Sala de Prensa

26/11/2013

Defensor público licitado Guillermo Ibacache

"No todo lo que aparece como delito efectivamente lo es"

El defensor público logró que el tribunal oral de Punta Arenas acogiera sus alegaciones y absolviera a un contratista de obras menores acusado de estafa, ya que no se pudo acreditar el delito por el cual se le acusaba y el caso debía ser resuelto por tribunales civiles y no penales.

Por Héctor Martínez Díaz
Defensoría regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Contra todo pronóstico la sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, integrada por los magistrados Fabio Jordán, Gonzalo Rojas y Pablo Miño dictó de forma unánime veredicto absolutorio para Juan Carlos Ojeda Soto, a quien el Ministerio Público lo sindicaba como presunto autor de varios delitos de estafa, que asciendan a 1.800.000 pesos, junto con ello decretó su inmediata libertad luego de permanecer varios días en prisión preventiva.

Los jueces, recalcaron que con las pruebas rendidas en el juicio no se pudo acreditar la existencia del delito por el cual la fiscalía pretendía condenar al acusado con tres años de cárcel.

Cabe hacer notar, que el defensor público licitado Guillermo Ibacache, en todo momento sostuvo la inocencia de Ojeda, dejando en claro que el problema que tuvo su cliente con las presuntas victimas debía zanjarse en los tribunales civiles y no los penales.

El defensor Ibacache expresa que en este caso “se puso a prueba lo que yo siempre discutí, que era considerar al derecho penal como la ultima ratio, ya que no podemos los ciudadanos trasladar todo los problemas que podamos tener en la vida diaria para el conocimiento de un tribunal del crimen”. “Porque con ese criterio podríamos por ejemplo establecer que si yo le arriendo una propiedad  a un señor y no me paga, entonces para mí resulta mucho más fácil, más cómodo denunciarlo en la fiscalía por estafa y si la fiscalía persigue al señor para que  page las rentas de arrendamiento nos olvidamos del derecho civil o del derecho comercial”, agrega Ibacache.

Según el defensor con Ojeda se dio una situación similar por cuanto lo que había eran incumplimientos ya que el imputado, que trabaja en el rubro de la construcción como contratista de obras menores, fue contactado por cuatro personas para hacer trabajos de remodelación en viviendas: “El aceptó hacer el trabajo pero como no tiene medios suficientes debe pedir dinero adelantado, como hacen todos los maestros, y en base a eso empezó a trabajar pero a medida que el trabajo se iba desarrollando no iba acorde a la satisfacción del interesado una porque no llegaban los trabajadores, o llegaban a deshoras, o faltaban”, expresa el defensor. “Ese incumplimiento o forma irregular de trabajar, molestó a las personas que lo contrataron solicitándole que se les devuelva el dinero adelantado, pero él no estaba en condiciones de hacerlo”, señala Ibacache.

“Si él hubiera tenido dinero se podría haber llegado a un acuerdo, a lo anterior se sumó que a medida que los medios de comunicación informaron que había tenido condenas anteriores por estafa empezaron a llover las denuncias, las que acogió la fiscalía”, comenta el defensor público.

No existió delito

El defensor explica que “no hubo estafas, sino incumplimientos de contratos y debía haberse visto en los juicios civiles, no hubo delito porque él efectivamente no engañaba a la gente, como pretendió caricaturizarlo la fiscalía que lo presentó como un embaucador”.

“En el juicio, llevé pruebas de que esta persona hace sus trabajos, incluso a mi mismo me hizo una remodelación y sé que esta persona cuando contrata sus trabajos no está pensando engañar a la gente sino en cumplirlos”, remarca.

El defensor reitera que este no era un problema para solucionar en el ámbito penal “la fiscalía debe aprender, de una vez por todas, que también está el derecho  civil y, siempre es bueno, dar de vez en cuando un vistazo al código civil, comercial o derecho de familia porque de lo contrario cerremos todos los tribunales ya que estaríamos llevando todo al derecho penal, lo que me parece un despropósito”.

El defensor público todavía recuerda la imagen de su cliente llorando abrazado con su madre, hermana y otros familiares que lo acompañaban cuando le explicó que había sido absuelto, dejaba atrás la acusación y recuperaba su libertad tras la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre él y el fantasma de tres años y un día de cárcel que solicitaba para el ente persecutor.

“Esto sucede porque, a diferencia de lo que  algunos puedan o quieran creer, no todas estas cosas que aparecen como delitos son efectivamente tales”, concluye el defensor público.

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