Sala de Prensa

12/08/2014

El Defensor Nacional participó en debate organizado por el Senado en Santiago

“La autonomía institucional es indispensable para un real acceso a la justicia”

Georgy Schubert consideró ante la Comisión Especial de Seguridad Pública del Senado, “legítimo y necesario” debatir sobre aumentar o no las facultades de policías y fiscales, pero advirtió que ello “debe ser la última opción, porque entregar más poder al Estado en estas materias impacta en las garantías y libertades individuales de todos”.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

En el contexto del intenso debate de las últimas semanas sobre diversos temas de seguridad pública en el país, el Defensor Nacional participó recientemente en un seminario sobre el tema organizado por el Senado, espacio en que expuso la mirada institucional sobre el rol que le compete a la Defensoría para “señalar los límites que deben existir en la necesaria persecución de los delitos que debe hacer el Estado”.

El encuentro congregó a las principales autoridades de los servicios e instituciones que tienen competencia en el ámbito de la justicia penal, incluyendo al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz; el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, entre otros.

“Existe una tensión permanente y necesaria entre la necesidad de perseguir los delitos y la de proteger las garantías individuales, pero se requiere un punto de equilibrio para evitar que los ciudadanos se vean privados ilegítimamente de sus libertades y garantías, y para impedir que construyamos un Estado policial más que un Estado democrático de derecho”, aseguró Georgy Schubert.

El principal directivo de la DPP explicó que si bien en Chile existen delitos graves, las cifras muestras que éstos se mantienen estables, pues los delitos que más aumentan son aquellos contra la propiedad o los cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar. Lo anterior, agregó, permite un espacio adecuado para debatir y encontrar políticas públicas equilibradas, basadas en evidencia suficiente.

“Estas cifras indican que estamos muy lejos de la puerta giratoria, pues tenemos una de las tasas más altas de personas encarceladas en la región. No tenemos un sistema excesivamente garantista, sino que especialmente duro, contrariamente a lo que quisiéramos”, aseguró.

LEYES NECESARIAS
Schubert aclaró que existen varias leyes que deberían aprobarse a corto plazo. Por ejemplo, una que permita la creación de jueces de ejecución de penas, para regular y ordenar adecuadamente el cumplimiento de éstas y la reinserción de los condenados. 

“También debe reforzarse el sistema de investigación, prevención y sanción de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde también tenemos un problema normativo, que afecta incluso a las competencias de los tribunales ordinarios con la justicia militar”, añadió. 

Schubert, quien también pidió avanzar en el ámbito de los derechos migratorios para abordar la nueva realidad que vive el país, explicó que en nuestro país es necesario consolidar un estatus de autonomía para la defensa pública, “para que la institución pueda participar más y mejor en el debate de materias criminales y para que ejerza como un contrapeso capaz de subrayar los límites de la persecución criminal. “La autonomía institucional es indispensable para un real acceso a la justicia”, indicó. 

“Sin todos estos límites esenciales, no sólo habrá inocentes que vayan a la cárcel -peligro que a la Defensoría le importa resaltar- y se transformará en ilegítima la persecución penal del Estado, sino que tampoco se construirá, precisamente, la necesaria paz social”, concluyó el Defensor Nacional.

SISTEMA EXITOSO
Según Schubert, el sistema de justicia criminal funciona bien y ha llegado incluso a ser exitoso, si se compara el trabajo de fiscales y policías chilenos con lo que ocurre en otras regiones del continente.

“Esto no impide que la ciudadanía tenga una sensación muy alta de inseguridad. Esa mala valoración de las políticas anti delincuencia es extremadamente negativa para la institucionalidad y causa desprestigio a instituciones tan importantes como los tribunales y la Fiscalía (…) Se trata de un tema de Estado y tenemos que hacernos cargo de él, pero no lograremos soluciones efectivas mientras haya quienes crean que vivimos una crisis de delincuencia, pese a que los números digan otra cosa”, señaló.

AVANCES PENDIENTES
Al referirse en particular a cuáles deben ser los límites de la persecución criminal, Schubert aclaró que este debate no está aun suficientemente instalado en el país y que el catálogo de garantías para los imputados tampoco está adecuadamente desarrollado en la Constitución, ni se entiende adecuadamente que las normas contenidas en tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica son obligatorias para el ordenamiento jurídico interno, por lo que cualquier legislación que se genere en el país debe considerar no sólo lo que éstas expresamente contienen, sino la interpretación que los organismos internacionales hacen de ellas.

