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Brechas del sistema de justicia penal

25/05/2020

Columna del Defensor Regional Valparaíso, Claudio Pérez García

Brechas del sistema de justicia penal

En el texto, publicado por El Mercurio de Valparaíso en su edición de ayer, Pérez García plantea que las movilizaciones y la pandemia han demostrado el compromiso de la Defensoría con la promoción y protección de los derechos humanos.

Según el Defensor Regional Claudio Pérez, el uso excesivo de la prisión preventiva ha conllevado una condena anticipada para miles de personas.

Por Claudio Pérez García,
Defensor Regional de Valparaíso.

En su reciente balance de gestión 2019-2020, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, planteó que la población penal, que supera los 42 mil privados de libertad en Chile, sumado al hacinamiento en los recintos carcelarios, hacen que este grupo de personas tengan mayores posibilidades de contagiarse de Covid-19, respecto de una persona que se encuentra en el medio libre.

Lo antes señalado son algunas de las consecuencias del uso excesivo de la prisión preventiva para quienes son imputados por un delito, y que hoy alcanza a niveles cercanos a los de la antigua justicia penal, que hace 20 años fue reemplazada por la reforma procesal penal.

En el 2000, el 48,5 por ciento de los privados de libertad eran personas que esperaban un veredicto. Con la actual justicia penal, que ofrece diversas medidas cautelares, este porcentaje bordeó el 24 por ciento en 2007. Sin embargo, distintas modificaciones al Código Procesal Penal -al menos 29-, sumadas a cerca de 61 iniciativas que han variado los contenidos del Código Penal, han llevado a que hoy el 34,16 por ciento de la población penal sean personas imputadas en prisión preventiva.

A nuestro juicio, estas brechas dan pie a la vulneración de derechos o simplemente se distancian de los objetivos iniciales de esta gran reforma de la justicia chilena.

En reiteradas oportunidades hemos advertido sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, que ha conllevado una condena anticipada para miles de personas, en circunstancias de que al menos un 50 por ciento de estos imputados serán absueltos o condenados con penas no privativas de libertad.

Tanto las movilizaciones sociales como la pandemia de Coronavirus han demostrado el compromiso de la Defensoría con la promoción y protección de los derechos humanos, lo que se ha traducido en la incorporación a sus escritos, recursos y alegatos de los criterios de los tratados internacionales en la materia e instando a los tribunales y demás actores del sistema a que ejerzan cotidianamente el necesario control de convencionalidad con el que deben ponderar cada caso particular.

En esta misión, los defensores se han abocado a la cautela de garantías fundamentales de los grupos más vulnerables a la pandemia, como son los privados de libertad. En abril pasado iniciamos una acción coordinada, simultánea y continua en todo el país, tendiente a presentar recursos ante tribunales para que los privados de libertad pertenecientes a grupos vulnerables -mujeres embarazadas, mujeres con hijos lactantes, personas de la tercera edad y enfermos crónicos- pudieran cambiar la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario total.

También apoyamos la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos plasmada en la Ley N° 21.228 sobre indultos conmutativos a personas condenadas y pertenecientes a grupos de riesgo sanitario.

Revise el texto original en el siguiente enlace:
https://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2020/05/24/full/cuerpo-principal/10/

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