Sala de Prensa

08/07/2008

Defensoría Regional de La Araucanía rindió Cuenta de Gestión realizada durante el año 2007

La Araucanía sigue siendo una escuela formadora de defensores

Satisfecho por la labor realizada, y acuñando el término que su repartición "sigue siendo una escuela formadora de defensores", se manifestó el Defensor Regional de La Araucanía, José Martínez Ríos, tras rendir cuenta de la gestión correspondiente al periodo 2007 en la región.

Martínez Ríos destacó en su intervención el hecho de que varios defensores, tras adquirir experiencia y conocimiento en La Araucanía, emigraran hacia otras regiones para ejercer y colaborar en otras defensorías, o en instituciones vinculadas a esta área, como el Poder Judicial y el Ministerio Público.

En la oportunidad, José Martínez reflejó en cifras la gestión realizada por su repartición, en torno a la labor de prestar defensa penal de calidad a los imputados o acusados por crimen, simple delito o falta que por cualquier razón carecieran de abogado.

Durante su intervención, el personero explicó que durante el 2007 el organismo atendió a un total de 13 mil 531 personas, aumentando el servicio en un 16,5%, en comparación al año anterior.

En esta tarea participaron 34 defensores, de los cuales ocho son defensores institucionales; una defensora especializada en defensa juvenil y 25 defensores licitados.

El máximo representante de esta repartición en la región detalló que 5.018 personas atendidas por la defensoría tuvieron una salida alternativa, de las cuales 805 fueron acuerdos reparatorios (16%) y 4 mil 213 por suspensión condicional (84%).

En cuanto a los juicios orales, a nivel regional se atendieron a 380 personas, cuyos casos fueron resueltos en juicio oral. De éstas, 99 personas recibieron una condena igual o mayor a la solicitada  por el Ministerio Público (26%), mientras que 225 personas recibieron una condena menor a la solicitada por el Ministerio Público (59%).

Por otra parte, respecto de 56 personas, los tribunales determinaron su inocencia, absolviéndoles de los cargos por los que habían sido acusados, lo que equivale a un 15%.

En el marco de las medidas cautelares, durante el 2007, 6 mil 528 personas que fueron atendidas por la Defensoría Penal Pública se vieron afectadas por alguna medida cautelar, lo que representa un 48% del total ingresado, siendo la media nacional un 27,7%. De éstas a  mil 798 se le aplicó prisión preventiva, lo que corresponde un 13%, siendo la media a nivel nacional un 15%6.

El defensor regional calificó además como relevante los tipos de delitos investigados en el 2007, los que ascendieron a 16 mil 316, siendo los de mayor frecuencia las imputaciones por los delitos de lesiones, hurtos, amenazas y delitos de la ley de tránsito, fundamentalmente la conducción de vehículos en estado de ebriedad, que concentran más del 41,2% de la imputaciones que le fueron formuladas a los defendidos en este periodo.

De igual modo, resulta significativo el aumento de los delitos de amenazas y de lesiones menos graves, los que se incrementaron en un 136,3% y 102,8%, respectivamente, en relación al año 2006.

Durante su discurso, Martínez Ríos hizo referencia además al proceso de licitaciones de defensa penal, señalando que el 2007 concluyeron los contratos del primer llamado de licitación realizado el 2004, los que tuvieron una duración de 36 meses. En dichos contratos, la región se dividió en 6 zonas por ubicación geográfica y se licitaron un total de 18 mil 432 causas para 16 defensores licitados, con un marco presupuestario de .774.669.824, lo que se proyectaba representarían el 79% de un ingreso estimado de 23 mil 370 causas para el período.

Sin embargo, ocurrió que en el período de ejecución de los contratos de licitación hubo un ingreso efectivo de 31.945 personas representadas por la Defensoría Penal Pública, lo que se tradujo en un incremento de 36,7% respecto del ingreso esperado para ese período.

En este sentido, el gasto efectivo de estos contratos en los tres años fue de .860.101.236, incrementándose el presupuesto inicial en sólo 5%, a pesar del considerable aumento en la demanda proyectada para este proceso de licitación.

