Sala de Prensa

22/11/2011

Familiares e internos de la cárcel de Santa Cruz recibieron atención en plaza de justicia intrapenitenciaria

La actividad fue organizada por la Seremi de Justicia y la Defensoría Regional de O'Higgins.

Actividades cotidianas como renovar el carné de identidad, recibir orientación de un abogado para causas familiares o civiles o conocer los beneficios y subvenciones que otorga el Estado a las personas más desposeídas son prácticamente inalcanzables para las personas privadas de libertad, sobre todo si se trata de una cárcel de una comuna distante de cualquier capital regional del país.

Por esa misma razón, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de O’Higgins y la Defensoría Regional realizan permanentemente las llamadas plazas de justicia intrapenitenciaria, que buscan precisamente acercar toda esta información a los internos de los distintos penales y sus familias.

En esta oportunidad el turno fue para el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Santa Cruz, en particular para las cerca de 80 personas que se encuentran recluidas allí en calidad de imputadas, quienes junto a sus familias -que se encontraban de visita en el penal- pudieron acercarse a servicios como la Corporación de Asistencia Judicial, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), la Defensoría Penal Pública y el Servicio Nacional de Menores (Sename) para solicitar información o plantear sus consultas.

En la actividad participó también una unidad móvil del Registro Civil, que en esta ocasión permitió otorgar certificados, tramitar cédulas de identidad e incluso permitir que un interno pudiera reconocer legalmente a su hijo de sólo semanas de vida.

Los servicios más requeridos fueron la propia Seremi de Justicia y la Defensoría Penal Pública, cuyas principales autoridades regionales -Paula Middleton y Alberto Ortega, respectivamente- se sumaron a la atención y respondieron personalmente las dudas de los internos o sus familiares.

Paula Middleton comentó que este tipo de actividades da cuenta del compromiso del Estado con las personas recluidas, “en el entendido que ellas sólo han perdido su libertad, pero no sus derechos ni su dignidad. Por eso, a través de estas plazas de justicia los acercamos a servicios como el de Vivienda y Urbanismo, para que vean la posibilidad de reunir dinero para postular a un subsidio; o bien al Instituto de Previsión Social, para que conozcan si son sujetos de pensiones u otros beneficios”.

Alberto Ortega explicó que si bien los imputados atendidos por la DPP son visitados cada 15 días por sus respectivos abogados defensores, existe una población de condenados que ya no tienen contacto con sus abogados y que utilizan estas instancias para aclarar las dudas, en especial las relacionadas con la posibilidad de optar a beneficios.

“A contar de este año la Defensoría creó la Defensoría Penitenciaria, instancia que contará con un abogado y una asistente social, quienes se avocarán exclusivamente a atender los requerimientos jurídicos de la población penal. Durante 2011  este nuevo servicio se implementó en tres regiones, y se espera que prontamente llegue a O’Higgins. Sin embargo, en su espera, estas instancias nos permite atender las inquietudes de los internos”.

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