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20 años no es nada…

16/12/2020

Columna de opinión del Defensor Regional del Maule

20 años no es nada…

José Luis Craig reflexiona sobre los avances y pendientes en el sistema de justicia penal, cuando se cumplen 20 años de la reforma procesal penal en Chile.

El Defensor Regional del Maule aborda los alcances de este gran hito para la justicia penal chilena.

Por José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional del Maule.

Hoy, 16 de diciembre, no es cualquier día para Chile en el ámbito de la justicia penal. Hace exactamente 20 años, el Presidente Ricardo Lagos Escobar dio inicio oficial a la más importante modificación del sistema judicial chileno en 150 años de vida republicana.

El mandatario abrió simbólicamente las puertas del Juzgado de Garantía de Vicuña, para luego pasar con el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, a la sala donde se realizarían las audiencias orales. Ahí, Álvarez tomó el mallete (martillo del juez) y golpeó el estrado, como señal de partida de la reforma.

Personalmente, tuve la fortuna de estar en ese acto una mañana calurosa de sábado en la región de Coquimbo, sin saber aún lo trascendente que sería esta reforma para nuestro país. Estaba allí, ya que formé parte de los defensores públicos pioneros de dicha región y de Chile, pues había sido recién nombrado defensor penal público de Combarbalá.

El cambio que comenzamos a vivir en el país, con una entrada en vigencia progresiva del nuevo Código Procesal Penal, implementación que culminaría en 2005 con la incorporación de la Región Metropolitana, fue un verdadero giro 'copernicano'.

La investigación penal se profesionalizó, mediante la creación de un Ministerio Público encargado de ejercer la acción penal. Lo mismo pasó con la administración de los tribunales, cuyos funcionarios debían tener mayor formación académica para atender a los clientes externos e internos.

La defensa penal ya no descansaría en los estudiantes en práctica o en los abogados de turno, sino que, a partir de ese histórico momento, para ser defensor público se requerirían una serie de competencias que serían evaluadas en exigentes concursos de ingreso -con pruebas de litigación incluidas-, o a través de modernos procesos licitatorios.

Por último, los jueces se iban a especializar, dedicándose a controlar la investigación y a fallar algunos casos menos graves -tratándose de los jueces de garantía- y a resolver los delitos más graves en tribunales colegiados, en el caso de los tribunales orales en lo penal.

LOS DESAFÍOS
Veinte años han pasado ya y parece mucho tiempo, pero para la administración de justicia penal aún es poco, comparado con los más de cien años de vigencia que tuvo el sistema anterior.

Por ello, no hay que desconocer que aún hay falencias patentes en nuestro sistema, como son la falta de especialización en materia de adolescentes y ejecución, algunas carencias para investigar y sancionar delitos complejos, la falta absoluta de infraestructura apropiada en los recintos carcelarios -para asegurar reinserción- y de hospitales psiquiátricos que se hagan cargo de las personas con problemas de salud mental que cometan delitos. Y probablemente un largo etcétera se me quede en el tintero.

No es menos cierto que el avance ha sido mayúsculo. Los juicios demoran mucho menos que antes, hay transparencia en el actuar de todos los intervinientes y se profesionalizó la actuación de los mismos. Se entregaron mayores herramientas de gestión para terminar causas con salidas intermedias, que no impliquen necesariamente condena para todos. La detención y la prisión preventiva no son la regla general del proceso y también un largo etcétera.

Y lo anterior es así, ya que en políticas públicas de largo aliento y de gran alcance, 20 años no es nada. Por eso hay que seguir mejorando, poniendo siempre en el centro a los usuarios del sistema penal.

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