Sala de Prensa

23/09/2014

Por 13 votos a cero, en general y en particular

Comisión parlamentaria aprobó legislar para incorporar al equipo de defensa penal juvenil

Proyecto de ley, que ahora pasa a la Comisión de Hacienda, permitirá incorporar a la dotación institucional a los 83 funcionarios que actualmente trabajan en esa área de defensa especializada.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad -y tanto en general como en particular- la idea de legislar sobre un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para mejorar la Ley N° 19.718 de la Defensoría Penal Pública, aumentando en 83 cargos la dotación máxima de personal institucional autorizado por la ley.

En detalle, los 13 parlamentarios de la instancia votaron a favor de esta iniciativa, que permitirá que los 50 defensores penales juveniles y otros 33 profesionales de apoyo y funcionarios administrativos que actualmente trabajan en el modelo especializado de defensa penal pública adolescente -que hasta ahora laboraban a honorarios- pasen a la modalidad de contrata, con todos los beneficios que ello conlleva.

Invitado hoy a exponer ante la comisión, el Defensor Nacional (S), Osvaldo Pizarro, se mostró muy contento con esta decisión, “pues el hecho de que la comisión haya aprobado por unanimidad la idea de legislar recoge el anhelo de los 83 funcionarios de la defensa penal adolescente, como también de todo el resto de los funcionarios de la Defensoría y de los ex Defensores Nacionales que en su momento lucharon por obtener este logro”.

Pizarro explicó que como el proyecto de ley fue aprobado sin observaciones, ahora pasará directamente a la Comisión de Hacienda de la Cámara, desde donde luego pasará a la sala, a partir de lo cual se mostró optimista ante la idea de que esta iniciativa se convierta en ley antes de fin de año.

NECESIDAD PERMANENTE
Reconociendo una necesidad que la Defensoría planteó desde el momento mismo de vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), esta iniciativa legislativa del Ejecutivo se hace cargo de una deficiencia del sistema y “propone una vía de solución para alcanzar una institucionalización de la defensa penal especializada en adolescentes en el país, de manera de contar con una dotación especial de defensores públicos que presten sus servicios en el contexto de las exigencias de la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal”, señaló el mensaje del proyecto.

El objetivo es dotar a la DPP de una provisión permanente y oportuna de defensa penal especializada de adolescentes, área que tiene “una serie de condiciones particulares que elevan el estándar respecto de los adultos”, por lo que se busca “contar no sólo con abogados defensores capacitados y exclusivamente dedicados a atender a este grupo, sino que también con un equipo formado por asistentes sociales y asistentes administrativos”.

Según la iniciativa, esta solución legislativa permitirá que, en adelante, “se pueda ir cubriendo la demanda de atención –para lo cual podrá continuarse con el modelo mixto actualmente existente en la Defensoría Penal Pública- y asegurar que la dotación que se sume sea efectivamente dedicada a la atención exclusiva de los adolescentes infractores de ley, para así conseguir un estándar óptimo de defensa penal juvenil”.

El mensaje presidencial agregó que, hasta ahora, la Defensoría “ha asumido decididamente” la mantención de este modelo y de los profesionales que lo integran a través de un programa piloto que permitió contratar a estos funcionarios bajo el sistema de honorarios para atender la demanda de defensa penal juvenil, “el que ha sido financiado desde el año 2006 mediante una reasignación presupuestaria”.

"De esta manera, al haber transcurrido más de cinco años desde el inicio de este piloto, es posible y necesario definir el modelo de servicio definitivo respecto de la defensa penal de los adolescentes, situación que se perfecciona a través del presente proyecto de ley”, asegura el proyecto.

OTROS DETALLES
El proyecto modifica el inciso tercero del artículo 31 de la ley de la Defensoría, permitiendo así la incorporación de 50 defensores locales que cumplirán funciones para la defensa penal de adolescentes.

También incorpora dos artículos transitorios: el primero incrementa en 83 cupos la dotación máxima de personal vigente en la institución y el segundo señala que el gasto extra que representará este cambio -calculado oficialmente en poco más de 719 millones de pesos anuales- “se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto de la Defensoría Penal Pública”, aunque el Ministerio de Hacienda “suplementará dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos”.

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