Sala de Prensa

18/10/2011

A diez años de la reforma procesal penal en el Maule: hay motivos para celebrar

La siguiente columna de opinión, escrita por el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, fue publicada hoy en el Diario El Centro de Talca.

La Región del Maule vive por estos días un nuevo aniversario de la puesta en funcionamiento de la reforma procesal penal. Su solo inicio cumplió el objetivo internacional que buscó: responder a exigencias mínimas de la comunidad internacional en torno al sistema de garantías fundamentales, dada la “nota roja” que en estos aspectos tenía el antiguo sistema inquisitivo en nuestro país.

En la hora actual -con la perspectiva de una década de funcionamiento-, es el momento de determinar si la reforma procesal penal ha cumplido o no los objetivos para los cuales fue concebida.

Hago esta diferenciación debido a que no pocos de los ciudadanos pensaron -y lo que es más grave, aún piensan- que esta nueva forma de hacer justicia iba a terminar con el delito, la inseguridad ciudadana o, por lo menos, iba a reducir de una manera importante tales cifras.

Debemos ser claros en que la reforma procesal no tenía tales propósitos. En tal sentido, es preciso recordar el mensaje del Código Procesal Penal, que señala los tres ejes que el Estado de Chile buscó para la reforma procesal penal, los cuales eran la rapidez y eficiencia para la resolución del litigio penal; la modernización y profesionalización de los intervinientes en el proceso penal, y el establecimiento de un genuino juicio con igualdad de armas entre Estado e imputado.

En cuanto a la rapidez y eficiencia en los litigios penales, hoy llama la atención el asentamiento de los plazos de investigación en estándares bastante cortos, los que a agosto de este año promedian los 55 días, lo que significa que el promedio de plazos de afinamiento de causas no pasa de cuatro a cinco meses, con recursos incluidos.

Ello, versus el tiempo que duraban abiertas las causas penales en el sistema antiguo, que no bajaban de los tres años con recursos tramitados. Y otro dato no menor: el año pasado más de la mitad de los casos judicializados terminaron al segundo día de iniciado el procedimiento.

En cuanto a la modernización y profesionalización de los intervinientes en el proceso penal, es evidente el avance en esta área, con jueces especializados y cada vez más calificados, con fiscales y defensores altamente preparados. Y cada interviniente con infraestructura moderna y sistemas informáticos acordes a las exigencias del nuevo modelo. 

En relación al establecimiento de un genuino juicio con igualdad de armas entre el Estado y el imputado, estimo que este punto es central en la reforma. En efecto, en general la ciudadanía ha tildado al sistema procesal penal como “garantista”, pero ello no es ni más ni menos que el cumplimiento de otro objetivo de la reforma.

Desde luego, ya es un avance la división o separación de funciones tan relevantes para el sistema como son las de investigar, acusar y fallar, para dar pie a la característica principal de un proceso penal de corte acusatorio. La presunción de inocencia ha cobrado un nuevo estatus en el nuevo sistema, pasando de la mera expectativa a un derecho adquirido por todos.

En consecuencia, a diez años de la reforma, debemos alegrarnos de un exitoso sistema procesal penal instaurado en Chile y en nuestra Región del Maule, modelo de otros sistemas judiciales penales en Latinoamérica y reconocido en el mundo.

Por José Luis Craig Meneses, Defensor Regional del Maule.

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