Sala de Prensa

16/11/2011

Defensor Nacional participó en seminario sobre terrorismo y derechos humanos

Georgy Schubert expuso la visión crítica de la Defensoría sobre el uso de la Ley Antiterrorista (N° 18.314), a partir del llamado `juicio de Cañete' contra varios comuneros mapuche.

El Defensor Nacional, Georgy Schubert, participó ayer en el seminario internacional “Terrorismo y estándares de derechos humanos”, organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en dependencias del ex Congreso Nacional en Santiago.

El principal directivo institucional intervino en la mesa N° 2 del encuentro, centrada en el tema de los “Conflictos en la aplicación de la Ley N° 18.314” (o ley antiterrorista), que fue moderada por Ximena Zavala (INDH) y reunió además a los abogados Mauricio Daza –defensor particular del supuesto líder del llamado caso Bombas-, Pablo Ortega -defensor particular en el llamado ‘juicio de Cañete’ contra varios comuneros mapuche- y Raúl Guzmán, Fiscal Metropolitano Sur.

En su exposición, Schubert explicó la visión que dejó en la Defensoría esa emblemática causa, en que sus abogados debieron representar primero a siete de los 17 comuneros mapuche imputados de diversos delitos terroristas, todos los cuales fueron absueltos, y luego –en el juicio oral- a uno de los cuatro comuneros que fueron finalmente condenados.

Como primera idea, explicó la dificultad que enfrenta la DPP en estos casos, dada la desconfianza que provoca en las comunidades el hecho de que “el mismo Estado que los persigue sea el que los defiende, lo que nos obliga a un trabajo más amplio con toda la comunidad afectada”.

“Lo segundo es que la calificación de delito terrorista la hace exclusivamente el Ministerio Público, en una decisión por sí y ante sí, sin control jurisdiccional. Eso implica, entonces, que todo el poder del Estado se aplica precisamente contra personas -en este caso los comuneros mapuche- que carecen precisamente de todo poder para defenderse adecuadamente”, explicó Schubert.

CONFESIÓN Y TESTIGOS SIN IDENTIDAD Para ejemplificar lo anterior, el Defensor Nacional mencionó las denuncias de maltrato hechas durante el proceso por Jonathan Huillical -representado por la DPP- y planteó la necesidad de que declaraciones como las que este comunero hizo en su momento ante la policía “sean grabadas, cuestión a lo menos pertinente en este caso. Es necesario llevar un registro de estas actuaciones, para saber si se le leyeron los derechos al imputado o si su declaración es voluntaria, entre otras cosas”.

Georgy Schubert cuestionó también que los defensores públicos no contaran en este caso con los antecedentes completos de la investigación -considerada secreta por invocar delitos de la ley antiterrorista- y llamó la atención sobre el rol que le cupo a un oficial de Investigaciones que, no obstante ser parte de la comitiva afectada por los hechos investigados, no sólo dirigió las diligencias posteriores, sino que además compareció como testigo en el juicio oral.

“Otro tema es el uso de testigos sin identidad, con lo cual se vulneran derechos y garantías básicas del debido proceso, porque esta ley impide que los defensores puedan, por ejemplo, contrainterrogar a los testigos, lo que dificulta y restringe los derechos y posibilidades de la defensa, tal como ocurrió en este caso con el testigo N° 26. Este tipo de testigos no pueden constituir prueba esencial contra alguien”, señaló Schubert.

OTRAS IDEAS Tras la intervención de Schubert, el abogado Pablo Ortega -defensor particular de varios comuneros en el juicio de Cañete- cuestionó varias de las atribuciones que la ley antiterrorista otorga tanto al Ministerio Público como a las policías. También criticó que se haya eliminado un criterio que obligaba a estas entidades a contar con autorización judicial para el uso de las herramientas excepcionales que contempla esta ley.

Más tarde, el también abogado Mauricio Daza contó su experiencia como defensor particular del supuesto líder del grupo que fue imputado como responsable de la colocación de diversos artefactos explosivos en el llamado ‘caso Bombas’, en cuyo contexto criticó duramente los procedimientos utilizados en su momento por el equipo policial encargado de la investigación, bajo el liderazgo del ex Fiscal Metropolitano Sur, Alejandro Peña.

El módulo concluyó con la exposición del actual Fiscal Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, quien si bien defendió la utilidad de estas herramientas legales para la investigación de delitos complejos como los mencionados, apoyó la necesidad de debatir su eficacia, evaluando incluso cambios que permitan actualizar la legislación a hechos delictivos ciyas características también van evolucionando con el tiempo.

En el siguiente módulo y en representación de la Defensoría, el abogado Claudio Fierro –profesional de la Unidad de Corte de la DPP- expuso un análisis sobre las principales modificaciones que requiere la Ley N° 18.314 para garantizar adecuadamente los derechos de quienes resulten imputados por los delitos que tipifica.

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