Sala de Prensa

13/05/2019

Abogado Pablo Aranda Aliaga, jefe de la Unidad de Defensa Penal Especializada (UDPE)

“Estos programas especiales permiten prestar defensa pertinente y con estándares de calidad”

El jefe de esta unidad, dependiente del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoria Nacional, estuvo en la Región de Magallanes, para efectuar capacitaciones a defensores y profesionales de apoyo de la Defensoria regional, sostuvo reuniones con el seremi de Justicia y el Sename, además de conocer los centros de reclusión para adultos y adolescentes de Punta Arenas.

Por Héctor Martínez Díaz,
Defensoría Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

La Unidad de Defensa Penal Especializada (UDPE) de la Defensoria Nacional tiene a su cargo cinco programas de defensa especializada: para jóvenes, personas condenadas privadas de libertad, extranjeros o migrantes, indígenas e imputados con problemas de salud mental.

En estas cinco áreas la UDPE se encarga de generar capacitaciones a nivel nacional, organizar academias de defensa, realizar permanentemente publicaciones e informes de jurisprudencia, además de  responder consultas de los defensores en casos complejos y asesorar al Defensor Nacional, entre otras tareas.

Para Pablo Aranda, abogado jefe de la unidad, "contar con estos programas especiales permite prestar una defensa pertinente y con estándares de calidad en los casos relacionados con los tratados internacionales firmados por Chile”.

Lo anterior, por cuanto la defensa general de imputados normalmente no cubre de manera suficiente las necesidades o requerimientos específicos de imputados con alto grado de vulnerabilidad, como son adolescentes,  indígenas, migrantes o personas con problemas de discapacidad mental.

“Para eso se requiere una defensa especializada que, además, trabaje no sólo en el ámbito jurídico, sino también con trabajadores sociales penitenciarios, juveniles, facilitadores interculturales, entre otros”, agregó Aranda.

El abogado estuvo la semana pasada en la región para capacitar a defensores públicos y trabajadores sociales de la Defensoría de Magallanes en temáticas propias de las primeras audiencias, como también en aspectos sustantivos y procesales de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA).

Aranda participó también en reuniones con el seremi de Justicia y Derechos Humanos y con el director regional del Sename. Además, visitó la cárcel de Punta Arenas, donde se entrevistó con mujeres internas en la sección femenina y con un joven de la sección juvenil. También concurrió hasta al Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Río de los Ciervos, para conversar con jóvenes que cumplen internación provisoria o condena en régimen cerrado en ese recinto.

Aranda consideró que los centros de Magallanes no presentan problemas de infraestructura en comparación con otros recintos del país, pero advirtió que “como tienen menor población interna, no hay problemas de hacinamiento, ni violencia, pero ello trae aparejado una desventaja: la falta de programas y talleres para los jóvenes, porque al ser muy pocos no es rentable ni para el Sename ni para Gendarmería tener programas potentes”, comentó.

Agregó que lo anterior debe subsanarse con políticas de reinserción e intervención del Gobierno, Sename y Gendarmería, "aún a costa de que no van ser rentables económicamente", invirtiendo en el futuro de los jóvenes investigados o condenados por la ley penal juvenil.

MEDIACIÓN PENAL JUVENIL
En su visita a la región, el abogado de la Defensoria Nacional pudo asistir a una reunión con representantes del Sename en que analizaron temas de mediación penal juvenil.

Se trata de una forma alternativa y voluntaria de resolución de conflictos que involucra la participación de la víctima y que está contemplada en el proyecto que busca modificar la ley penal juvenil y crear el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil que reemplazará al Sename.

“Me parece que al estar trabajando en la reinserción penal juvenil, Magallanes se está adelantando a lo que va a ser la modificación legal, que vendrá en un par de años. Eso favorece tanto a los jóvenes -porque van a poder solucionar su conflicto con la ley sin necesidad de llegar una condena- como a la víctima, pero también al sistema, porque van a estar mejor preparados cuando se apliquen las nuevas modificaciones a la ley penal adolescente”, explicó el abogado.

En los dos últimos meses, el jefe de la UDPE participó en las comisiones del Congreso que analizan estas modificaciones. Respecto de ello, mencionó que “el nuevo servicio que se creará tiene un enfoque con marcado carácter de reinserción más que de castigo. También pasa incluso con adultos. El gobierno estaría apostando a la modificación de las legislaciones y a la creación de nuevos proyectos que favorezcan la reinserción social”, señaló.

Según Aranda, hoy se vive una verdadera paradoja, porque “se busca reinsertar a un adolescente sacándolo de la sociedad y aislándolo, pero se dan casos como el de Magallanes, donde hay muy pocos internos, que ni siquiera tienen la posibilidad de interactuar con más jóvenes”. 

El experto explicó que ello es contraproducente, porque resulta difícil reinsertar a los jóvenes cuando están excluidos de la sociedad y con muy poco contacto e interacción con otros de su edad. Agregó que ello no quiere decir que las cárceles tengan que ser abolidas, sino que estos recintos están y deben estar para delitos graves, violentos, hechos de sangre y crímenes.

"El problema es que se suelen utilizar en algunos casos para delitos que no tienen un mayor impacto o para jóvenes que son primerizos y que, probablemente, la pena que van a recibir no sea privativa de libertad. Entonces, pasan por el Sename en internación provisoria tres o cuatro meses y salen a cumplir su sanción en forma ambulatoria, pero perdiendo con ello el año escolar”, explicó el directivo. 

LOS DESAFÍOS
Entre los desafíos de la unidad que dirige, Aranca mencionó que actualmente entregan un 85 por ciento de cobertura especializada para adolescentes, mientras que la defensa de indígenas y de personas condenadas privadas de libertad se acerca a dicho porcentaje.

Agregó que para este año se espera concretar el modelo de defensa de inimputables por enajenación mental y la creación  de oficinas para defensa de migrantes en seis regiones del país. “Los manuales de atenciones mínimas de defensa especializadas ya están y solo falta el de salud mental, que va a estar listo pronto para la firma del Defensor Nacional", concluyó Aranda.

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