De esta forma –explicó el defensor- comenzaron  a operar los nuevos contratos producto de los llamados segundo y tercero, dividiéndose en esta ocasión la región en 7 zonas y con una duración de 48 meses, sumando un total de 25 defensores licitados y un presupuesto de operación total de .058.438.684.

En esta última convocatoria sólo resultó desierto el llamado en la zona 3, Lautaro – Curacautín para un defensor. Fue decisión de la Defensoría Regional de La Araucanía renunciar temporalmente a efectuar un nuevo llamado para ese defensor, entendiendo que se podía enfrentar esa carencia aplicando medidas de gestión, poniendo esos recursos financieros a disposición de otras regiones que enfrentaban para este año problemas de cobertura más urgentes.

Durante el periodo de vigencia de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la cantidad de adolescentes ingresados desde el 8 de junio al 31 diciembre fue de 1.151, terminándose un total de  996 causas. El número de adolescentes imputados representa un 14,2% del total de ingresos en el periodo, siendo el porcentaje más alto a nivel país, cuyo promedio es del 10,5%

De los adolescentes atendidos, aquellos cuya edad estaba entre los 14 y 15 años representaron el 28% y aquellos cuya edad estaba entre 16 y 17 años, encarnó el 72%.

Aclaró también que en cuanto a la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, se enfrentó una serie de deficiencias, las que en su momento en cumplimiento al  rol de la Defensoría, se actuó en forma oportuna, siendo las más relevantes las ocurridas en el Recinto Cerrado y de Internación Provisoria de Chol Chol, situaciones que fueron  ampliamente difundidas.

José Martínez se refirió de igual forma a la oficina que presta defensa especializada para aquellas personas mapuches, señalando que durante el 2007, un total de 473 personas recibieron atención oportuna.

La autoridad regional destacó que durante el año 2007 y con ocasión a la renovación y extensión de los contratos de licitación, se incorporó una cantidad significativa de nuevos defensores y defensoras a esta repartición, cuya  ejecución presupuestaria en La Araucanía alcanzó al 97,9% del presupuesto total que ascendió a .869.995.879, lo que a nivel nacional, fue del 91,5%.

Al finalizar su discurso el defensor Regional, señaló que es un deber prestar nuestro servicio con eficiencia, esto es enfrentar nuestras crecientes exigencias de demanda utilizando criteriosamente los recursos con los que contamos. Hacer más con menos, puesto que cada vez que no somos eficientes se distraen los escasos recursos con que cuenta en el estado para ser empleados en políticas públicas que van en beneficio de los más carenciados de nuestra sociedad.

Debemos reconocer que mayoritariamente en la Región de La Araucanía sus funcionarios y funcionarias en los más diversos roles están compenetrados con esta lógica, son personas que tienen una alta vocación de servicio público, comprometidos, motivados, con sentido de la eficiencia, enfocados a la realización del objetivo común por sobre el individual, que se desempeña con amabilidad, cortesía, solidaridad y respeto por los demás. Esta actitud nos enorgullece y satisface.

Sin embargo, también debemos reconocer que, aunque en forma excepcional y aislada, nos hemos visto enfrentados a ciertas prácticas abusivas, de aquellas con habitualmente se asocia en forma estigmatizante a los servicio públicos, las que además tienen impacto negativo en la administración de recursos fiscales.

Ciertamente, lo más cómodo y fácil es obviarlas, hacer como que no existiesen, pero en lo personal considero que hacerse cargo de ellas no es una mera cuestión de estilo de dirección, sino que es una cuestión de principios, de ética pública y de responsabilidad en rol que nos corresponde desempeñar, puesto que, por una parte, en la medida que esas practicas se asientan en un servicio tienen vocación de permanencia, y además la experiencia indica que son el inicio de otras practicas de creciente degradación, cuyas consecuencias la sufren los usuarios, el resto de los funcionarios y el erario nacional.

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