Sala de Prensa

28/11/2019

Luis Soto fue entrevistado en los estudios de la radio de la Universidad Austral de Chile (UACH) en Valdivia

Defensor Regional de Los Ríos: “Debemos aumentar los estándares para privar de libertad a una persona”

El directivo conversó con el periodista Miguel Millar, director de la emisora, sobre los alcances del "Proyecto Inocentes" y la necesidad de mantener en vigor los principios de la reforma procesal penal, según los cuales la prisión preventiva es la última y no la primera alternativa como medida cautelar.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
periodista Defensoría Regional de Los Ríos.

El Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto, visitó los estudios de la Radio Universidad Austral de Chile (UACH), en Valdivia, donde conversó sobre los alcances del "Proyecto Inocentes" con el periodista Miguel Millar, director de la emisora.

Soto explico que esta iniciativa se inspiró en el Innocence Project (Proyecto Inocencia) de Estados Unidos y que busca reparar la honra y nombre personas inocentes que han sido injustamente imputadas de delitos que no cometieron y que han debido pasar diversos períodos de privación de libertad hasta demostrar su inocencia.

"El proyecto también busca mejorar el funcionamiento de nuestro sistema penal mediante la detección de errores tales como la identificación errónea, la declaración falsa, la falsa confesión, el error pericial o ciencia limitada, la mala conducta de agentes del Estado y la mala conducta del defensor", agregó.

Según el abogado, en el caso del proyecto estadounidense se ha logrado que luego de largas condenas basadas, por ejemplo, en estigmas raciales, muchas personas han sido declaradas inocentes.

"Hablamos por ejemplo de personas latinas o afrodescendientes que, cumpliendo condena por delitos sexuales, a partir de residuos orgánicos que se guardaron en su oportunidad y que fueron cotejados con exámenes de ADN, se demostró  su inocencia. En Chile no existe la obligatoriedad de conservar muestras orgánicas, para que conforme avance la ciencia pueda eventualmente desvirtuarse una condena, que por cierto impacta a toda una familia. Es por eso que subir los estándares de condena y la reparación en el tiempo es de la mayor relevancia".

SUBIR ESTÁNDARES
-¿A qué se refiere con estándares en el sistema penal?
-Como en muchas áreas queremos igualarnos con países de la OCDE, en el caso de los temas penales es necesario nivelar la exigencia mínima, que impida la conculcación de libertad de una persona por una imputación sin fundamento. Los estándares deben ser del mayor rigor, porque está en riesgo la libertad ambulatoria de una persona, a lo que se suma el riesgo de una estadía en la cárcel. La sociedad chilena es una de las más seguras de Latinoamérica, pero no ocurre lo mismo al interior de nuestras cárceles, que  están entre las más peligrosas de América Latina. Por ende, enviar ahí a un inocente es de la mayor gravedad.
En la práctica se da un contrasentido, porque lo lógico sería pensar que lo más duro ocurre tras una sentencia condenatoria a pena efectiva de cárcel tras un juicio oral. No obstante, en Chile el momento más duro es el proceso de investigación, donde la persona es  privada de libertad y cuando llega la sentencia,  es absuelta o condenada con penas sustitutivas. Del total de prisiones preventivas decretadas al año pasado, la mitad concluyó con pena sustitutiva.
Pero todavía hay algo más duro: más de 3 mil 500 personas que estuvieron en prisión preventiva terminaron absueltas tras un juicio oral, lo que no habla de casos puntuales de error, sino de un mecanismo en que al parecer primero se encarcela y luego se discute la responsabilidad. Hay que exigir un estándar altísimo para privar de libertad a alguien.

-Las cifras son impresionantes ¿De cuántas personas incorporadas al "Proyecto Inocentes" estamos hablando?
-Casi 70 casos y alrededor de 90 personas forman parte del proyecto. Son casos que fueron evaluados por un comité editorial integrado por gente de la Defesaría y consejeros externos. En el caso de los tres mil 500 privados de libertad y luego absueltos, no necesariamente forman parte del "Proyecto Inocentes", pero sí dan cuenta de la utilización de una herramienta procesal como una forma de condena anticipada.
La pregunta es qué ocurrió para que estos casos pasaran los filtros de un tribunal de garantía, de las audiencias de revisión de medidas cautelares, de la Corte de Apelaciones respectiva, para que se mantuviera la prisión preventiva y la persona recuperara al fin su libertad llegando el juicio.
Existen otras medidas cautelares proporcionales a la imputación y a los antecedentes de la formalización de un delito, pero pareciera que nos hemos ido quedando con la justicia penal pre reforma, donde no había un catálogo más amplio de medidas que aseguraran los fines del procedimiento y todas las personas quedaban presas al menos por quince días. La gente debe entender que aun si hay medidas cautelares menos graves -como arraigo o arrestos domiciliarios parciales o totales, la causa no ha terminado. Las medidas deben ser acordes y proporcionales.

