Sala de Prensa

08/10/2007

Seguridad ciudadana: Medidas en dirección correcta

Eduardo Sepúlveda Crerar, Defensor Nacional (Columna publicada en La Nación, 8 de octubre)

Las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno en materia de seguridad ciudadana apuntan en la dirección correcta, por cuanto están destinadas a prevenir la comisión de delitos y, por sobre todo, a generar oportunidades de reinserción social.

Nos parece vital el programa especial de capacitación para 5.000 jóvenes de comunas con alto nivel de vulnerabilidad social y desempleo, de manera que puedan aprender oficios y disciplinas para acceder a fuentes de trabajo.

De la misma forma, subrayamos el refuerzo del programa de prevención del consumo de drogas, por la vía de que el Programa Previene del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes llegue a 140 comunas, de manera de fortalecer la prevención del consumo de drogas en la familia y en el segmento juvenil con fuerte vinculación con las redes sociales de las comunidades locales.

Otra medida de alto impacto en materia de reinserción es la creación de un subsidio a las empresas que contraten a personas que, teniendo antecedentes penales, estén en el proceso de rehabilitación. Nos parece que el complemento fundamental de esta medida es que la empresa privada efectivamente se comprometa a hacer su aporte en esta materia, utilizando el nuevo instrumento y, de esta forma, ratificando que opta por la responsabilidad social. Exitosas experiencias desarrolladas en el país por empresarios privados muestran que ésta es una excelente opción para el cambio de vida de personas que han estado en conflicto con la justicia.

Sin duda que abrir posibilidades a los jóvenes para que superen la marginalidad y permitir a las personas en conflicto con la justicia que puedan conseguir un trabajo remunerado son señales muy potentes de la sociedad.

Es también destacable que el Ministerio del Interior haya decidido trabajar directamente con las organizaciones sociales, reforzando la participación y comunicación de manera que los vecinos perciban que no están solos frente a la delincuencia.

En este marco es, asimismo, importante el reforzamiento del trabajo policial -por la vía de contar con más personal, mejor equipamiento y la instalación de nuevas unidades a lo largo de país-, el que indudablemente debe ir de la mano con una adecuada preparación profesionalizada, de manera que tanto Carabineros como Investigaciones cuenten con altas dosis de confianza ciudadana.

Constituye también un paso adelante el inicio de un estricto proceso de fiscalización y control de las armas inscritas y de municiones en manos de particulares. Nos parece que se debiera complementar esta política criminal con la implementación de una pena: la prohibición de que quienes hayan cometido delitos violentos puedan inscribir armas. En esta misma línea, debiera establecerse como una medida cautelar expresa la prohibición de posesión de armas de fuego a quienes sean formalizados por situaciones que pudiesen afectar la integridad de las personas.

Pensamos que otro avance, para mejorar la atención a las personas víctimas de delitos violentos, es que se les brinde una atención integral, incluyendo apoyo jurídico.

La Defensoría Penal Pública desarrolla un trabajo para proteger los derechos de las personas mayores de 14 años de edad acusadas de faltas, delitos o crímenes. No obstante, no es un organismo que apueste a la impunidad. Lo que nos interesa es que sigamos avanzando en la superación de las desigualdades en los factores de vulnerabilidad, que haya adecuada prevención en materia de seguridad ciudadana, que las sanciones -cuando corresponda- sean justas y que se generen oportunidades de reinserción social, porque de esta manera tendremos una sociedad, por sobre todo, basada en la convivencia pacífica.

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