Sala de Prensa

13/12/2007

Destacado aporte de defensores juveniles

Directora de Proyectos Fundación Paz Ciudadana, Francisca Werth, resalta en artículo publicado en El Mercurio, titulado "Justicia juvenil: a seis meses de la reforma" -que reproducimos aquí- el trabajo especializado que realiza la institución.

Han pasado seis meses desde que comenzó a aplicarse en Chile, por primera vez en su historia, la Ley N° 20.084 que busca sancionar, responsabilizar y reinsertar a los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido un delito. La tramitación, implementación y puesta en marcha de este sistema fue una situación muy debatida y llena de conflictos. Tras una postergación de 12 meses, la intervención de una comisión de expertos y una serie de informes, declaraciones y requerimientos por inconstitucionalidad, finalmente comenzó a funcionar el 8 de junio. Algunos sectores estuvieron en contra de su implementación, al considerar que el sistema no contaba con las condiciones mínimas para asegurar un adecuado cumplimiento de los fines que la ley perseguía. El Gobierno, por su parte, señaló que estaban dadas las condiciones básicas y que en el curso del funcionamiento del nuevo sistema se realizarían los ajustes necesarios para perfeccionarlo.

Por lo mismo, tras un semestre de funcionamiento, conviene analizar cuáles son los avances y dificultades que ha enfrentado el sistema. Y de acuerdo a esto, concluir qué se puede esperar y exigir de nuestro sistema de justicia juvenil.

Nadie puede negar que existía un amplio consenso respecto de la necesidad de ponerle fin al sistema tutelar imperante. Había que terminar con el trámite de discernimiento y con las condenas de menores de edad en el sistema adulto. De esta forma, entre los aspectos positivos cabe destacar que contar con un sistema penal especial para juzgar a menores infractores de la ley es un logro.

Así también, se pueden evaluar positivamente los niveles de especialización que algunos actores han alcanzado. Especialmente la Defensoría Penal Pública, que se ha preocupado de entregar una atención técnica de calidad y centrada en las características propias del imputado. Sin duda, la especialización de los actores condiciona la calidad de la respuesta penal y el logro de los objetivos que la ley persigue. La nueva ley implica también un beneficio para los que fueron condenados antes de su entrada en vigencia: como se trata de una ley más favorable, quienes fueron condenados en el antiguo sistema pueden solicitar la adecuación de su condena a los estándares de la nueva ley. Así se corrige, en parte, el largo tiempo en que los adolescentes fueron castigados como adultos.

La sobrepoblación, la falta de segregación en los centros y serios problemas de infraestructura, son sólo algunas de las principales dificultades del nuevo sistema. La muerte de un grupo de jóvenes en el interior de un centro en la ciudad de Puerto Montt fue el hecho más grave de estos meses. Esta tragedia sirvió para visibilizar y volver a poner en el debate público situaciones conocidas hace muchos años. Tras los hechos, los planes de reforma no se hicieron esperar, pero no se refirieron a los núcleos problemáticos del sistema. El 6 de noviembre, por ejemplo, ingresó un proyecto de ley al Parlamento que autoriza a Gendarmería a permanecer al interior de los centros por razones de seguridad, además de ampliar las posibilidades de derivación a tratamiento de rehabilitación por adicciones. Sin embargo, en el marco de un sistema que implicó para el Estado una inversión de más de 100 millones de pesos y otra importante asignación en el presupuesto 2008, cabría esperar, además, correcciones a nivel de gestión y de planes específicos que permitan perfeccionar y superar, definitivamente, las condiciones básicas iniciales.

Existen otras dificultades de igual importancia, como la ausencia de oferta educacional y de capacitación al interior de los centros, el excesivo uso de la internación provisoria; y el término de los bloques especializados de las audiencias programadas en el Centro de Justicia de Santiago. Temas que, a estas alturas, se plantean como grandes desafíos para un sistema que aún se encuentra en "rodaje". Sin embargo, hasta ahora, el problema más importante no ha sido planteado: cómo evaluarlo con respecto a los fines logrados. Esto es, debemos conocer lo antes posible qué tan eficiente es el nuevo sistema para responsabilizar y reinsertar a los jóvenes que pasan por él. Para ello deben revisarse los procesos judiciales y su impacto en los jóvenes infractores de acuerdo a estándares e indicadores previamente establecidos, a través de estudios realizados por entidades externas. Sólo así se logrará disminuir las brechas y dificultades que este sistema acarrea consigo, y no perpetuarlas bajo la excusa de la necesidad del cambio y de la precariedad de sus condiciones.

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