Sala de Prensa

12/06/2012

En la Región de Coquimbo

Tribunal suspendió inicio de juicio oral por el caso ‘Caimanes’

En la causa, cuatro abogados y un dirigente vecinal son acusados por delitos de prevaricación, asociación ilícita, desordenes públicos y suscripción engañosa de documentos.

Por considerar que aún existen recursos pendientes presentados por los intervinientes ante la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Corte de Apelaciones de La Serena, el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle resolvió suspender el inicio del juicio oral por el denominado caso ‘Caimanes’.

Por sobre las diferencias que existen en las respectivas teorías del caso, el Ministerio Público, los querellantes, los defensores públicos y los abogados privados involucrados estuvieron de acuerdo y manifestaron a los magistrados Eugenia Gallardo, Arturo Briceño y Claudia Ortiz su intención de postergar el inicio del juicio.

El fundamento principal fue que todos los intervinientes, por una u otra razón, habían presentado con anterioridad diversos recursos legales en tribunales de máxima instancia, con el fin de anular el auto de apertura resuelto en la audiencia de preparación de juicio oral, que se desarrolló en abril pasado en el Tribunal de Garantía de Los Vilos.

En el auto de apertura se consignan todos los medios de prueba que serán presentados en el juicio oral, es decir testigos, peritos y pruebas documentales, entre otras.

PRESENTACIONES DE LA DEFENSA

En el caso de los defensores penales públicos Marco Jurín y Carlos Tello, ellos presentaron una recusación ante la Corte de Apelaciones en contra del juez de garantía de Los Vilos, Zenén Cano, por falta de imparcialidad para intervenir en el proceso.

Ello estaría determinado por el hecho de que el magistrado intervino en su calidad de juez de competencia común en trámites legales previos al caso, los que estarían íntimamente relacionados con la causa penal. De hecho, una defensa particular de la causa solicitó al juez como testigo para declarar en el juicio oral, aunque él mismo resolvió excluirse.

Además, ambos abogados presentaron una apelación para anular la audiencia de preparación de juicio oral, ya que en ésta el citado juez incluyó y omitió pruebas importantes para la defensa.

En definitiva, el tribunal oral suspendió el juicio y citó a una audiencia para el próximo jueves 28 de junio, esperando que a esa fecha los recursos ya se encuentren resueltos y se pueda entonces fijar la nueva fecha para el inicio del juicio oral. El defensor público Carlos Tello, quien representa a la abogada Sandra Dagnino y el dirigente Iván Sanhueza, se mostró conforme con la determinación de los jueces, porque “era imposible iniciar este juicio mientras no sea corregido el auto de apertura del juicio oral”, dijo.

EL CASO ‘CAIMANES’

En este juicio oral, que se espera dure alrededor de dos meses, cuatro abogados y un dirigente vecinal están acusados por los delitos de prevaricación, suscripción engañosa de documentos, asociación ilícita y desordenes públicos por presuntas irregularidades en un acuerdo con Minera Pelambres para construir el tranque El Mauro.

Según la acusación de la fiscalía, durante 2008 los abogados Ramón Ossa, Sandra Dagnino, Rodolfo Arroyo e Iván Valenzuela, además del dirigente vecinal de Caimanes, Cristián Flores, presumiblemente se concertaron para obtener un millonario lucro económico, mediante acciones de reivindicación social con asesoría directa a los habitantes de la localidad de Caimanes, ubicada en la provincia de Choapa.

De hecho, los vecinos de esa comunidad se han manifestado en diversas ocasiones contra Minera Pelambres por las constantes contaminaciones producidas en el sector.

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