Sala de Prensa

09/01/2012

Problemas y definiciones estratégicas, parte II

La siguiente columna de opinión, escrita por el Defensor Regional (S) de Antofagasta, fue publicada por el diario El Mercurio de esa ciudad.

Iniciado ya el 2012, nos quedan aún algunos aspectos que merecen revisión del año recién terminado. Siguiendo en el ámbito de la definición estratégica, en materia de la  persecución penal, dos hechos son del todo relevantes, a mi juicio.

En primer término, la entrada en la escena de la persecución penal de los denominados delitos de cuello blanco, de carácter económico o vinculados  a desastres ambientales, cuyos autores utilizan ardides en el límite de lo lícito; distorsionan el mercado y afectan bienes jurídicos difusos.

Sobre ellos, urge la reformulación de categorías jurídicas, tipos penales y tipos de sanciones con el rigor técnico y dogmático que dicha normativa requiere y no al calor de las luces televisivas-electorales.

En segundo término, recordemos la polémica suscitada entre la autoridad del Ejecutivo con los órganos jurisdiccionales y de persecución penal. La sola situación nos trae de vuelta a las teorías clásicas de separación de poderes y funciones, y a la existencia  de  organismos con determinadas competencias. Todo ello, en el contexto de los roles que la propia Constitución ha definido.

Reducir el debate a no  sumarse a una especie de cruzada nacional en contra de la delincuencia o a favor de la seguridad ciudadana es  del todo errado, pues

desatiende los roles que la Constitución o la ley ha otorgado a cada órgano, ya sea   juzgando sobre la base del mérito de la prueba de cargo respecto de la comisión de un delito, ya sea sustentando la acción penal pública con las herramientas legales  adecuadas para cada caso en particular.

En términos generales, 2011 fue un año disonante desde la perspectiva jurídica. Sin embargo, a la hora de los desafíos para el mítico 2012, la Defensoría Penal Pública continuará avanzando en el cumplimento de su misión institucional de hacer efectivo el derecho a defensa de todo imputado y,  de paso, materializando las obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos del Estado de Chile.

Así las cosas, renovamos nuestro compromiso con una defensa técnica y altamente profesionalizada, lo que nos llevará a continuar creciendo y especializándonos en materias tales como la defensa adolescente, indígena, de género o penitenciaria, para así seguir prestando una defensa de calidad a toda persona imputada de un crimen, simple delito o falta. Ese es nuestro norte.

Por Roberto Vega Taucare, Defensor Regional (S) de Antofagasta.

  • subir
  • imprimir
  • volver