Sala de Prensa

18/08/2011

Defensa penitenciaria, un modelo para proteger derechos

Tras la experiencia piloto que la DPP realizó en Coquimbo, hoy tanto el Director Nacional de Gendarmería como el Defensor Nacional (S) valoran positivamente las ventajas del sistema, que el próximo lunes 22 inicia su expansión a la Región Metropolitana.

En 2009, la peregrina idea institucional de ofrecer defensa penal a personas condenadas privadas de libertad comenzó a funcionar tímidamente en los penales de la Región de Coquimbo, financiada como un pequeño proyecto piloto con ayuda de la cooperación internacional española.

Dos años después, la defensa penal pública penitenciaria es un proyecto reconocido y validado institucionalmente para la Defensoría, que crece y se desarrolla progresivamente en el país mediante los respectivos procesos de licitación en Coquimbo, la provincia de Concepción y el Gran Santiago.

Desde el inicio del piloto y hasta el 31 de marzo pasado, 673 personas condenadas e internas en penales de la Cuarta Región recibieron esta atención especializada, con resultados que permitieron a las autoridades de Justicia llegar a la convicción de que el modelo debía crecer.

Así, en sesión del pasado 21 de enero, el Consejo de Licitaciones que preside el ministro de Justicia decidió iniciar primero los respectivos procesos licitatorios en la propia Región de Coquimbo –para proveer dos abogados, dos asistentes sociales y un asistente administrativo- y en la provincia de Concepción, incorporando a tres abogados, dos asistentes sociales y un asistente administrativo.

Ahora, y en un nuevo paso, el próximo lunes 22 comenzará la licitación de once abogados, siete asistentes sociales y cuatro asistentes administrativos para atender la defensa penitenciaria en tres complejos penales de la Región Metropolitana: el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, los recintos de Colina I y II y el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur.

El momento, entonces, parece propicio para conocer evaluaciones y proyecciones del modelo, en este caso tanto del Defensor Nacional (S), Francisco Geisse, como del Director Nacional de Gendarmería, Luis Masferrer.

“INSTANCIA DE MEJORAMIENTO” Geisse explica que una vez asociados a los recintos penales que deberán atender en las regiones respectivas, los nuevos defensores penitenciarios licitados “deberán asumir tareas de defensa tanto en materias judiciales como administrativas, relativas a garantías y derechos que las personas condenadas tienen en el ordenamiento jurídico vigente”.

El Defensor Nacional (S) explica que tras el proyecto piloto de Coquimbo se ha dado un proceso virtuoso de trabajo y aprendizaje mutuo con Gendarmería, lo que ha permitido crear vínculos de colaboración permanente entre ambas instituciones.

“Nuestra interacción con Gendarmería en este programa es permanente y de cooperación mutua. Muchas de las actuaciones que asumirán los defensores penitenciarios implicarán incluso una descarga de trabajo para los funcionarios de Gendarmería, en cuanto a entregar información a los condenados respecto de cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercerlos, como también en la gestión de procedimientos -en especial para la obtención de beneficios intrapenitenciarios- y también en el ámbito de las gestiones judiciales”.

A la hora de evaluar el nuevo modelo, Luis Masferrer lo valora sobre todo como otro más de varios mecanismos de fiscalización y control con que cuenta Gendarmería para medir sus estándares institucionales: “Es un mecanismo adecuado para evaluar el cumplimiento de los objetivos en esta materia, bajo un enfoque interinstitucional que permita realizar los ajustes necesarios para que los internos puedan a los derechos que les son propios, de acuerdo con las normas vigentes”.

Geisse comparte la idea del Director Nacional de Gendarmería, en cuanto a que la defensa penitenciaria es efectivamente una instancia de evaluación y mejora de los procedimientos internos de Gendarmería, “en especial respecto del funcionamiento de los Consejos Técnicos, a los cuales ya hemos sido invitados a participar en varias unidades penales. También sobre la aplicación de cualquier medida que importe la restricción de derechos fundamentales y penitenciarios de la población condenada”.

LA EXPERIENCIA ENSEÑA Al principio, el desarrollo del piloto penitenciario fue difícil, porque existía en todos los actores vinculados la noción implícita de que los presos estaban –derechamente- ‘condenados’. Por lo mismo, en Gendarmería hubo incluso ciertas resistencias, que se rompieron gracias al compromiso de funcionarios y oficiales que entendieron el sentido de fondo del proyecto.

Luis Masferrer dice que la experiencia de Coquimbo “permitió cambiar el enfoque interno respecto del tema penitenciario”, de modo –por ejemplo- que el mismo oficial que dirigió Gendarmería en la Cuarta Región durante el proceso, pasó luego a la Octava, para liderar el mismo cambio de mirada.

Por lo mismo, desde la Dirección Nacional de Gendarmería dice hoy que “la cárcel contribuye a satisfacer intereses de seguridad para la comunidad y provee de una instancia para preocuparse por la persona que ha delinquido, reconociéndole en toda su dimensión humana como un sujeto de derecho que reclama de la comunidad atención y asistencia para desarrollar los fines trascendentes de su vida. Esta consideración influye en las políticas de reinserción y concibe al penado como un sujeto capaz, que merece oportunidades de participar en la vida social y cuya reintegración es responsabilidad de todos”.

TAREAS Y CAMBIOS PRÁCTICOS En cuanto a temas prácticos relevantes para los defensores tras la experiencia piloto en el norte, Masferrer menciona materias “como cómputo de condena, tiempo mínimo para optar a permisos de salida y libertad condicional, funcionamiento de los Consejos Técnicos, solicitudes administrativas relacionadas con la concesión o denegación de permisos de salida y sanciones disciplinarias”.

Quizá a partir de lo mismo, el Defensor Nacional (S) cita palabras del jefe de Reinserción Social del Complejo Penitenciario de La Serena, para quien desde la llegada de los defensores penitenciarios “la población penal está mucho más informada de sus derechos, de lo que puede pedir y de hasta dónde puede llegar, y eso es bueno para nosotros”

Y entonces concluye Masferrer: “En Gendarmería estamos empeñados en profundizar en estas materias y potenciar nuestros Consejos Técnicos, estableciendo como regla la fundamentación en cada una de sus decisiones, atendiendo la motivación que cada acto administrativo obliga. Le ‘heterotutela’ institucional es positiva y necesaria en el marco de un estado de derecho democrático”. Ver más información en http://www.dpp.cl/noticias/dpp.php?id=6170

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