“Hablamos particularmente del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile, pues aunque algunos todavía dudan si tales decisiones son obligatorias o no para Chile, es claro que cuando nuestro país ratificó el Pacto de San José dio competencia y facultad a la Corte para interpretar cuáles son estas garantías fundamentales y cuál debe ser su aplicación interna”, afirmó.

A partir de lo anterior, el Defensor Nacional consideró “legítimo y necesario” debatir sobre aumentar o no las facultades de policías y fiscales, pero señaló que ello “debe ser la última opción, porque entregar más poder al Estado en estas materias impacta en las garantías y libertades individuales de todos, más que favorecer particularmente a los delincuentes, como suele creerse”.

GRUPOS VULNERABLES
Georgy Schubert resaltó en su exposición la noción institucional de que ciertas garantías y derechos son de más difícil acceso para algunos grupos vulnerables de la sociedad, como adolescentes, migrantes o personas de pueblos originarios.

Por lo mismo, destacó que “antes que con nuevas normas restrictivas de derechos, la primera forma de abordar este problema debiera ser combinar mejor la gestión de los recursos con las capacidades tecnológicas que necesitan los organismos de persecución penal”.

Luego, dijo, antes de legislar debe evaluarse adecuadamente el impacto que las nuevas normas tendrán no sólo en la ciudadanía, sino también en todos los intervinientes del sistema de justicia, de manera que resulten pertinentes y se cuente con evidencia suficiente para que estas iniciativas cumplan con su finalidad.

“Un cambio en una norma de persecución penal puede impactar a policías, jueces, fiscales, defensores e incluso a quienes están privados de libertad, como ha ocurrido con la reciente ley de penas sustitutivas. No basta medir el costo inmediato, hay que revisar toda la cadena involucrada”, aseguró.


PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN
El Defensor Nacional resaltó, además, que las políticas para aumentar la seguridad ciudadana no sólo pasan por el ámbito de la persecución criminal, contexto en que destacó las palabras del presidente de la Corte Suprema sobre la relación entre pobreza y delincuencia, “cuyos factores de origen están fuera de la mesa del sistema penal”.

“Es urgente mejorar las políticas públicas de reinserción y prevención para personas condenadas, dado que aún es muy escasa la oferta de acceso en adultos y a nivel juvenil es simplemente inexistente”, explicó.

Agregó que también se debe insistir en la necesidad de especialización en el área de responsabilidad penal adolescente, pues “aun con las normas vigentes se puede avanzar mucho. No existen jueces ni fiscales dedicados exclusivamente al trato con adolescentes y sabemos que cuando éstos pasan al control del Servicio Nacional de Menores (Sename) la oferta para ellos es muy limitada”, añadió.

En este ámbito, Schubert, destacó que tal como lo reconoció el general director de Carabineros, Gustavo González Jure, todos los factores que inciden en el inicio de carreras delictivas se enfocan en la infancia, “donde es necesario intervenir en etapas muy tempranas, para anticiparse al efecto de hogares disfuncionales, con altos grados de carencia, abandono y violencia, factores claves en este tema. En un centro de internación  provisoria de Sename no hay nadie que no haya tenido experiencias de vida en que el Estado no intervino a tiempo. Eso podemos resolverlo”, aseveró. 

El Defensor Nacional reconoció como otro tema pendiente la situación carcelaria del país, pues Gendarmería necesita más recursos y la situación de algunos penales no garantiza estándares razonables para cumplir con derechos fundamentales como la dignidad, la salud y la seguridad de los internos y del personal, entre otros. 

“Ninguna política pública puede recargar excesivamente al sistema de justicia criminal, pues si fiscales, jueces y defensores están sobrecargados, todos los derechos declarados son letra muerta. Si nadie tiene tiempo de escuchar a la víctima, si los juicios dejan de realizarse en un plazo razonable, si no hay tiempo para que los imputados se entrevisten adecuadamente con su defensor, todos los derechos puestos en la ley desaparecen ante la aplicación de políticas que expanden innecesariamente el sistema de justicia criminal”, afirmó.

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