Sala de Prensa

03/11/2011

Mediación penal: un paso en el sentido correcto

La siguiente columna de opinión, escrita por el Defensor Regional del Maule, fue publicada por diario El Centro de Talca.

El miércoles pasado fui gentilmente invitado por el Ministerio Público y la Corporación de Asistencia Judicial a la ceremonia de firma de un convenio de mediación penal, a través del cual ambas instituciones formalizan un sistema de resolución de conflictos penales que ya estaba vigente en nuestra Región del Maule desde hace unos años.

Dada nuestra mala costumbre de tratar de resolver todos nuestros problemas por la vía del reclamo, de la ley, de la autoridad, aparece como un bálsamo esta iniciativa que entrega la solución de un conflicto, de la más compleja naturaleza, a los afectados, quienes civilizadamente y guiados por expertos buscan entre ellos la solución al mismo, dejando de manifiesto que no tiene por qué ser verdad el axioma que todo conflicto lo arregla un juez a través de la aplicación de la ley.

Tal como se mencionó someramente en mi anterior columna, la reforma procesal penal dio los primeros pasos en torno a permitir y reconocer que la víctima del delito tiene una serie de necesidades que el derecho penal convencional ha sido incapaz de cubrir, ayudando a responder adecuadamente a preguntas tan relevantes como ¿quién sufrió las consecuencias del delito? ¿Cuáles son sus reales necesidades? ¿Qué podemos hacer para ayudarle?

Así, el Código Procesal Penal contempla dos salidas alternativas a un juicio penal, como son la Suspensión Condicional del Procedimiento y los Acuerdos Reparatorios, en los que –básicamente- el Estado (sí, el Estado todopoderoso y castigador) renuncia a aplicar una pena, atendiendo la naturaleza del delito, si la víctima y su ofensor (sí, el delincuente, tan “odiado”) acuerdan, entre otras cosas, condiciones o prestaciones que satisfagan a la víctima de una manera más integral que la sola aplicación de una pena (sí, la tan pedida cárcel).

Entonces, no es tan cierto que los conflictos penales tan sólo se resuelven con más pena, como algunos incluso lo sostienen e imploran por este medio, sino que se puede dar una respuesta más civilizada y criminológicamente bien pensada al fenómeno del delito sin necesidad de hacinar aun más nuestros centros penitenciarios, evitando en gran medida la reincidencia.

La mediación penal, que institucionaliza la firma de que fui testigo, constituye una vía más de revalorización de la víctima como del victimario, ya que crea espacios para una participación cierta y relevante de los protagonistas del conflicto en el desenlace del drama penal, siendo su principal objetivo entregar a las partes la posibilidad de asumir la responsabilidad sobre el propio conflicto y empoderarse en la búsqueda y toma de decisiones al respecto.

Con esta salida al conflicto no sólo la víctima individual se siente resarcida, sino que la sociedad toda (víctima colectiva) se sentirá más segura. Representa, además, un compromiso, mejora la convivencia, mira hacia el futuro, facilita que víctima e infractor encuentren un camino que les permita salir adelante y no quedarse encasillados en los roles que la sociedad les impone en un proceso penal. 

En fin, dado que descansa sobre el perdón ofrecido por el ofensor, y aceptado por el ofendido, tiene una función sanadora y no se limita a la mera imposición de una sanción al actor.

Por eso, celebramos la firma del convenio, que si mal no recuerdo tiene a su haber más de 360 casos atendidos, tan sólo en este 2011, logrando más de un tercio de acuerdos que evitan una solución judicial, que no necesariamente asegura el éxito, la conformidad y -por ello- su legitimidad.

Por José Luis Craig Meneses, Defensor Regional del Maule.

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