Sala de Prensa

22/03/2012

¿Qué es la defensa penal?

La siguiente columna de opinión, escrita por el Defensor Regional del Maule, fue publicada el pasado martes 6 de marzo en el diario El Centro de Talca.

A la luz de numerosas encuestas de opinión, comentarios en las redes sociales e incluso chistes contados por los humoristas en el festival del verano, parece que los chilenos no sabemos qué es y qué implica tener derecho a un defensor penal público.

En primer término, diremos que es un derecho constitucional, recientemente declarado irrenunciable por el constituyente. Eso formalmente hablando, pero en castellano sencillo significa que cualquier persona acusada de un delito debe tener un defensor que guíe sus pasos procesales.

En términos más concretos, como Chile es una república, cuya característica, para diferenciarla de la monarquía, es la separación de funciones o poderes -los cuales son el ejecutivo, el legislativo y el judicial-, todas sus autoridades tienen como límite principal (de carácter formal) el respeto irrestricto de la ley, partiendo por la Constitución Política como norma fundamental.

El sometimiento de estas autoridades a la normativa legal para el ejercicio de sus funciones -junto o al igual que todos los ciudadanos comunes y corrientes- nos habla de la existencia de un Estado de derecho.

Extrapolando esto a la principal actuación del Poder Judicial, cual es dictar sentencia, y llevándola al ámbito penal, la única seguridad que se tiene en orden a legitimar y dar por cierto que todas las garantías o derechos de una persona juzgada criminalmente se han respetado por el Estado es la existencia de un abogado defensor para cada imputado.

De no ser así, estaríamos volviendo a las ordalías medievales, a los consejos de guerra, de por sí excepcionales, a las ejecuciones masivas sin derecho a juicio, todas realidades en las que no operó debidamente el Estado de derecho, y que por ello dan pie a dudar en torno a la legitimidad de los procesos en los que se sancionó a alguna persona.

Es decir, contar con defensa en una causa penal da tranquilidad, certeza y legitimidad en relación a que el Estado actuó legalmente a la hora de imponer a un ciudadano una condena penal (eventualmente, aquello puede significar la muerte de una persona o su privación de libertad por un largo tiempo, así de grave es) y que no se ha mal utilizado el poder estatal en contra de una persona natural que se encuentre indefensa frente al poder de un Estado o de un gobierno, si se quiere.

Por ello es tan importante la labor de nuestros defensores penales públicos a lo largo y ancho del país, ya que son prenda de garantía de que el Estado de derecho funciona en Chile o, dicho de otra forma, que las “instituciones funcionan”. Y esto, lejos de ser un problema o un chiste, habla muy bien de nuestro sistema penal en su conjunto.

Por José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional del Maule.

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