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08/06/2017

A 10 años de su implementación:

El Defensor Nacional pasa revista a los desafíos y el trabajo pionero realizado con la puesta en marcha de la Ley de RPJ

Andrés Mahnke conoce prácticamente desde sus inicios el extenso proceso, jalonado por los esfuerzos profesionales y humanos de quienes integran la Defensa Penal Juvenil, para llevar adelante este hito en la defensa de los derechos de niños, jóvenes y adolescentes de nuestro país.

Unidad de Comunicaciones
Defensoría Nacional

“Lo clave es haber mantenido un tema de convicción en los fundamentos para tener un sistema especializado para la defensa de niños niñas y adolescentes, y no fue fácil”, admite el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, al recordar cómo se fue activando paso a paso la implementación, hace una década, de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Está claro que él conoce este proceso desde sus inicios. Ya en abril de 2007 el entonces ministro de Justicia, Carlos Maldonado, le encargó la tarea de coordinar el proceso de implementación de la normativa, cuando el actual máximo directivo de la DPP se desempeñaba como jefe de la Unidad Coordinadora de Reformas Judiciales en esa cartera.

“Llegué al Ministerio de Justicia cuatro a cinco meses antes del inicio de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en su fase de implementación, que entonces estaba a cargo de otra unidad, particularmente el Departamento Juvenil de lo que entonces se llamaba División de Defensa Social”, recuerda Mahnke.

“El ministro me solicitó que la unidad que encabezaba se hiciera cargo de esa fase de implementación. Por lo tanto, todos los aspectos de diseño ya estaban definidos. Estoy hablando prácticamente del mes de marzo de 2007, versus un inicio previsto para junio del mismo año”, añade.

Había premura. La ley había sido promulgada en noviembre de 2005, pero habían pasado dos años y la norma corría el riesgo de ser aplazada de nuevo. “La complicación mayor, desde el punto de vista de la política pública en ese momento, no era la evaluación de lo bueno o lo malo del diseño, sino el riesgo de no llegar en plazo al inicio del nuevo sistema, tanto desde el punto de vista de temas estructurales, de infraestructura y de dotaciones como de la incorporación de todo el sistema de justicia penal en ese ámbito”, relata.

Desde ese primer momento, la Defensoría Penal Pública se transformó en un actor central en los esfuerzos para profundizar la especialización de la defensa de niños, niñas y adolescentes ante la Justicia. En esa época Mahnke ya había llegado a la DPP, a la Defensoría Regional Metropolitana Norte, en el momento en el que la primera hornada de jóvenes abogados llenos de idealismo, junto a profesionales de distintas áreas, comenzaban a enfrascarse en la tarea.

Varios de esos abogados venían de experiencias como el trabajo en instituciones del Hogar de Cristo, y estaban ansiosos por actuar desde el Estado para tratar de cambiar las cosas y brindar más espacios en la justicia a los más necesitados.

Ese equipo de 50 defensores, 11 trabajadores sociales y 22 asistentes administrativas comenzó a desarrollar su labor en un ámbito que entonces era prácticamente pionero en Chile. “Los defensores llegaron de todos lados en la institución, pero hubo todo un debate previo a esa llegada, y luego entramos en lo que para nosotros era un proceso de implementación en el que lo más fuerte fue el trabajo de capacitación, tanto teórica como práctica”, describe el actual Defensor Nacional.

Los profesionales que se sumergieron en esa labor debieron enfrentar en un principio grandes desafíos y dificultades, que incluyeron el ámbito laboral debido a los límites marcados por un presupuesto que no contemplaba estas nuevas necesidades.

“Finalmente tuvimos la capacidad para lograr incorporar un debate presupuestario que terminara con la incorporación de recursos importantes destinados a poder levantar lo que en ese momento era un contundente línea de defensa especializada de jóvenes en nuestro país”, recuerda.

El fruto es evidente hoy en el rol que la Defensa Penal Juvenil ha alcanzado en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que es destacado por los mismos jóvenes. Así lo muestra el estudio  “Valoración de los actores del nuevo sistema de justicia penal de adolescentes acerca de la Defensa Penal Juvenil”, que muestra que los defensores penales juveniles fueron evaluados como los actores judiciales más especializados de todo el sistema, superando a los jueces y a los fiscales.

Al mismo tiempo, un 72,6% de los jueces de garantía encuestados señaló a los defensores juveniles como el actor más especializado. Este mismo estudio arrojó que 82,7% de los jueces considera que la especialización de la defensa incide “mucho o bastante” en las formas de término de un caso, lo que deriva en un mejor resultado legal para el niño, niña o adolescente.

La labor desarrollada por la Defensa Penal Juvenil también ha tenido impacto evidente en los espacios de la academia, de la relación con entidades públicas y privadas vinculadas a la protección y defensa de los niños y jóvenes y en la participación en instancias como las mesas interinstitucionales centradas en la justicia juvenil.

La línea maestra que permitió llevar adelante estos logros crecientes se cifra en una palabra, según Mahnke: “convicción”.

“Esto se pudo haber diluido, y esos 83 funcionarios que dieron inicio a esta labor podrían haber sido absorbidos por la defensa general. Pudimos haber tenido una mirada súper eficientista desde el punto de vista de la administración de los recursos, y haber generado mayor impacto en el funcionamiento general de la institución con la absorción de esa línea especializada. Habría sido una vuelta a lo mismo, pero en el debate del diseño se demuestra claramente la convicción en un tema de fondo: el diagnóstico y los fundamentos de por qué tiene que existir, en un Estado Democrático de Derecho, una legislación especializada para juzgar a los jóvenes infractores”, recalca.

“Se tuvo la convicción real de la necesidad de tener un sistema de justicia penal diferenciado para los jóvenes de nuestro país, y pasar a ámbitos de reinserción con programas que no dicen relación con sanción penal, sino particularmente con las condiciones socioeconómicas a través de las cuales se generan los principales fundamentos de la participación de los jóvenes en los ilícitos en nuestro país”, añade.

¿Y hacia el futuro? Andrés Mahnke insiste en mantener claros los fines y los objetivos. “Yo preferiría decir así, en términos absolutos, que a los jóvenes que cometen infracción penal hay que sacarlos del sistema de justicia penal y llevarlos a un sistema de justicia terapéutica. Hay que decirlo en esos términos, también en el debate público, para que quede claro hacia dónde hay que ir”, apunta.

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