Sala de Prensa

09/11/2007

Resaltan aporte de la Defensoría con Estudio VIF

Lanzamiento del Libro "La Defensa de Casos de Violencia Intrafamiliar bajo la Ley 20066", encargado por la Defensoría Penal Pública, contó con la participación de la Ministra del SERNAM.

Representantes de distintos organismos que tienen relación con el tema de la violencia intrafamiliar resaltaron el aporte que constituye el primer estudio que se realiza sobre la aplicación de la Ley N° 20.066, que fue encargado por la Defensoría Penal Pública y que puso en evidencia que hay una serie de desafíos que deben cumplir los actores del Sistema de Justicia para enfrentar estos casos, que son de difícil solución.

El libro "La Defensa de Casos de Violencia Intrafamiliar bajo la Ley 20066" fue presentado este viernes por La ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz; y el defensor nacional, Eduardo Sepúlveda. Asimismo, se refirieron a las materias constatadas las investigadoras Lidia Casas y María José Armisén, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales.

En tanto, respecto de los pasos que hay que dar para perfeccionar el sistema ser realizó un panel, en el que participaron Marco Rendón, Jefe Departamento Reformas Legales, Servicio Nacional de la Mujer; María José Taladriz, Asesora Unidad de Responsabilidad Penal, Adolescentes y Delitos de Violencia Intrafamiliar; Ximena Rojas, Subdirectora del Centro del Desarrollo de la Mujer, Domos; y Mónica Cerda, Jefa Unidad de Estudios, Defensoría Regional del Maule.

En el evento, realizado en el Auditorio de la Defensoría Penal Pública, ubicado en el Centro de Justicia de Santiago, participaron alrededor de ciento treinta personas. Entre ellas se cuentan la Subdirectora del SERNAM, Carmen Andrade; el Director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos; la Directora de Protección de la Familia, Coronel de Carabineros, Marta Salcedo; las juezas Gloria Miranda y Alicia Rosende; varios defensores regionales; representantes de diversos organismos públicos y privados, y distintos profesionales.

Hubo coincidencia en las exposiciones en que es fundamental trabajar en una política de Estado integral que permita terminar con la cultura de que la violencia contra los miembros de la familia es permisible y que todos los actores del sistema de justicia deben capacitarse adecuadamente para entender las particularidades de este tipo de causas.

La Ministra Albornoz subrayó que "como pocos aún, nuestro país ha dicho que el maltrato habitual en las relaciones de familia constituye un delito. Dicha decisión constituye una señal cultural que nuestros hijos/as tendrán presente en sus futuras relaciones afectivas. En esto no hay vuelta atrás".

Añadió que, como país, hemos sostenido que maltratar a un familiar jamás puede ser considerado como un acto de carácter leve y que es igualmente grave el asesinato de un cónyuge que el de la persona con quien se convive.

"El estudio que hoy nos presenta la Defensoría Penal Pública -indicó la Secretaria de Estado- viene a recordarnos que en nuestro país subsisten creencias, prácticas y normas que pueden distorsionar estas convicciones. Nos referimos a la constatación que el sistema no procesa ni investiga el tipo penal "maltrato habitual" establecido en la Ley; nos referimos también a la constatación de que parte importante de las causas por violencia intrafamiliar se desestiman, y que respecto a aquellos casos que son formalizados, la suspensión condicional aparece como la forma de término más común... Nos referimos a la posibilidad de invocar una pena mínima alegando haber actuado bajo un arrebato, o peor aún, alegando "irreprochable conducta anterior". ¿De qué hablamos, cuando sabemos que en promedio una mujer tarda 7 años en denunciar? ¿Siete años de violencia pueden ser prueba de buena conducta?".

Albornoz dijo que "hemos manifestado la urgencia en discutir aquellas iniciativas de ley que modifican la actual regulación sobre violencia intrafamiliar para facilitar la investigación del maltrato habitual y para otorgar una protección más efectiva por parte de los sistemas de justicia".

"En este contexto, el rol de los Defensores es muy importante. El derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho a verse libre de toda forma de discriminación, el derecho a no ser sometida a tortura, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, sólo por señalar algunos, son violados cuando las mujeres sufren violencia tanto dentro como fuera de la familia. Y estos derechos no pueden ser subordinados a ninguna consideración".

"La comprensión de la violencia intrafamiliar como una expresión de la violencia de género, como una violación a los Derechos Humanos, indicó, es fundamental a la hora de conocer los casos, determinar medidas de protección para las víctimas y definir sanciones a los agresores".

Claramente -señaló la Ministra Albornoz- "creemos que todo el sistema de justicia y especialmente los Defensores, deben incorporar la perspectiva de género en la investigación y elaboración de los casos. Esto les permitiría una mayor comprensión de la especificidad de la problemática. Incluso a la hora de elaborar la defensa de los imputados, tener presente estas consideraciones puede evitar el error de dejar en libertad a una persona que pese a su "intachable conducta anterior", se constituye en una amenaza para su mujer y sus hijos/as. Por lo demás los agresores también necesitan intervención en forma de procesos de reeducación y resposabilización social con énfasis en el análisis de la relación entre géneros y del uso del poder y del control como forma de relación y con el propósito de subordinar a otros/as".

En tanto, el Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda, subrayó que, para la Defensoría Penal Pública, es un hecho trascendental ser la primera institución pública que realiza un estudio acerca del cumplimiento de la Ley de Violencia Intrafamiliar, porque esta institución no es ajena a los problemas sociales que se presentan en nuestro país. Por el contrario, es un organismo que está en contacto diario con los dramas más profundos que lo afectan.

"Más aún -apuntó- me permito hacer una categórica aseveración: Frente a la violencia intrafamiliar, como frente a cualquier infracción penal- la Defensoría no pretende la impunidad ni tampoco tener una especie de clientes frecuentes. No. La Defensoría aspira a que, en los casos que corresponda, se apliquen sanciones justas y que como país seamos capaces de generar fórmulas de rehabilitación y de reinserción social cada vez más efectivas".

El Defensor expresó su esperanza de que la iniciativa de hacer un estudio sobre la marcha del cuerpo legal "contribuya a que tengamos conciencia de que abordar el tema VIF no es sólo proteger a las víctimas, sino que educar a la ciudadanía entera -incluidos los/as agresores/as- en cuanto a que la violencia es inaceptable y que hay otra forma de amarse, otra forma de hacer familia".

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