Sala de Prensa

  • Portada
  • Sala de Prensa
  • Noticias
  • “Se quedan en el recuerdo aquellos casos en que uno piensa que probablemente condenaron a alguien que no había cometido el delito” (*)

03/05/2017

Defensora Regional de Magallanes, Gustava Aguilar:

“Se quedan en el recuerdo aquellos casos en que uno piensa que probablemente condenaron a alguien que no había cometido el delito” (*)

La abogada subrayó que es un derecho de las personas disponer de una defensa eficiente, técnica y de calidad. Como defensora interamericana logró que Venezuela admitiera su responsabilidad parcial en la muerte de un joven cadete.

(*): El pasado 30 de abril, el diario El Pingüino de Punta Arenas publicó la siguiente entrevista a la Defensora Regional de Magallanes, Gustava Aguilar.

Por José Benitez,
Diario El Pingüino de Punta Arenas

La abogada de la Universidad de Chile evoca con cariño sus años de estudiante en la Facultad de Derecho de calle Pío Nono, en Santiago. Ahí, en sus vetustas salas, se formó en el rigor y sapiencia de maestros como el decano Hugo Rosende. Con esa base, más la experiencia que fue adquiriendo en el camino profesional, es actualmente una reconocida defensora penal pública, con importantes logros a nivel regional, nacional y latinoamericano.   

-“Sin defensa no hay justicia” es el lema de la Defensoría. ¿Qué significa exactamente dentro del sistema procesal penal chileno?
-Si no hay una defensa adecuada, efectivamente no hay justicia, en términos de reconocer el derecho fundamental de las personas de acceder a la justicia. Nuestro lema recoge eso. Esto significa que ante una imputación que pueda hacer el Estado, tenga derecho a contar con un defensor que lo asesore adecuadamente. Nosotros le sumamos que sea eficiente, técnica y de calidad.    

-Visto desde afuera, pareciera que existe una permanente tensión entre la Defensoría y la Fiscalía. ¿Es así?
-Son roles antagónicos, evidentemente. El Ministerio Público es un ente acusador, ejerce el rol punitivo del Estado, por así decirlo. Está dentro de sus obligaciones dirigir la investigación y, si estima que se reúnen los antecedentes, formalizar a una persona, es decir, informarle que está siendo investigada por determinados hechos. Luego, si se sigue pensando que existen méritos, formular la acusación. Entonces, una parte acusa y la otra -la Defensoría- le presta asesoría al sujeto que está siendo objeto de una imputación.

-¿Pero existe tensión o no?
-No, no es una tensión. La verdad es que cada uno cumple su rol dentro de los límites del respeto que debe existir. El antagonismo no se lleva a situaciones extremas, no deber ser así. De no hacerlo, se pierde objetividad. Además, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar con la misma acuciosidad tanto los antecedentes que sirven para acusar, como aquellos que permiten establecer que una persona no ha tenido participación.  

-La gente de la calle se pregunta: “¿Por qué pagarle un abogado a un tipo que es un delincuente?”
-La Defensoría defiende personas y no es un lema. Lógicamente, a quien comete un delito se le llama delincuente. Para nosotros es una persona. Ahora, en un estado de derecho, para que exista equilibrio, todos tienen derecho a una defensa, hayan cometido un delito o no. En el proceso se manifiesta en que la persona sea juzgada en un plazo razonable, que se establezca -sin ningún lugar a dudas- que tuvo participación y si lo fue en calidad de autor, cómplice o encubridor. La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho a la defensa.

-A un ciudadano común le cuesta entender que se le asigne un defensor público a un individuo que abusó de un niño o lo mató, por ejemplo.
-Por supuesto y yo entiendo esa reacción, pero aun así, debe tener un defensor. Si ha cometido un delito, hay que ver si existen circunstancias que puedan atenuar su responsabilidad y que la pena se ajuste a los hechos y a la normativa vigente. Para eso debe tener un abogado que lo represente.         

-La caja de resonancia de los medios de comunicación de repente amplifica ciertos hechos. ¿Es siempre el malo tan malo como se le pinta?
-A lo largo de los años que llevo trabajando, uno se pregunta muchas cosas. No sé si decir que alguien es malo, porque aparentemente hay personas que han cometido hechos que son absolutamente repudiables y luego del análisis de un profesional se puede concluir que no tiene un trastorno mental, que está absolutamente normal. Nunca he pensado si es más malo o menos malo, simplemente pienso que por ese delito puede tener una pena que es elevada. Como abogada, ya no sólo como defensora, nunca he usado esa terminología. Por ejemplo, estamos sentados al lado de un individuo que ha violado a su hija durante años y la niña ha quedado embarazada, por decir algo, la gente se pregunta cómo uno está ahí. Siempre digo que para hacer bien nuestro trabajo debemos desprendernos de todo tipo de valoración moral o ética, también de los prejuicios, porque de otra forma no podríamos ejercer nuestra labor.   

