Sala de Prensa

13/04/2012

Dos egresados de derecho se han especializado en la Defensoría Regional de Aysén

Postulantes valoran convenio de la DPP con la Corporación de Asistencia Judicial

La licenciada Natalia Dalidet y el abogado Sebastián Lagos consideraron sus respectivas prácticas como “una gran oportunidad” y “una experiencia enriquecedora”.

Tras poco más de dos años de vigencia, el convenio firmado en 2009 entre la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío empieza a mostrar sus frutos. La iniciativa, que brinda a los egresados de derecho la oportunidad de  realizar su práctica profesional de seis meses en la Defensoría Regional de Aysén, tiene hasta ahora a dos egresados.

Se trata de la licenciada Natalia Dalidet y del abogado Sebastián Lagos, quien además este año obtuvo el tercer lugar a nivel nacional en la prueba de habilitación que la Defensoría realiza a quienes quieren ejercer como defensores penales públicos licitados. “Existe bastante esfuerzo personal, ya que es una prueba muy compleja”, dijo Lagos sobre ello.

Consultada sobre su práctica, Natalia Dalidet explicó que desde la universidad tuvo siempre más interés por el área penal, de modo que al enterarse del convenio no dudó en postular.

“Era mi gran oportunidad para conocer los procedimientos y desenvolverme en el área. En la Defensoría no sólo tuve la oportunidad de comparecer en juicios orales, revisar carpetas investigativas y plantear teorías del caso, sino que tuve contacto directo con personas que lo necesitan. Sentir que puedes hacer algo por alguien, sea culpable o inocente, es impagable”, relata.

Titulado en la Universidad Católica de Chile y primer practicante en la Defensoría, Sebastián Lagos cataloga esa etapa como “una experiencia  enriquecedora”, que le dio la oportunidad de trabajar “in situ” con abogados de larga trayectoria en defensa penal. “En la práctica, la labor de defensa requiere caso a caso realizar un esfuerzo intelectual importante, debido a que es la libertad individual de una persona la que está en pugna”, dice.

“La DPP cumple una labor social trascendental, pues ejecuta el principio constitucional de asesoría legal a los imputados, que en un 90 por ciento son personas de escasos recursos, con educación precaria y muchas veces marginados toda su vida por la sociedad. Establecer una buena defensa para todos es una labor fundamental en una sociedad democrática, en especial en nuestra Patagonia, donde la cultura local es diferente al resto del país”, agrega.

ESPECIALIZACIÓN
Iván Gutiérrez, director de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío y coordinador del programa, explica que el convenio permite hoy que, desde la CAJ, los postulantes puedan ingresar al mercado laboral con un grado de especialización relevante. Por lo mismo, y dado el éxito alcanzado, este año se ampliará hacia la Fiscalía.

“Antes sólo se podían realizar estas prácticas en los consultorios jurídicos de las corporaciones. Ahora, si hay postulantes interesados, ellos podrán acudir a la Defensoría o la Fiscalía, inclinándose dentro de lo penal por el ámbito persecutor o por el de la defensa. Ellos pueden elegir”, asegura.

Consultado sobre el tema, el Defensor Regional (S), Fernando Acuña, agrega que para la DPP participar en la formación de abogados defensores ha sido una experiencia “enriquecedora”, porque en su paso por la institución “ellos fueron de gran ayuda y la respuesta de ambos fue extraordinaria, demostraron sensibilidad, conocimientos y responsabilidad, por lo que nuestro jefe de Estudios los calificó como sobresalientes”, aclaró.

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