Sala de Prensa

11/07/2012

Columna de opinión:

Descongestionar la cárcel

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional del Maule, fue publicado ayer por el diario El Centro de Talca.

En pocas semanas se han echado a andar diversas medidas que tienden a reducir el número de personas que actualmente se encuentran privadas de libertad.

La ley de indulto conmutativo se encuentra en pleno proceso de aplicación y ha contado con una eficiente puesta en funcionamiento de parte de Gendarmería de Chile, tarea en la cual la Defensoría Penal Pública ha prestado todo su apoyo en cuanto a difusión y logística.

Así, mujeres, extranjeros, personas beneficiadas con la reclusión nocturna y con salidas controladas al medio libre están en pleno proceso de aprobación de su indulto, el que les permitirá cambiar el encierro por un control discreto de la autoridad. De hecho, algunas personas sometidas a alguna sanción en el Maule ya han recuperado su libertad.

Por otra parte, la multa -como una sanción más contemplada en el catálogo de penas del Código Penal- ha sido reformada para permitir que los sancionados elijan cumplirla prestando trabajo voluntario en beneficio de la comunidad, y así no correr el riesgo de que -por vía de sustitución frente al no pago de ella- tengan que cumplirla en reclusión. 

Sumado a aquello, la reducción de cinco a sólo tres días de reclusión por cada Unidad Tributaria Mensual (UTM) de multa permite tener más opciones de sanciones no privativas de libertad y que, por incivilidades o delitos no tan graves, se saturen las ya hacinadas cárceles de nuestro país.

Y por último, las profundas modificaciones que sufrió la Ley N° 18.216, que establece ahora penas sustitutivas a la privación efectiva de libertad -sumando herramientas tecnológicas para el control a distancia de los condenados- viene a cerrar esta trilogía que busca terminar, o al menos aliviar, el drama del hacinamiento y las condiciones infrahumanas en que viven los presos en Chile.

Una situación que es cuestionada año a año por los organismos de derechos humanos tanto nacionales como extranjeros, que ha sido seriamente criticada por la propia Excelentísima Corte Suprema y que ha culminado en tragedias difíciles de explicar en un país que se dice en vías de desarrollo.

Hacemos votos para que estas iniciativas permitan lograr su objetivo, toda vez que no es coherente que nos encontremos en uno de los países más seguros y pacíficos del mundo y, a la vez, seamos la tercera nación a nivel americano con más alta tasa de personas privadas de libertad por habitantes.

Para ello debemos contar con el apoyo y sabiduría de nuestros jueces que deben aplicar esta normativa, de manera tal que cumpla los objetivos que se han trazado, sin dejarse presionar por persona o grupo alguno.  Así sea.

Por José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional del Maule.

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