-¿Cómo enfrenta un defensor penal público las críticas a su rol dentro del proceso?
-Nosotros respetamos y entendemos que las personas puedan disentir de lo que estamos haciendo. Recuerdo que en una causa por homicidio la familia nos reprochó y el papá de la víctima, con quien empatizamos, me increpó: ‘Oiga, señora, usted recibe su sueldo gracias a los impuestos que pagamos todos los chilenos y está defendiendo al que mató a mi hijo’. Qué le iba a decir, si dentro de su dolor era lógico que estuviera molesto conmigo.

-¿Es factible que un defensor penal público se niegue a asumir una causa?
-No. En la Defensoría nadie puede negarse a asumir la representación de una persona, salvo que exista un asunto de vinculación familiar cercana con la víctima. En esa situación lógicamente se le eximirá de que alguien asuma la defensa.

-¿Se puede esgrimir objeción de conciencia?
-En el fuero interno todos tenemos distintas formas de pensar, pero al ejercer nuestra función, no. 

-Desde su posición como Defensora Regional, ¿cuál es el estado de la justicia en Magallanes? ¿Es igual al resto de Chile o es distinto?
-Bueno, las leyes rigen en todo el país. Por el hecho de ser una comunidad más pequeña y por el rol que juegan los medios de comunicación, evidentemente que hay casos que impactan más, pero el papel de la justicia es el mismo en todas partes.

-Pero debe haber algo distintivo.
-La gente tiende a decir que antes no pasaban ciertas cosas en Punta Arenas, que podían dejar las llaves puestas en el vehículo y nadie se lo llevaba. Tal vez eso ha cambiado y aumenta la sensación de inseguridad. Pero debo decir que incluso los ingresos de causas han bajado. En 2010 nosotros, no digo la Fiscalía, tuvimos un ingreso de causas mayor y después decreció el número de las que tramitamos y no porque sean más los abogados particulares que intervinieran. Se ha mantenido que alrededor del 97 por ciento de las causas las llevamos nosotros, los privados representan un porcentaje muy menor. Con la modernidad han llegado otras figuras delictivas que antes no existían, como los delitos informáticos, la clonación de tarjetas, por ejemplo, eso llama la atención.

-¿Cómo se relaciona la Defensoría con la comunidad?
-Por distintas vías tratamos de explicar nuestra función y los derechos que tienen las personas. Es importante que la comunidad esté bien informada.

-Usted tiene una vasta experiencia como defensora. ¿Cuál es el perfil de los usuarios de la entidad regional?
-En general son personas de pocos recursos, que provienen de sectores vulnerables, pero también hay de clase media. En Magallanes hemos representado a profesionales, funcionarios públicos, migrantes y otros. Afortunadamente, no son tantos los adolescentes, tenemos uno de los índices más bajos en este segmento con participación en hechos delictivos en nuestra región. A veces no hemos tenido a nadie en el centro privativo de libertad con internación provisoria. En este momento, por ejemplo, en la sección juvenil del complejo penitenciario hay solamente un joven, que cumplió su mayoría de edad, pero que está por una sanción de adolescente.

-De acuerdo con los objetivos que persigue la institución, ¿recuerda algún caso en la región que pueda ser considerado icónico para su labor?
-Siempre tratamos de hacer una buena defensa, pero se quedan en el recuerdo aquellos casos en que uno piensa que probablemente condenaron a alguien que no había cometido el delito. Eso es inevitable. Hay un caso de homicidio en que, por ejemplo, hace varios años, se condenó a cuatro personas, con distintos grados de participación y con distintas penas, pero una de ellas, que aún está cumpliendo condena, no tuvo la participación que se le atribuyó o que se le impuso en la sentencia. A mí, Gustava Aguilar, eso me vuelve a la memoria cuando pienso que hay una persona que tuvo alguna participación, que estuvo en el lugar, que quizás dio una patada, pero que resulta que después fue condenado como autor de homicidio. Es inevitable no pensar en qué no hicimos, qué pasó en la investigación, qué no se clarificó, quizás hubo algún testigo que pudiendo haber declarado no lo hizo o alguna prueba que faltó.  

