Sala de Prensa

09/01/2015

Nueva Ley N° 20.802 contiene un artículo único y dos disposiciones transitorias

Diario Oficial publica ley que incorpora al equipo de defensa juvenil a la dotación de la Defensoría

La promulgación publicada hoy lleva la firma de la Presidenta Michelle Bachelet, del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y del ministro de Hacienda, Alberto Arenas.

Tras poco más de cinco meses de trámite legislativo, el Diario Oficial publicó hoy el texto íntegro de la Ley N° 20.802, que modifica la Ley N° 19.718 que creó la Defensoría Penal Pública, con el objeto de incorporar a la dotación institucional a los 83 abogados, asistentes sociales y asistentes administrativos que integran el equipo de  defensa penal especializada de adolescentes de la Defensoría Penal Pública.

La promulgación publicada hoy lleva la firma de la Presidenta Michelle Bachelet, del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y del ministro de Hacienda, Alberto Arenas y contiene un artículo único y dos disposiciones transitorias, la primera de las cuales incrementa en 83 cupos la dotación máxima de la institución, mientras que la segunda define el modo en que se financiará el mayor gasto presupuestario que implicará este aumento de funcionarios de la DPP.

“Resulta muy satisfactoria la publicación de hoy, por cuanto se hace realidad un anhelo de años, que permite no sólo darle una estatus jurídico distinto a nuestros defensores juveniles, profesionales y asistentes administrativos de defensa penal juvenil, sino que  hace un justo reconocimiento a la labor que ellos realizan”, comentó la Defensora Nacional (S), Viviana Castel.

Agregó que la nueva Ley N° 20.802 “pone de manifiesto la importancia que como Defensoría hemos dado a los temas de especialización. Somos la única institución del sector justicia que relevó en su magnitud precisa el trabajo y preocupación por la defensa de jóvenes, entendiendo que es una forma distinta de enfrentar el proceso penal”.

RÁPIDA TRAMITACIÓN
La iniciativa inició su tramitación legislativa a través del mensaje presidencial N° 358-362, enviado al presidente de la Cámara de Diputados el 7 de agosto del año pasado, luego de lo cual fue remitido con suma urgencia a las respectivas comisiones de Constitución y de Hacienda de esa corporación, donde fue sucesivamente aprobado, lo mismo que en la sala de la Cámara.

El proyecto de ley pasó luego al Senado, donde primero fue aprobado por la Comisión de Constitución el pasado 22 de octubre, y luego por la de Hacienda, el 10 de diciembre. Finalmente, el 16 de diciembre pasado, la iniciativa fue aprobada en la sala de la Cámara Alta por 27 votos a favor, sin abstenciones ni rechazos de ningún parlamentario.

Pese a que la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) sancionó la especialización como un tema obligatorio para las instituciones intervinientes, sólo la Defensoría ha cumplido cabalmente esta noción, aunque hasta ahora lo hacía mediante un programa piloto que se mantenía vigente desde 2006.

En detalle, la nueva ley permitirá incorporar a la dotación institucional a los 50 abogados, 11 asistentes sociales y 22 asistentes administrativas que integran actualmente el equipo de defensa penal juvenil de la DPP, quienes pasarán del régimen de honorarios al de contrata.

De hecho, el nuevo texto legal reconoce una necesidad que la Defensoría planteó desde el momento mismo de vigencia de la LRPA y, tal como lo señaló el mensaje presidencial presentado al Congreso, propuso “una vía de solución para alcanzar una institucionalización de la defensa penal especializada en adolescentes en el país, de manera de contar con una dotación especial de defensores públicos que presten sus servicios en el contexto de las exigencias de la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal”.

Según lo previsto en el informe financiero asociado a esta iniciativa, el paso de estos funcionarios a la contrata implicará un costo adicional de poco más de 719 millones de pesos, que se financiarán con un suplemento presupuestario otorgado por el Ministerio de Hacienda.

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