Sala de Prensa

03/02/2014

Encarcelados por error

Han pagado con cárcel tras una identificación equivocada o un testimonio falso o una diligencia policial imprecisa (La Revista del Sábado de El Mercurio, 1 de febrero de 2014)*

No hay estadísticas de cuántos presos en Chile han logrado demostrar su inocencia y obtener su libertad, pero hoy la Defensoría Penal Pública lleva la cuenta con Proyecto Inocentes, iniciativa con la que ya se han identificado 45 casos en los últimos meses.

Julio César Robles Vergara no sabe qué ha sido peor: si los 19 meses en prisión condenado por un delito que no cometió o ese breve momento de angustia parado afuera del penal de Copiapó. Acababa de salir libre, tras una decisión de la Corte Suprema, y pensó que su familia, que hasta el momento no había fallado a una sola visita, no estaba ahí para recibirlo.

Pero ese 14 de enero lo esperaban en la calle sus hermanos, sus familiares y su pequeña hija Bárbara. Todos corrieron a abrazarlo, en lo que fue el último capítulo de una larga cadena de errores que terminaron con él en la cárcel.

Julio Robles resume así lo que siente hoy: "Lo más lindo es estar libre". Dice que si no hubiera sido por decisión de la Corte, habría tenido que terminar su condena. Y siempre habría mantenido la misma pregunta en la cabeza: "¿Por qué a mí me tuvo que pasar esto?".

En junio de 2012, Robles fue condenado a cinco años y un día de prisión por robo con violencia en un minimarket, ocurrido el 4 de agosto de 2010 en el sector Juan Pablo II, en Copiapó. La prueba en su contra era la declaración de un joven, Hugo Henríquez, hijo de la dueña del negocio, quien ese día fue el único en ver al asaltante.

Pero luego sucedió algo que cambió su suerte y que Robles atribuye a un milagro. Tiempo después de su testimonio, Henríquez admitió que se equivocó al reconocer a Robles ante Carabineros. En septiembre de 2012 vio al verdadero autor del delito robando licor en otro supermercado, donde él trabajaba como bodeguero. "Me quedé anonadado, no sabía qué había pasado, no sabía qué pensar. Me dije '¿qué hace acá, si debería estar en la cárcel?'. Altiro me di cuenta que había acusado a otra persona", cuenta Henríquez.

De inmediato fue a la fiscalía a decir que su testimonio estaba mal, pero, según recuerda, allí le dijeron que era "poco creíble". Luego se acercó a los defensores de Robles y a la familia del inculpado.

Con este antecedente, la Defensoría Regional de Atacama llevó el caso ante la Corte Suprema, pese a que las estadísticas jugaban en contra: de enero a noviembre de 2013, de 287 recursos de nulidad, el máximo tribunal había acogido solo 15.

Sin embargo, el caso de Julio Robles fue admitido en diciembre pasado.

De todos modos, recuerda el defensor Renato González, la retractación del testigo, por sí sola, no era garantía para absolver a Robles. Sin embargo, el 14 de enero, los jueces de la Segunda Sala votaron cuatro contra uno a favor de su libertad. Tras el veredicto, la Fiscalía Regional de Atacama descartó que haya existido algún error judicial y declaró que la investigación del caso "siempre estuvo ajustada a derecho".

Hoy, Robles Vergara considera pedir una indemnización al Estado. Pero ya cuenta con otra reivindicación: su historia se sumará al Proyecto Inocentes, de la Defensoría Penal Pública, que desde el pasado 27 de agosto documenta y da a conocer casos de personas que estuvieron en prisión y en los que quedó probada su inocencia, porque no cometieron ninguna falta, porque el hecho del que se les acusaba lo cometió otra persona o porque el delito, lisa y llanamente, nunca existió.

El defensor nacional, Georgy Schubert, dice que la inspiración viene del Innocence Project, que funciona desde 1992 en Estados Unidos y que hasta ahora ha documentado la exoneración de 312 personas inocentes en ese país. El caso más reciente ocurrió el pasado 17 de diciembre, cuando, gracias a una prueba de ADN, fue liberado Gerard Richardson, preso desde 1994 por homicidio.