CAUSALES DE ERROR
-Las causas de errores son por ejemplo identificación errónea, la falsa confesión como un interés de causar deliberadamente daño a alguien y ser capaz de engañar al Estado para lograrlo ¿Cuáles son las malas conductas de agentes del Estado?
-Una puede ser el llamado 'efecto túnel', es decir centrarse en una o más personas como responsables, desvirtuando otras líneas de investigación que pudieran desacreditar la participación o atenuarla. Esto puede llevar a errores al Ministerio Público, quien recibirá una investigación con eventuales declaraciones sesgadas o presionadas hacia una determinada dirección.
Por ejemplo, el caso de un robo con intimidación, donde la policía detiene a alguien y lo exhibe ante la víctima abriendo la puerta del calabozo móvil, saltándose todo el protocolo, que implica una descripción previa de la víctima y la exhibición de unas cuatro personas de características similares. Esa mala práctica lleva al error al fiscal, quien pedirá la prisión preventiva por un reconocimiento mal hecho y alegará peligro para la sociedad. Entonces la medida se concederá y luego se acreditará durante el proceso que la persona nunca estuvo ahí.

-A propósito de las movilizaciones sociales que suceden hoy Chile ¿Cómo lo viven ustedes en Los Ríos?
-Como Defensoría debemos prestar defensa penal a quien lo necesite, en tanto es una garantía del Estado. Por ello, a nivel país hemos representado tanto a civiles como a uniformados y lo mismo opera para esta región: si se presentaran militares o funcionarios de Carabineros imputados de algún delito, debemos prestar esa colaboración, aun cuando a la fecha no hay funcionarios uniformados imputados en Los Ríos.
Otra situación es la actuación de la policía y hemos escuchado a las más altas autoridades, desde el Presidente de la República y los distintos ministros, plantear que todas las situaciones que impliquen la comisión de un delito, la vulneración de derechos o incluso la violación de derechos humanos deben ser investigadas y esclarecerse todos los elementos. Lo más duro es que tenemos a más de 270 personas lesionadas gravemente en sus globos oculares y casos con pérdida de uno de ellos o ambos. El drama es que una persona salió a expresar su opinión y terminó con un ojo menos, pero eso está siendo investigado y tendrá que llegar a algún puerto que, esperemos, sea el mejor para el país.

CONTINGENCIA SOCIAL
-¿Y respecto de imputaciones vinculadas a este contexto social?
-Con números de la semana pasada, han sido detenidas más de 450 personas y más de 36 personas de la región estarían privadas de libertad por hechos asociados a los desórdenes públicos. Sobre la llamada “Ley anti saqueo”, que implica que se agravaría el robo en lugar no habitado en contexto de manifestaciones, es importante aclarar que eso ya está estipulado en el Código Penal. La novedad sería que personas condenadas por esto no gozarían de penas sustitutivas o deberían postular a libertad condicional cumpliendo dos tercios de la pena y no la mitad como actualmente. Pero toda ley se aplica a futuro y no es retroactiva.
Vinculando esta contingencia, la semana pasada se formalizó a varias personas por un incendio en Copeuch, en el centro de Valdivia, y el tribunal de garantía rechazó la prisión preventiva. Entiendo que la Fiscalía recurrirá de apelación, pero los medios de prueba, según me explicó el defensor del caso, eran bástate débiles. Efectivamente, el que aparezca una persona fotografiada fuera de un local antes de lo hechos no necesariamente significa que ingresó y cometió el delito.
Qué pasa si la Corte revoca la decisión de primera instancia y las personas se van a  prisión preventiva y luego se acredita que no estuvieron ahí? Ese es el propósito del "Proyecto Inocentes", subir los estándares para privar de libertad a cualquier ciudadano o ciudadana.

-Además del caso de Copeuch, ¿hay otros episodios que pueda referirnos y cómo los están enfrentando?
-Hay un equipo liderado por la fiscal Tatiana Esquivel y efectivos de la Policía de Investigaciones, que están trabajando  fuertemente para establecer responsabilidades. Eso está bien, porque quien comete delitos debe hacerse responsable, evidentemente. Como defensa lo que pedimos es la pulcritud y peso de antecedentes que sustenten el que se decrete la prisión preventiva.
De lo contrario, se confunden  dos situaciones diametralmente distintas: por un lado, los miles y miles de ciudadanos, solo en la región, que se han manifestado pacíficamente, los cientos de jóvenes que han concurrido a la plaza y que han  marchado. Ayer veíamos la marcha por el fin de la violencia contra la mujer con actos artísticos, etc.. La participación de esas personas no puede verse teñida con otros hechos que han ocurrido y que revisten claramente el carácter de delictuales. Deben ser investigados y sancionados, pero con estándares acordes al estado de derecho democrático en el que queremos vivir.

-Finalmente ¿en qué está el "Proyecto Inocentes"?
-Como la Defensoría no puede demandar al Estado, a través de un convenio con la Fundación Pro Bono se impulsan demandas pecuniarias que buscan reparar económicamente a personas injustamente encarceladas. En Chile no existe legislación al respecto, pero hay dos proyectos más que son igualmente fundamentales: el derecho a restituir el nombre  de esas personas como derecho a la reparación de su honor en redes sociales e internet, acudiendo a la instancia respectiva, y la otra propuesta es abogar por la preservación de la evidencia, que hoy es muy acotada: seis meses en el Ministerio Público y dos años en el Servicio Médico Legal. Creo que estas tres iniciativas, más la revisión de las actuaciones de todos los intervinientes le otorgan total sentido a la existencia del proyecto.

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