Sala de Prensa

06/09/2017

Columna de opinión:

Todos somos responsables de la prevención del delito

El siguiente articulo fue escrito por el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, y publicado por Diario El Centro, que circula a nivel regional.

Por José Luis Craig M.,
Defensor Regional del Maule.

Un gran revuelo causaron las palabras del Fiscal Nacional la semana pasada, en las cuales se denotaba una sentida desilusión ante la carencia de medidas de seguridad adoptadas por un empresario camionero de la Región de Los Ríos que impidieran, por una parte, el acto delictivo mismo de la quema de sus camiones estacionados en una zona apartada y rural de la comuna de San José de la Mariquina y, por otra -tal vez la más importante-, la recolección de pruebas o indicios para poder dar con los autores de tan deleznable delito y poder, luego, sancionarlos tras el proceso de rigor.

Muchos vieron en las palabras del Fiscal una suerte de delegación del cuidado de orden púbico en los privados, en la gente común y no en las fuerzas de orden y seguridad. Incluso, algunos señalaron que ello era un verdadero y velado llamado a que los particulares se armaran y formaran grupos paramilitares para proteger sus propiedades.

Ahora bien, sin entrar a calificar como terrorista o no el fenómeno que se vive en algunas regiones del sur de Chile, afectadas por lo que se ha llamado el “conflicto territorial mapuche”, la verdad es que las palabras del señor Abbott tenían mucho menor alcance y eran menos polémicas que lo que las veleidades políticas les quisieron dar.

En efecto, lo que pidió la máxima autoridad del Ministerio Público a los camioneros no es más de lo que los empresarios bancarios hicieron cuando en 2014–2015 arreciaban los robos de cajeros automáticos y lo que hicieron las empresas de seguridad privada y transporte de valores cuando eran permanentemente asaltados a mano armada sus camiones: mejorar sus medidas de seguridad.

Y estos empresarios, conscientes del riesgo intrínseco que su actividad económica genera para favorecer la delincuencia (reitero, sin calificativos), lo que hicieron fue invertir en tecnología, en seguridad y en coordinación con la fuerza pública, para ojalá evitar o disuadir y, en el peor de los casos, mejorar el tiempo de respuesta policial a la hora de producirse un delito, entregando al persecutor medios de prueba concretos para efectos de lograr aclarar el delito y sancionar a los culpables.

Lo anterior, es decir, la prevención, rindió importantes frutos, puesto que, por ejemplo, de 248 delitos de robo de cajero automático en 2014, se pasó a la fecha (2017) a tan solo 80, según cifras de la Subsecretaría de Prevención de Delito. Y, en el caso del robo de camiones de valores, se transitó de 27 asaltos en 2014 a tan solo 4 este año, según el 'Balance de las policías' de 2017, disponible en la página web de la Subsecretaria de Interior.

Es decir, a mayor creación de riesgo, mayor despliegue de seguridad; a mayor nivel de inversión que cuidar, mayores medidas para prevenir y esclarecer eventuales delitos. Los señores camioneros del sur, por ello, no pueden estar exentos de esta obligación mínima, que implica no una renuncia al deber del Estado de protegernos a todos, sino un acto de realismo en el sentido de que no es posible que exista un carabinero de resguardo en cada casa o emprendimiento económico, ya que ello es inviable por la escasez de recursos y multiplicidad de necesidades de los habitantes de nuestro país.

Todos somos responsables de la seguridad y debemos cooperar a aportar con nuestro granito de arena para que el Estado pueda ser capaz de prevenir y castigar el delito. Y por ello nadie, ni aun por consideraciones mezquinas políticas o de otra especie, se puede restar de aquel esfuerzo.

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