En seis meses en Chile, Proyecto Inocentes ha logrado documentar 45 historias. La coordinadora general Valeria Vaccaro, explica que los casos les llegan a través de los mismos defensores regionales o por abogados privados. Una vez con todos los datos en la mano, ella, junto con el coordinador jurídico, Humberto Sánchez, los estudia antes de presentarlos al Comité Editorial, compuesto por profesionales de la Defensoría y de instituciones externas, quienes debaten y determinan si no queda duda alguna de que la persona fue encarcelada de forma equivocada.

La cifra negra

La noche del 10 de diciembre de 2008, Rubén Pailamilla murió apuñalado tras resistirse a un asalto cerca del metro San Joaquín. Con la palabra de la única testigo y declaraciones extrajudiciales de pobladores de la Villa Unión, la PDI detuvo a Cristián Rojas Galvani una semana después. La testigo lo identificó en una fotografía. En septiembre de 2009, el joven fue sentenciado a 10 años de prisión por robo y homicidio. "Me pescaron y me llevaron, nunca supe por qué", dice hoy.

Estuvo 303 días en la cárcel.

El 29 de julio de 2010, la Corte Suprema lo absolvió por las "serias imprecisiones" en su caso. El defensor Claudio Aspe asegura que la policía detuvo al muchacho -en ese momento de 19 años- en su casa, sin una orden y sin explicarle las razones; lo interrogó, le tomó fotos y se las mostró a la testigo, quien, antes de la detención, había declarado que el asaltante era del tamaño de su pololo, que medía 1,70 metros. Rojas Galvani mide 1,46 metros. "Hablaba de una persona absolutamente distinta, pero ella siempre dijo que fue él", dice Aspe.

A simple vista, se nota que Rojas Galvani tiene las piernas y brazos extremadamente delgados. Y si se le observa mejor, no puede estirar completamente los brazos. Tiene una deformidad conocida como síndrome de Rockehart. Según Aspe, al momento de enjuiciarlo, nadie vio que este muchacho no pudo haber apuñalado a un hombre mucho más alto y más fuerte que él.

El abogado y profesor de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, uno de los principales estudiosos de este tema en el país, habla de la cifra negra de inocentes que van a la cárcel en Chile, sea en prisión preventiva o tras un juicio oral. "La evidencia es casi anecdótica. Hay razones para pensar que se trata de un problema grave".

Tampoco se puede precisar el número a partir de las cifras entregadas por el sistema penal.

El informe "Seguridad ciudadana con rostro humano", del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de noviembre de 2013, estima que hay unos 48 mil reos en las cárceles chilenas. De enero a septiembre de ese año, la Fiscalía Nacional da cuenta de 6.957 personas sentenciadas en juicios orales. De estas, el 81 por ciento recibió condena y solo 19 por ciento fue absuelto.

Las cifras de la Defensoría Penal Pública, en tanto, muestran que, en ese mismo período, 651 personas que pasaron por la prisión preventiva fueron absueltas.

El coordinador jurídico de Proyecto Inocentes, Humberto Sánchez, explica que para que un caso sea aceptado, "la prueba exculpatoria tiene que ser contundente y debe ilustrar la causa de error en el sistema". De esta manera, quedan fuera aquellas personas que salen en libertad por falta de pruebas o porque los fiscales no perseveraron en su investigación. "Si queremos avanzar sólidamente, necesitamos ser muy rigurosos con el perfil, pero no buscamos que se trate de un segundo juicio", añade Vaccaro.

El otro objetivo de la Defensoría es que las policías, los fiscales, los jueces y los propios defensores estén más pendientes de los errores que pueden presentarse mientras se investiga un caso, como un mal procedimiento policial o del defensor, pericias equivocadas, declaraciones y confesiones falsas o, el más frecuente, las identificaciones erróneas: de los casos documentados hasta hoy, diez ocurrieron bajo esta circunstancia.

Le pasó a Luis Loyola Torreblanca.

