Sala de Prensa

23/04/2012

Defensoría Penal Pública atiende a concejales de Arica detenidos por la PDI

Defensor Regional de Arica y Parinacota dijo que el procedimiento de esta mañana vulneró diversas garantías que tienen los ciudadanos en estos casos, por lo que se presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones.

Abogados de la Defensoría Penal Pública atienden desde esta mañana a una docena de autoridades y funcionarios de la comuna de Arica que fueron detenidos en las últimas horas por la PDI, a raíz de una investigación del Ministerio Público. Sin embargo, los defensores encontraron trabas en el ejercicio de sus funciones, según expresó Claudio Gálvez, Defensor Regional de Arica y Parinacota.

Efectivamente, tras hacerse oficial la detención de seis de los ocho ediles, del suspendido alcalde de ese municipio, Waldo Sankán, y de varios funcionarios municipales, los profesionales de la DPP acudieron a dependencias de la policía para conocer directamente las versiones de lo imputados, pero no pudieron entrevistarse con ellos con la privacidad que la ley permite, ya que la PDI mantuvo a sus efectivos en las celdas, lo que imposibilitó ejercer cabalmente el derecho a defensa.

“Nos preocupa que una investigación legítima conlleve procedimientos que no cautelen las garantías constitucionales que cualquier persona posee. Nadie se opone a que se indague sobre presuntos delitos, pero cualquier ciudadano -sea autoridad o no- debe ser respetado y la policía debe cumplir su deber sin transgredir ni las leyes chilenas ni los tratados internacionales”, explicó Claudio Gálvez al comentar el caso.

El Defensor Regional agregó que en el conjunto de procedimientos se pasaron a llevar garantías básicas, por lo que la Defensoría interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Arica, a fin de restablecer su respeto.

“El mismo Reglamento Interno de la PDI, relativo a estos procedimientos, tiene normas que no observan las obligaciones que Chile debe cumplir ante tratados internacionales y normas chilenas como el Código Procesal Penal, lo cual debe ser subsanado”, explicó el Defensor regional.

Las detenciones de los representantes comunales se produjeron esta mañana, luego de que los policías acudieran a la sede municipal para revisar diversas oficinas y domicilios particulares, en la búsqueda de documentación relacionada con proyectos financiados en esa corporación.

Tras esas diligencias, los detenidos fueron transportados hasta el cuartel de la PDI, donde sólo pudieron tomar contacto parcial con los defensores penales públicos.

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