José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional de Maule.

Este viernes 16 se cumplirán 14 años de vigencia en el Maule de la denominada reforma procesal penal. Múltiples críticas y loas, merecidas e inmerecidas, le han hecho a esta política pública, que vino para dar un giro copernicano a la forma en que se administraba justicia en Chile, a través de un sistema inquisitivo de raigambre colonial.

De hecho, ha soportado, pese a su corta edad, innumerables modificaciones que, sin temor a equivocarme, han cambiado su sentido original de manera importante.

Contra reforma, agenda corta uno y dos, y otras han hecho mella en sus instituciones de corte moderno, entregando facultades a los órganos persecutores que creíamos olvidadas en el baúl de los recuerdos, pero como por sus frutos los conoceréis, es hora de analizar, una vez más, si ha cumplido o no sus objetivos.

Contribuir al debido proceso y generar un procedimiento efectivamente contradictorio y con igualdad de armas era el primer objetivo. Podemos decir al respecto que, merced a las críticas que ha recibido el excesivo garantismo que algunos señalan como característica de este nuevo proceso penal, el objetivo se cumple a plenitud, ya que parafraseando a Von Liszt, si el Código Penal es la carta magna del delincuente, el Código Procesal Penal sería su Habeas Corpus, el que hasta ahora funciona bien, pese a los cambios.

Profesionalizar la administración de justicia penal era el segundo. Basten algunos comentarios. La forma de administrar los tribunales que trajo esta reforma, con administradores profesionales, acabó con los secretarios abogados haciendo de gerentes y con los actuarios siendo el filtro de lo que conocían los jueces. Ha sido replicada en los juzgados de familia y laborales.  

Se acabó con los estudiantes en práctica o abogados de turno gratuito y de mala gana que defendían, casi formalmente, al 80 por ciento de los procesados en Chile. Conclusión, un paso adelante, o quizá varios.

Eficiencia era el modesto tercer y último objetivo, según el mensaje presidencial del Código Procesal Penal, y también se ha logrado. No era eficiente tener sobre el 60 por ciento de privados de libertad en las cárceles, versus sólo el 20 por ciento de condenados efectivamente.

Hoy esa relación se ha invertido: sólo un 20 por ciento de los más de 50 mil presos, sí, 50 mil presos en Chile está esperando se sentencia. Nueve meses es el tiempo promedio que duran las causas penales abiertas en Chile actualmente, versus cuatro años que en promedio se mantenían abiertas las investigaciones en el viejo sistema inquisitivo.

Sólo un 16 por ciento de los casos penales al año 2000 terminaba con la dictación de una sentencia definitiva. Al 2014 sobre un 30 por ciento de los ingresos judiciales terminan con un fallo dictado por los juzgados de garantía o los tribunales orales en lo penal.

Obviamente que como toda obra humana es perfectible, pero los números duros, concretos e irrefutables que hemos mencionado hacen tener una mirada positiva de esta política, que además ha sido adoptada como modelo en varios países de América Latina y es usualmente citada por los hacedores de políticas públicas, como ejemplo de cómo se deben hacer estos cambios a nivel nacional.

Inocentes privados de libertad, excesiva exposición de los imputados en las redes sociales, alto porcentaje de archivos provisionales en casos de delitos contra la propiedad, ineficiencia y falta de profesionalismo en los órganos intervinientes, inexistencia aún de una actualización completa de nuestro Código Penal son sólo algunas de las falencias que existen.

Pero con voluntad y una manera distinta de hacer las cosas, en gran medida impulsada por esta reforma del 2000, estoy seguro que las seguiremos paso a paso mejorando, todos juntos y comprometidos por el bien del país y de todos los chilenos.