Sala de Prensa

01/07/2014

Encuentro se desarrolló la semana pasada en Santo Domingo, República Dominicana

El Defensor Nacional expuso sobre tortura en VI Congreso de la Aidef

Georgy Schubert criticó que este tipo de delitos no tengan un reproche moral equivalente al maltrato animal. “En una democracia no se tortura al opositor político (…) Hoy las víctimas son las personas imputadas de delitos”, aseguró.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional

Al participar durante la semana pasada en el VI Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef) -efectuado en Santo Domingo, capital de República Dominicana-, el Defensor Nacional, Georgy Schubert, presentó una ponencia sobre el tema de la tortura en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Bajo el título “Constitución, garantismo, acceso y derechos humanos, un reto para América Latina y el Caribe”, el encuentro convocó en esa capital centroamericana a representantes de todas las defensas públicas del continente, además de expertos en derecho penal como los italianos Luigi Ferrajoli y Alberto Filippi, el argentino José Cafferata Nores y el mexicano Sergio García Ramírez, entre otros.

La exposición de Schubert se centró en el sinsentido que significa que mientras en varios países de la región se fortalecen los grupos animalistas, las sociedades del continente no rechazan con la misma fuerza la tortura y otras prácticas atentatorias contra los derechos humanos.

“Es muy positivo que exista un repudio bastante generalizado al maltrato animal. El problema es que no existe un reproche social equivalente respecto de la aplicación de torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, que hoy no se dan como efecto de la represión política de décadas anteriores, sino que ocurren donde normalmente se dan en democracia, es decir afectando a personas privadas de libertad, pues hoy día las víctimas de tortura son las personas imputadas de delitos”, explicó.

El Defensor Nacional agregó que pese a que la percepción general sobre el tema parece haber quedado suspendida en el tiempo -asociando la tortura a la pasada existencia de dictaduras en el continente-, se trata de un problema que persiste y frente al cual no hay que confundirse.

“Que las víctimas de hoy sean otras no implica que la aplicación de torturas o castigos similares sea menos escandalosa porque, además, cuando se trata de prácticas sistemáticas son crímenes de lesa humanidad. No nos engañemos. En una democracia no se tortura al opositor político”, afirmó.

Schubert insistió en que tanto la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como de la Corte Europea son taxativas en cuanto a que no existe justificación alguna para la aplicación de torturas físicas o sicológicas -ni siquiera la guerra o la existencia de estados de excepción constitucional- y que las normas internacionales adoptadas por los Estados son imperativas y no admiten derogación ni suspensión bajo ninguna circunstancia.

CAMBIO DE CRITERIO
En su presentación, el Defensor Nacional aclaró que otro cambio ya asentado en la jurisprudencia internacional vigente es que son los Estados los que están obligados a investigar de oficio denuncias de este tipo, y deben hacerlo de manera pronta, imparcial y acuciosa, básicamente porque las personas privadas de libertad están bajo su custodia y, por lo tanto, es el propio Estado el que debe garantizar su seguridad.

“Frente a alegaciones o denuncias de tortura de una persona que ha estado bajo la custodia del Estado, es el propio Estado el que debe justificar o probar que eso no ha sido ocasionado por sus agentes. La jurisprudencia invierte el peso de la prueba y eso es contrario a la lógica con la que hemos funcionado hasta hoy, en que las personas afectadas deben demostrar que fueron torturados por agentes del Estado. Eso ya no es suficiente”, señaló.

Para Schubert, lo anterior explica la urgente necesidad de mejorar los procesos de formación y cambiar profundamente los protocolos operativos de los agentes de persecución penal en todo el continente, tema del cual Chile no puede excluirse, dado que el país ha aceptado suscribir las convenciones y sus respectivos protocolos facultativos.

“Este es un camino que no tiene marcha atrás, porque además es claro que esto no debilita al Estado en su misión de perseguir o combatir el delito. Muy por el contrario, la sanción de delitos como la tortura fortalece al estado de derecho e intenta erradicar de manera definitiva prácticas inaceptables para la dignidad humana”, afirmó.

FALTA DE INFORMACIÓN
Consultado en particular sobre el estado de este tema en Chile, Schubert explica que en nuestro país no existe información suficiente sobre las reales dimensiones del problema de la tortura, pues si bien las sanciones que se han aplicado son muy escasas, eso no quiere decir que el tema sea irrelevante.

“Las denuncias son muy pocas precisamente porque se mantiene esta lógica de que los malos tratos deben ser probados por el denunciante. Así lo entienden incluso los fiscales del Ministerio Público. Acá simplemente se ignora la jurisprudencia internacional. No hay conciencia ni seguimiento adecuado de cuántos casos son los que se denuncian y cuál es el resultado de tales denuncias”, aseguró.

Por lo mismo, Schubert agregó que la visión de la Defensoría sobre esta realidad es de “pronóstico reservado”, porque si bien se sabe que el problema existe, “no sabemos cuán grave, profundo y difundido está, aunque sí sabemos que siguen bastante asentadas concepciones completamente erradas sobre este fenómeno, lo mismo que de la forma de prevenirlo y sancionarlo”.

El Defensor Nacional cree que existe un largo camino por recorrer en la capacitación y formación de los funcionarios públicos, porque incluso si éstos observan la comisión de actos de tortura o similares y no intervienen, también ser considerados culpables según la jurisprudencia internacional.

A partir de lo anterior, Schubert dijo que sin perjuicio del rol relevante que le cabe al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del liderazgo político que deberán ejercer la naciente Subsecretaria de Derechos Humanos y sus organismos asociados, el tema también es responsabilidad de la Fiscalía, de las policías, de la Corte Suprema y de los propios defensores públicos.

“Si nosotros toleramos esto y lo empezamos a ver como un problema común y aceptable o no nos llama suficientemente la atención, también incumpliremos nuestras responsabilidades. Culturalmente, además, muchas personas privadas de libertad no entienden que han sido víctimas de tortura, porque creen que es parte de las reglas del juego ser golpeados en una cárcel o en un centro de detención”, sostuvo.

 

 

 

 

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