Sala de Prensa

29/09/2011

La Defensoría capacitará a sus funcionarios en derechos indígenas

Convenio entre la DPP, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el PNUD permitirá avanzar en la eliminación de las brechas que impiden el adecuado acceso a la justicia de los miembros de pueblos originarios.

Tras la firma de un convenio entre la Defensoría Penal Pública, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 190 funcionarios de la Defensoría Penal Pública se capacitarán en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas en el marco del proceso penal chileno.

La iniciativa tiene como objetivo avanzar en la eliminación de las brechas que impiden el acceso adecuado a la justicia de las personas pertenecientes a las diversas etnias indígenas que cohabitan en el territorio nacional. Estas brechas muchas veces se asocian a la falta de entendimiento -en las distintas instituciones nacionales- de las particularidades culturales de los miembros de los pueblos originarios, situación que repercute en que no se garantice su adecuado acceso a la justicia.

Destacados académicos de la Universidad de Chile -de larga trayectoria en materias de derechos humanos de los pueblos originarios y multiculturalidad- serán los responsables de la formación del personal de la Defensoría.

LOS BENEFICIARIOS Los beneficiarios directos de este programa de formación especializada serán 119 defensores locales, 43 profesionales de las Unidades de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD) y de las Unidades de Estudio Regionales, siete facilitadores interculturales y 18 defensores licitados.

Entre los funcionarios a capacitar debe destacarse la presencia de los facilitadores interculturales -miembros de los pueblos originarios que actúan facilitando el diálogo entre los representantes de la justicia y los miembros de las comunidades-, quienes recibirán conocimientos en las materias judiciales pertinentes.

Al valorar la importancia de esta capacitación, el Defensor Nacional explicó que “la cooperación entre nuestras instituciones, materializada entre otras vías a través del convenio suscrito hoy, permite que cada una de ellas haga su mejor aporte en pro de los estándares internacionales que orientan la prestación de defensa penal para los imputados pertenecientes a pueblos originarios”.

TODAS LAS REGIONES Tras la aplicación de este programa de capacitación simultánea vía E-learning, la Defensoría contará con personal especializado en interculturalidad y derechos indígenas en la totalidad de las regiones del país, lo que constituye un sustantivo avance en términos del reconocimiento de las diversas etnias indígenas que requieren un servicio de defensa penal especializado.

Desde sus diversos campos de acción, las tres entidades firmantes de este convenio de colaboración institucional han abordado la necesidad de adecuar la institucionalidad nacional a los instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile en 2008.

De hecho, Benigno Rodríguez, representante residente del PNUD en Chile, consideró que se trata de “un acuerdo histórico, que permite una alianza perfecta de tres instituciones que han trabajado directamente en estos temas y que dan un paso en la incorporación de estos instrumentos internacionales para la protección de derechos”.

El trabajo de la DPP, la Facultad de Derecho y el PNUD ha tenido como piedra angular un diagnóstico compartido sobre la necesidad de adecuar los mecanismos de justicia a las necesidades particulares de los pueblos indígenas, lo que se ha cristalizado hoy con la firma de este acuerdo de colaboración.

Roberto Nahum, decano de Derecho de la Universidad de Chile, señaló que el derecho es una ciencia en permanente evolución y cambio, que “tiene el deber” de estar atento a lo que ocurre en la sociedad, “sobre todo en el contexto de la actual discusión sobre participación ciudadana en el país, escenario en el cual se enmarca este convenio, “que es una iniciativa de vanguardia en la protección de los derechos y garantías de grupos vulnerables”.

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