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13/01/2012
Sobreseen a apoderados en querella presentada por directora de colegio en Puerto Montt
Defensor público logró terminar la causa por injurias y calumnias con publicidad que afectaba a pobladores de Puerto Montt, quienes protestaron por la calidad de la educación de sus hijos.
Sobreseídos total y definitivamente de los cargos de injurias y calumnias que se les imputaban resultaron varios apoderados del colegio “Robert Pace”, de Puerto Montt, luego de que su defensor público argumentara ante el Juzgado de Garantía que los querellantes no efectuaron diligencias útiles para la causa dentro del plazo que estipula la ley, abandonando el procedimiento.
La resolución, dictada hoy por el magistrado Luis Olivares, acogió los argumentos del abogado jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos, Jonathan Ramírez (foto), a favor de 10 apoderados y dirigentes vecinales que fueron imputados como autores de injurias y calumnias con publicidad en contra de la directora del colegio, Eliana Chávez Hernández, luego de que éstos realizaran una protesta en las afueras del establecimiento -ubicado en Villa Los Poetas- solicitando mejoras educacionales.
El caso se dio a conocer el 6 de junio de 2011, cuando un grupo de apoderados del colegio manifestó su descontento con la gestión realizada por la directora, aludiendo problemas de infraestructura, malos tratos a los alumnos y cobros indebidos de dinero.
Tras esta protesta, a la cual se sumaron dirigentes sociales, la directora presentó una querella por injurias y calumnias graves con publicidad a través de su abogada, Orietta Llauca.
La acción penal privada pretendía condenar a 10 de los apoderados y dirigentes vecinales que habían participado en la manifestación, debido a que habrían insultado y denigrado públicamente a Eliana Chávez, además de atribuirle la comisión de delitos.
RAZONES DE LA INOCENCIA Esto siempre fue negado por los imputados, quienes declararon su inocencia y no aceptaron acuerdos que pretendían acabar con el proceso si se disculpaban públicamente.
Jonathan Ramírez explicó que “los apoderados siempre sostuvieron que no habían cometido el delito y que sólo estaban luchando por el derecho a tener una educación de calidad para sus hijos”. Esto fue ratificado por una de las voceras de los apoderados movilizados, Elisabeth Ibacache, quien explicó que “desde un principio sabíamos que esta querella no iba a llegar a ningún lado, ya que todos los reclamos que hicimos eran por el bien de los niños y no tenían ninguna otra intención”.
Otro de los acusados de esta causa, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Ronny Torres, agregó que “esto demuestra que cualquiera puede acusar a otro de injurias y calumnias. Nosotros sólo buscamos que se atendieran los reclamos de los apoderados, orientados a mejorar la infraestructura del colegio y a corregir graves irregularidades que detectamos. Ahora, después de este sobreseimiento, sólo me queda agradecer el compromiso y el profesionalismo del abogado de la Defensoría Penal Pública, quien siempre nos dijo que estuviéramos calmados y que pronto todo se iba a aclarar”.
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