-Usted es defensora interamericana y cumpliendo esa labor le correspondió participar en el caso Ortiz Hernández versus Venezuela. ¿Por qué es relevante ese proceso?
-En el sistema interamericano ha sido relevante, aunque aún no ha salido la sentencia, hasta ahora Venezuela no había admitido responsabilidad ante la Corte. El 9 de febrero pasado, en el receso de la audiencia en que habíamos tenido en la mañana la presentación de los testigos y peritos, el secretario de la Corte nos dijo que el presidente quería hablar con nosotras –la defensora de República Dominicana Johanny Castillo y conmigo-. Camino al despacho del presidente de la Corte, que está en el tercer piso, el secretario nos dice: ‘Ha ocurrido un hecho inédito, Venezuela va a admitir responsabilidad parcial’. Porque el agente venezolano, Larry Devoe, ya le había informado al presidente cuál era su intención y que nosotras estuviéramos preparadas para el escenario que tendríamos en la tarde. Habíamos alegado, en representación de las presuntas víctimas, que había habido violación del derecho a la vida del joven Johan Alexis Ortiz Hernández, violación del derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal de los familiares (Ver recuadro del caso).

-Luego de 19 años de ocurridos los hechos, ¿es posible afirmar que la justicia tarda pero llega?
-Cuando se dicte la sentencia de la Corte Interamericana habrá tranquilidad para los padres de ese joven, quienes han estado luchando durante todos estos años. Al fin podrán decir que alguien los escuchó y que se hizo justicia.

-¿Esa justicia de la que usted habla es más bien de tono verbal o puede obligar al Estado venezolano a algo mayor?
-La Corte condena a un Estado cuando estima que ha habido responsabilidad internacional y la sentencia puede consistir en medidas de indemnización, reparatorias, de reparación y de no repetición. Uno puede pedir, por ejemplo, que exista un acto público y que se publique la sentencia, también que se modifiquen los reglamentos que rigen en todas las escuelas de policías y en los recintos militares. Ahora, la Corte no tiene un medio compulsivo, por así decirlo, que obligue al Estado a cumplir, aunque sí hace un seguimiento en la etapa de ejecución.

-¿Es bueno para los sistemas de justicia nacionales que un caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o eso revela cierta incapacidad de resolver localmente algunas situaciones?
-Lo que se está juzgando es la responsabilidad internacional del Estado cuando ha habido vulneración de aquellos derechos y garantías fundamentales reconocidos en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.”.

RECUADRO:

Antecedentes del caso Ortiz Hernández vs. Venezuela
La Defensora Regional de Magallanes, Gustava Aguilar, tuvo una importante participación en la Corte Interamericana contra el Estado venezolano.
De acuerdo con lo que consigna el portal de la Defensoría Penal Pública, el caso Ortiz Hernández vs. Venezuela marca un precedente para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez el Estado de Venezuela reconoce ante esta instancia su responsabilidad y pide perdón por los hechos que desembocaron en la muerte del joven Johan Alexis Ortiz Hernández, estudiante de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero. El cadete murió el 15 de febrero de 1998, como consecuencia  de disparos de arma de fuego en el contexto de un práctica militar.

Las defensoras interamericanas Gustava Aguilar Moraga y Johanny Castillo Sabarí, que representaron a los familiares de la víctima en el proceso, se mostraron satisfechas con el resultado y manifestaron que “lo único que buscaron los padres del joven por 19 años es el reconocimiento de lo que había ocurrido y que se estableciera la verdad de los hechos”.

Para Gustava Aguilar, la resolución también es altamente positiva, por cuanto reconoce  el buen trabajo que viene desarrollando el equipo de defensores interamericanos, conformado tras el acuerdo de entendimiento suscrito por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Respecto del caso en particular, el reconocimiento se hizo por medio del agente venezolano, Larry Devoe, quien en la audiencia pública, celebrada en San José de Costa Rica, sede de la Corte,  calificó el hecho como ‘‘una muerte arbitraria y totalmente injustificada’’, por lo que reconoció la responsabilidad internacional de su país por la violación al derecho a la vida.

También admitió “la deficiente actuación de los órganos (estatales que) condujo a que el proceso judicial se complejizara y se extendiera más allá del plazo razonable”, sin contar “hasta el día de hoy con una sentencia firme”, por lo que aceptó la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a las garantías judiciales y la protección judicial.

Debido al sufrimiento ocasionado a los familiares, Venezuela también reconoció la responsabilidad internacional por la violación a su derecho a la integridad personal. El agente venezolano manifestó: “En nombre del Estado venezolano les pido perdón por la actuación de los agentes estatales que causaron la muerte de su hijo, lamentamos los hechos que llevaron a su sensible fallecimiento”.

La defensora Gustava Aguilar indicó que ahora se espera la sentencia de la Corte, pronunciamiento que posiblemente se dé a conocer dentro del primer semestre de este año.  

  • subir
  • imprimir
  • volver