En 2008, una mujer denunció una agresión sexual en un puente en La Calera. Dijo que fue un joven "de pelo negro, tez dura, con un cuchillo y muy agresivo". Con esos datos, la PDI armó un set fotográfico de sospechosos vinculados a delitos sexuales en la zona. La víctima reconoció a Loyola, aunque parcialmente, en un 70 por ciento, según el defensor Patricio Jiménez.

Loyola quedó en prisión preventiva. Ocho días después, gracias a una prueba de saliva para comprobar su ADN, el juez corroboró su inocencia y lo dejó en libertad.

Aunque inicialmente su prontuario le jugó en contra, quedó comprobado que Loyola nunca agredió a la mujer. "Tiene condenas previas por delitos contra la propiedad y ha sido investigado por delitos sexuales, pero nunca con condena. Aquí hubo una prueba biológica, pero cuando la acusación que hace la víctima es con lo único que se cuenta, como defensor tengo que atacar su credibilidad y eso es una operación de alto riesgo", explica Jiménez.

En julio, la fiscalía, PDI y Carabineros pusieron en marcha el Protocolo Interinstitucional de Reconocimiento de Imputados, que busca mejorar la calidad de las identificaciones que hacen las víctimas o testigos, tanto en fotografías como en persona, de presuntos responsables. Al respecto, Francisco Maffioletti, subdirector de la Unidad de Delitos Violentos de la fiscalía, dice que el reconocimiento es solo una parte de la investigación y no es definitorio.

Pablo Mackenna es el inocente más conocido del proyecto de la Defensoría. Aunque solo estuvo 48 horas formalizado por presunto abuso sexual contra una menor en el Casino de Viña del Mar, en febrero de 2013, el conductor de TV sabe que la cámara de seguridad que registró los 16 segundos de su encuentro con la niña fue la que lo salvó de la cárcel.

"Yo salí libre por exceso de pruebas de mi inocencia, no como dice el fallo, por falta de pruebas de mi culpabilidad", señala. "El proyecto da visibilidad a una situación que la gente vive día a día, que no entiende y que no quiere ver. Porque es políticamente incorrecto ir por la vida defendiendo a los presos, a los acusados, a los formalizados. Lo que se ve bien es la mano dura con el delito, y el de los inocentes es un tema poco popular. Es parte de lo que gente prefiere barrer debajo de la alfombra".

Entre los delitos más frecuentes en los que se presentan los errores del sistema, Proyecto Inocentes ha determinado que son los robos y los delitos sexuales. En estos últimos no solo hay declaraciones falsas por parte de las víctimas, también existen pericias equivocadas, como le ocurrió a un carabinero de Puerto Cisnes, en Aysén, identificado, a petición de la Defensoría, solo con su nombre de pila: Cristián.

Él pagó con 220 días de prisión preventiva lo que finalmente se definió como "un trauma infantil de su ex pareja". En marzo del año pasado fue llevado a juicio oral por presunto abuso sexual. La supuesta víctima era una niña de nueve años, hija de su mujer, a la que habría violado en marzo de 2012, cuando los tres dormían en la misma cama y la madre se había levantado al baño.

El abuso jamás ocurrió. Sebastián Lagos, defensor del policía, explica que luego la madre reconoció que proyectó sus miedos en su hija porque ella, de niña, había sido abusada sexualmente. La niña fue examinada por un médico general, quien confirmó que la niña tenía signos de haber sido abusada. Al día siguiente, sin embargo, el perito en sexología de Coyhaique determinó lo contrario. Ante ese antecedente, la madre dijo: 'Parece que cometí un error' e intentó retirar la denuncia, pero los fiscales le dijeron que había violación y que seguirían adelante".

El tribunal oral de Aysén absolvió de forma unánime a Cristián. Consideró que el caso estaba sustentado en una interpretación equivocada de los hechos y en un mal diagnóstico. La menor declaró ese día en la sala: "Yo quiero decir que el tío no me hizo nada y que mi mamá me preguntó tantas veces si me había hecho algo y yo le dije que sí".

El carabinero ya no vive en Puerto Cisnes.

*Cecilia Guadarrama, autora de este artículo, es estudiante del Magíster de Periodismo Escrito impartido por la Facultad de Comunicaciones UC y El Mercurio

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