Sala de Prensa

13/08/2015

La medida responde a la Ley 20.500 y las orientaciones gubernamentales que buscan potenciar la gestión pública participativa.

Defensoría Penal Pública se compromete con la Participación Ciudadana

Resolución del Defensor Nacional institucionaliza el trabajo participativo que se materializa con el cambio de nombre de la Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana.

Diversos mecanismos y acciones desarrolladas en los últimos años como Cuentas y Diálogos Participativos, Plazas de Justicia y el Consejo de la Sociedad Civil dan cuenta del trabajo que ha realizado la Defensoría –y gran parte de los servicios gubernamentales- en este ámbito. Sin embargo, la nueva Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, más la reciente instrucción presidencial de potenciar los mecanismos participativos y otorgar institucionalidad al área, dispusieron la creación de unidades de participación ciudadana en todos los organismos públicos.

Si bien en los ministerios y algunos servicios se crearon unidades propiamente tales, en gran parte de las reparticiones del Estado esta área se fusionó con otras. Es así como en la Defensoría ésta se unió oficialmente a Comunicaciones, pasando a llamarse Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana, según lo formaliza la Resolución N° 318 del Defensor Nacional, con fecha 3 de agosto de 2015.

Los mecanismos de implementación seguirán siendo los mismos, pero se buscará optimizar su alcance: Diálogos y  Cuentas Participativas, Plazas de Justicia, Consejo de la Sociedad civil e Información Relevante. Los primeros tres, coordinados en distintas zonas por los periodistas regionales que asumen como encargados de área y los dos siguientes,  dirigidos desde el nivel central.

Cabe mencionar, que la Defensoría Penal Pública desde 2009 viene desarrollando el tema participativo y que su trabajo –especialmente con usuarios privados de libertad- ha sido destacado por la Secretaría General de Gobierno y la Dirección de Organizaciones Sociales. No privar de espacios participativos y de retroalimentación gubernamental a personas que se encuentran en la cárcel es reconocerles, en la práctica, que el único derecho que han perdido es la libertad.

 

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