Sala de Prensa

14/10/2011

Defensoría Local de San Miguel entrega casos a encargados de defensa penitenciaria

Iniciativa impulsada por esta defensoría -que permitió abordar una parte de la creciente demanda de las personas condenadas en esa zona-, llega a su término con la incorporación de las defensoras penitenciarias que se adjudicaron la última licitación.

En octubre de 2010 y a partir de las reiteradas solicitudes de personas condenadas respecto de beneficios penitenciarios, unificaciones de penas y abono de prisiones preventivas -entre otros-, en la Defensoría Local de San Miguel se gestó la idea de asistir legalmente a los internos rematados y ayudarles en sus gestiones.

Pese a que esta labor no formaba parte del trabajo diario de los defensores penales públicos -prestar defensa penal a quienes sean imputados por falta, crimen o simple delito-, se creó una unidad especial de trabajo encabezada por la defensora jefe, Viviana Castel, e integrada por el defensor Juan Pablo Gómez y los pasantes (egresados de derecho) Daniel Mundaca y Patricia Alvarado.

La abogada Castel explicó que no se pudo abordar la demanda en un 100 por ciento, pero que con un gran esfuerzo pudieron tramitar un 15 por ciento de las solicitudes de quienes son condenados rematados en esa zona.

TAREAS REALIZADAS En la DPP de San Miguel explican que algunas demandas de los condenados internos se recepcionaban a través de familiares que concurrían a la defensoría local y otras por derivaciones del tribunal.

Luego de recibir la solicitud, se realizaba un estudio para analizar la viabilidad de hacer una presentación ante el tribunal competente, se solicitaba audiencia y el defensor Juan Pablo Gómez preparaba una minuta para que los defensores de turno discutieran en audiencia, efectuándose posteriormente el respectivo seguimiento.

Algunos casos también requirieron la presentación de recursos de amparo, para mejorar las condiciones en que los condenados se encontraban cumpliendo sus penas. Además, a aquellas personas cuyas causas no permitían efectuar una solicitud de audiencia se les informaba personalmente en la unidad penal respectiva.

“Pese a que significó un trabajo extra, fue muy reconfortante para el equipo poder asistir a estas personas, que desde ahora contarán con una defensa penitenciaria institucional”, explicó Viviana Castel, quien además destacó el trabajo realizado por su equipo.

LICITACIÓN EN MARCHA Las palabras de Castel aluden a que ahora –al menos en el caso de San Miguel- toda esta experiencia acumulada, junto a los casos que se encontraba tramitando este equipo especial, serán traspasados formalmente a la oficina de defensa penitenciaria creada en la Defensoría Regional Metropolitana Sur (DRMS), para que desde allí se siga prestando asistencia a las personas que se encuentran cumpliendo una pena privadas de libertad.

Ello, en el contexto de la licitación que permitirá proveer este tipo de defensa especializada a los condenados internos en tres recintos penales de la Región Metropolitana: el complejo penitenciario de Colina I y Colina II, el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago y el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex penitenciaría).

De hecho, en la DRMS ya se encuentra operando desde el 1 de octubre un equipo de tres defensoras, quienes se adjudicaron la mencionada licitación y ahora deberán asumir la representación de los internos en todas las solicitudes administrativas y judiciales que procedan.

La oficina “Sociedad de Servicios Legales y Jurídicos Justicia Penal Limitada” está  integrada por las defensoras Diana Correa, Paz Urra y Tamara Vega, quienes contarán con el apoyo de una asistente social y una asistente administrativa.

El servicio de defensa penitenciaria que deberán prestar estos equipos licitados comprenderá actuaciones de carácter administrativo y judicial, además de la difusión de derechos, pues se contempla incluso efectuar talleres de difusión dentro de las unidades penales, informando no sólo los derechos de las personas allí recluidas, sino también la manera de ejercerlos.

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