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21/06/2012

Eduardo Morales:

“Es imprescindible para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia penal que los defensores presten una atención de calidad”

En la Cuenta Pública, el Defensor Regional de Valparaíso, destacó los hitos más importantes de la gestión efectuada en 2011.

El Defensor Regional de Valparaíso, Eduardo Morales, sostuvo que la actividad del defensor que controvierte la pretensión fiscal es uno de los pilares de la legitimidad de las sentencias y del propio sistema de justicia.

Agregó que la institución debe asegurar que en cada una de las audiencias y diligencias  que se realizan todos los días en los juzgados y tribunales con competencia penal haya siempre un defensor. “También tenemos la obligación de garantizar que la asistencia legal brindada en cada caso sea una prestación de calidad. No basta la presencia de un abogado, es imprescindible para un funcionamiento adecuado del sistema de justicia penal que los defensores presten una atención de calidad”.

A la cuenta pública asistieron el Defensor Nacional, Georgy Schubert, funcionarios de la institución, defensores penales y autoridades de la región, como el Fiscal Regional (s), Cristian Andrade; la Contralora Regional, Alexandra Guaita; la Seremi de Justicia, María Isabel Ancarola, entre otros.

ESTADÍSTICAS

En la exposición de su cuenta, el defensor detalló que en 2011, la Defensoría Regional de Valparaíso proporcionó asistencia letrada a 41 mil 720 personas. Del total, el 91 por ciento eran mayores de edad y el nueve por ciento adolescentes de entre 14 y 17 años. “El 2010 atendimos a 31.929 personas, es decir, el incremento ha sido extraordinariamente significativo”, dijo Morales.
 
De los adultos el 16 por ciento fueron mujeres, y de  los menores las mujeres fueron el 14,6 por ciento. Viña del Mar y Valparaíso concentran casi el 43 por ciento de todos los  usuarios.

Morales agregó que se prestó defensa penal a 3 mil 747 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. Como en el caso de los adultos, Viña del Mar y Valparaíso agruparon el 44 por ciento de los ingresos.

“En 2011 casi el 80% de los menores que estuvieron en internación provisoria no fueron condenados finalmente, a sufrir penas privativas de libertad, es decir, cumplieron con un encierro que no les correspondía. En cada uno de esos casos solicitamos más de una vez, sin éxito, la revisión de la medida cautelar. El problema es que la cárcel es criminógena. La cárcel promueve la reincidencia y no la rehabilitación. Sus efectos perniciosos, graves para los adultos, son mucho más marcadores en la adolescencia”, sostuvo Eduardo Morales. 

En la región, los delitos más frecuentes fueron el de lesiones con un 19,2 por ciento; los delitos contra la libertad e intimidad de las personas con un 14,4 por ciento; los  hurtos con un 11 por ciento; los de la ley del tránsito con un 9,9 por ciento;  los robos con un 7,6 por ciento y los delitos de la ley de drogas con un 4,9 por ciento.  No hay cambios en la distribución de los tipos de ilícitos en la región y ella es similar a la que se observa en el país. 

El defensor destacó que del total de causas ingresadas en 2011 a la Defensoría Penal Pública, un 75,6 por ciento terminaron dentro de ese mismo año.

MEDIDAS CAUTELARES

En 2011, sin contar las detenciones, se aplicó alguna medida cautelar al 48,5 por ciento  de nuestros usuarios, 20 mil 390 personas. El Defensor Regional Eduardo Morales afirmó que “la prisión preventiva no experimentó variaciones porcentuales de relevancia en los últimos dos años e incluso es posible anotar una leve disminución de la proporción de los casos en que se hizo efectiva  -desde el 16 al 15,4 por ciento- pero en términos numéricos ha crecido su aplicación”.  

Agregó que además se observó un  aumento importante en la aplicación de las otras medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, en cuya virtud restringieron las libertades o los derechos patrimoniales a más de 17 mil personas.

En el 45 por ciento de las causas se realizó el año pasado una audiencia de control de la detención. Al respecto, Morales dijo que “en total, 19 mil 130 personas vivieron esa experiencia. Ellos representan casi el 2 por ciento de la población de la región mayor de 14 años”.

Agregó que, “el año pasado llamamos la atención sobre el uso de la facultad de los fiscales del Ministerio Público para  decidir si el detenido debe o no permanecer en esa condición y ser conducido ante el juez privado de libertad, potestad discrecional pero que no puede ser arbitraria”, dijo el defensor.

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