Sala de Prensa

25/01/2012

Corte Suprema acogió recurso de amparo presentado por la Defensoría Regional de Arica

Favorece a joven interno en la unidad siquiátrica del Hospital Juan Noé", quien fue enviado a la cárcel de Acha por el juez de garantía.

La Corte Suprema revocó una decisión del magistrado Mauricio Pontino, Juez de Garantía de Arica, quien envió a prisión preventiva a un joven ariqueño que permanecía en la Unidad de Siquiatría del Hospital Juan Noé.

La segunda sala del máximo tribunal del país dictaminó dejar sin efecto el fallo de primera instancia contra el joven imputado, “por lo deberá dictarse inmediata orden de libertad en su favor”, según expresa la resolución que acogió un recurso de amparo interpuesto por los defensores penales públicos Patricia Lefever y Víctor Providel.

Al conocer la noticia, el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez Giordano, destacó que la Corte Suprema clarificara a través de este fallo los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), acogiendo así la postura de los defensores públicos y haciendo justicia.

“En todo momento señalamos en el tribunal de garantía y en la corte de apelaciones que debían respetarse los derechos de nuestro defendido, quien se encontraba cumpliendo medidas dictadas en el interés superior del adolescente y buscando su reinserción. Por eso resultaba claramente perjudicial y atentatorio sacarlo del hospital para enviarlo a la cárcel”, explicó Gálvez.

Fundamentos del fallo

El pronunciamiento de la Corte Suprema especifica que “ha de entenderse que por tratarse de un adolescente infractor,  las obligaciones relacionadas con la remisión condicional de la pena dispuestas en su calidad de adulto no pueden ser exigidas del modo que se ha hecho, porque se atentaría contra la posibilidad de lograr los objetivos de la sanción anteriormente impuesta”.

L.A.P.A., de 19 años, cumplía con el régimen semicerrado en el centro Arica del Sename, entidad que pidió su internación en la Unidad de Siquiatría del hospital ariqueño. Desde allí fue sacado para llevarlo a la cárcel luego de que se le revocara el beneficio de firma mensual, en el contexto de una imputación por amenazas en que fue formalizado recientemente, ya en calidad de adulto.

El joven debía pernoctar cada noche en el Centro Arica, en cumplimiento de las dos condenas previas como adolescente, a lo cual concurría con regularidad, pero sufría desestabilizaciones que motivaron su envío al hospital. Por esa razón no acudió a Gendarmería para iniciar la firma mensual que le impuso el nuevo caso en su contra, esta vez por amenazas.

Orden del juez

El caso tuvo notoriedad hace un par de semanas, pues L.A.P.A. debió ser llevado en ambulancia, acompañado de dos enfermeros, a una audiencia de revocación de beneficios citada por el juez Mauricio Pontino, quien había ordenado que la policía lo sacara del hospital para llevarlo al tribunal.

Los defensores públicos explicaron en la oportunidad que el joven estaba cumpliendo medidas dictadas por el Seremi de Salud y el Sename, por lo que aún no empezaba a acudir a Gendarmería para la firma mensual decretada en la imputación por amenazas.

Víctor Providel, jefe de Estudios de la Defensoría Regional, advirtió que la interrupción del proceso que el menor cumplía en Sename “no sólo vulneraba tal derecho en este caso específico, sino que echaba por la borda toda la inspiración que fundó la nueva legislación penal dirigida a los jóvenes, que busca darles la oportunidad de rehacer su vida”.

El pronunciamiento unánime de la Segunda Sala fue suscrito por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Juan Araya, Carlos Künsemüller y Haroldo Brito.

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