta Arenas, presentaron en el mes de noviembre la ponencia conjunta “Extensión de los principios de la Reforma Procesal Penal: el caso de la oralidad e inmediación en el funcionamiento de la comisión de libertad condicional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”, en el  “Congreso Internacional 10 años de Reforma Procesal Penal en Chile”, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Santiago, y que reunió a destacados juristas provenientes de otras latitudes del continente americano. Destacó, a la abogada Gustava Aguilar Moraga, defensora local jefe de Punta Arenas, quien junto al Defensor Regional del Biobío, Georgy Schubert, representaron en San José, Costa Rica, a la Defensoría Penal Pública de Chile durante el Quinto Programa de Capacitación para Defensores Públicos Interamericanos, que organizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Cifras Entre las cifras más relevantes el Defensor comentó que desde el inicio de la reforma (16/12/2002) al año 2010, la Defensoría prestó defensa penal en Magallanes a 20.753 imputados. Con una tasa de 2,94 personas imputadas cada 100 mil habitantes. El año 2010 ingresaron 3.726 imputados: Punta Arenas tiene el mayor porcentaje de ingresos con un 84,7%, le sigue Puerto Natales con un 11,0% y Porvenir con un 4,3%. Asimismo dijo que El  99,5% de los imputados tuvo defensa gratuita y que el año 2010 hubo un incremento de 6,9% de causas respecto del año 2009. el 68,8% de las personas imputadas fueron varones y el 31,2% mujeres.

Asimismo, señaló que se prestó defensa penal juvenil a 240 imputados adolescentes que corresponden al 6,4 por ciento del total de los imputados atendidos en el año. De estos el 82,5 % fueron varones y el 17,5 % mujeres.

Delitos judicializados Explicó que las lesiones un 22,8%; ley de tránsito un 18,8%; delitos contra la libertad e intimidad de las personas 11,4 %; hurtos con un 8,7%; otros delitos contra la propiedad un 8,6 %; faltas un 8,5 % son los de mayor ocurrencia en Magallanes. En tanto que los menores son formalizados por los delitos de Hurto con un 15 %; daños simples con un 12,9%; el porte de arma cortante y lesiones menos graves, ambos con un 8,5 por ciento por nombrar los delitos de mayor ocurrencia.

Defensa especializada El defensor, resaltó la atención de los internos que cumplen condena en los recintos penales de la región, según lo establece la ley la defensa penal se extiende hasta la completa ejecución de la sentencia. Dijo, que se realizaron diálogos participativos con internas de la sección femenina del  Complejo Penitenciario de Punta Arenas y con internos del Centro de Detención Preventiva de Natales.  

Hizo, especial mención al trabajo que la Unidad de Estudios regional, a través de la asistente social, Paula García Medina, encargada de Apoyo a la Gestión de Defensa,  realiza con los internos que postulan al beneficio de la libertad condicional, siendo la voz de los internos ante la Comisión de Libertad Condicional.

En este orden, comentó que junto al Tribunal de Juicio Oral  propusieron que la comisión de libertad condicional escuche y vea a los internos que postulan a tal beneficio. Dicha propuesta, fue acogida este año por la mencionada comisión y la nueva modalidad de funcionamiento comenzará a regir el segundo semestre del presente año, de manera inédita en el país..   Autonomía En su mensaje final el defensor regional  expresó que se requiere un estatuto de autonomía para la Defensoría Penal Pública, a este respecto  mencionó que los 35 estados miembros de la OEA aprobaron por unanimidad en junio de este año la resolución 2656. Documento histórico, que entre sus puntos más importantes destaca:   “Recomendar a los Estados Miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los Defensores Públicos Oficiales gocen de independencia y autonomía funcional."

Vivar, dijo que esperan en el más breve plazo, que dicha esta recomendación sea recogida por el Estado chileno  “ y tengamos una Defensoría Penal Pública con autonomía para ejercer su función, la cual por la particular naturaleza de su trabajo, no siempre es coincidente con las políticas de persecución criminal llevadas adelante por los gobiernos de turno”.

Dignidad y compromiso El defensor no dejó pasar en su exposición la tragedia de la cárcel de San Miguel donde fallecieron 81 personas, al respecto dijo “como actores del sistema penal, debemos ser capaces de tener propuestas para que la cárcel sea la última solución en el sistema penal, debiendo prevalecer en este sentido la mirada especializada por cualquier otra consideración”.

En este orden, cuestionó que si bien históricamente el discurso del Estado ha sido el de la necesidad de tender puentes hacia las personas que se rehabilitan, llamando inclusive a la empresa privada a contratarlos, el mismo Estado impide por ley que quienes han sido condenados por crimen, falta o simple delito puedan ingresar al servicio público, “¿discriminación legal contra ex convictos? ¿nos creemos de verdad como Estado eso de reinsertarlos a la sociedad?”, se preguntó  el jefe de la Defensoría en Magallanes.  

“Los esfuerzos rehabilitadores serán en vano, si como sociedad no nos comprometemos de manera firme y decidida en apoyar a quienes luchan diariamente por  rehabilitarse y reinsertarse en nuestras comunidades”, concluyó

Finalmente, expresó “que no obstante llevar casi 9 años del sistema no entendemos como aún nuestros defensores se ven expuestos en ocasiones a la dificultad de entrevistarse privadamente con los detenidos en cuarteles policiales. Como tampoco entendemos, que nuestro centro de internación en régimen semi cerrado no cumpla con los requisitos mínimos de estadía para los jóvenes que deben cumplir allí su sanción”. Dijo, además, que “es tiempo de disminuir los espacios de opacidad en las confesiones policiales,  para prevenir eventuales dudas que puedan generar dichas actuaciones, contar con la presencia de un abogado defensor, es un imperativo ineludible”.

De igual modo, señaló que el sistema de persecución penal ha sido objeto de múltiples reformas, como por ejemplo la llamada Agenda Corta Antidelincuencia que “han significado una involución de la reforma procesal penal, coartando facultades de Jueces de Garantía, aumentando los criterios peligrosistas para imponer la prisión preventiva, entre otras cosas”.

El defensor, terminó su exposición manifestando que “el reconocimiento de derechos fundamentales procesales por un Estado, es un criterio para medir el carácter autoritario o liberal de una sociedad”

 

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